Aristegui

Manuel Bartlett

La expulsión de Carmen Aristegui de MVS Radio, dictada por la empresa, ha tenido un enorme impacto negativo a nivel nacional e internacional. Los principales periódicos del mundo publicaron notas responsabilizando a Peña Nieto. En México, cientos de miles de reclamos y exigencias de respeto al contrato de la periodista inundaron las redes en #CarmenSeQueda; #EnDefensaDeAristegui y Change.org. Indignación instantánea de un auditorio ofendido de millones en toda la República. Los medios nacionales exhibieron obvia hipocresía. La salida de Carmen es un indiscutible golpe oficial a la libertad de expresión, es Aristegui el más claro ejemplo de esta libertad. 

Se trata del escalamiento de la dictadura mediática impuesta por Peña Nieto desde el primer día. Televisoras, cadenas de radio, periódicos evitan toda opinión contraria al poder, desinforman aun ante acciones públicas claramente confrontadas con la mayoría de la opinión nacional. En este panorama, Aristegui rompió la barrera del silencio impuesto, cómplice, mendaz y se constituyó por eso en la voz por excelencia de la libertad de expresión. 

Imposible aceptar la calificación de Gobernación de ser un “problema entre particulares”, fue una evidente exigencia de Peña Nieto, acorde a su política de silenciamiento y manipulación. Así lo califica el relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el despido fue forma “sutil” de acallar una voz crítica. MVS lo niega, y afirma: “Obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como posición inamovible, la reinstalación de dos reporteros separados de su cargo, la empresa no acepta ultimátums”. En realidad la empresa montó una celada: se inicia con tres desplegados sorpresivos rechazando una alianza de Aristegui, sin autorización, con la plataforma llamada MéxicoLeaks, siguiendo con el despido de dos de sus colaboradores por “pérdida de confianza”, clara provocación, dado que la responsable era directamente ella. Por eso Aristegui, al llamar al diálogo, exige la reinstalación, lo que la empresa califica de ultimátum y procede a su expulsión. MVS, a manera de tribunal sumario, responde a comentarios de Aristegui, negando haber transgredido la libertad de expresión, y que el tema de la Casa Blanca fue comentado durante semanas por Aristegui sin censura, procediendo a buscar innoblemente desacreditar a la periodista por su supuesta ausencia de autocrítica e incapacidad de reconocer equivocaciones. Y de pasadita afirman, como deslinde ineficaz, que no dependen de la publicidad gubernamental, sólo en un 6%, aunque dependan sus concesiones y ampliaciones deseadas, del poder presidencial, como lo señaló The Economist. 

MVS es concesionaria de un servicio público, con obligación constitucional de información con su auditorio y con sus conductores en los términos de sus contratos; no puede legalmente cancelar los derechos del auditorio, ni contratos celebrados. Tiene obligación de explicar a su auditorio el silenciamiento, explicación que no puede ir más allá de su coartada; tendría que reconocer que obedece exigencias del gobierno. Se mantiene aferrada a argumentos inverosímiles. Frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad de la empresa y del gobierno son nulas. 

El tema no se limita a la Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, la reforma energética o nombramientos aberrantes, el objetivo es eliminar a la periodista más reconocida, no sólo por los temas, sino por el talento y la capacidad con la que despliega sus investigaciones, su habilidad para desentrañar problemas, interrogar, ir al fondo; había que sacar del aire a quien sacude con sus verdades. MVS hace la labor sucia de Peña de liquidar a esta personalidad que irrita y exhibe corrupciones del poder, ocultando el propósito. Sabiendo Peña el costo de liquidar a Carmen, lo hace, encaminado a las elecciones. En su indetenible pérdida de autoridad, el gobierno no podrá silenciar a México.

Senador de la República