Anabel Hernández
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el
Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar
que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid
por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.
Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique
Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor
conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso
Monex.
El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era
director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del
Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el
banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por
adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra
del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de
2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.
Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña
presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía
Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora
estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República,
Sedesol, Fonatur y Banobras.
Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga,
en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato
oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.
En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado
“Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados
fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de
Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados
externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en
2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene
dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma
parte de GAP.
Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal
paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la
misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se
canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía
monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.
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