Atentado a la libertad de expresión; gobierno estaría implicado
Organizaciones
civiles exhortaron al relator para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que
solicite al Estado mexicano información sobre las posibles injerencias
del gobierno federal en el cierre del noticiario radiofónico que
encabezaba la periodista Carmen Aristegui.
En una carta, las agrupaciones dijeron que si bien parece ser un
conflicto entre particulares, pidieron al relator solicite al Estado
mexicano información sobre las acciones que realiza para resolver el
conflicto entre la periodista, despedida el pasado 16 de marzo, y la
emisora MVS Radio.
En la misiva, firmada por la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el
Centro de Comunicación Social (Cencos), y Comunicación e Información de
la Mujer (CIMAC), entre otras organizaciones, se advirtió que la
libertad de expresión y el acceso a la información son asuntos públicos.
Es por ello que aseguraron que las autoridades mexicanas están
obligadas a tomar medidas, para evitar una afectación mayor tanto a las
y los periodistas como al público radioescucha del programa “Primera
Emisión”.
Las agrupaciones afirmaron que el despido de Aristegui es un atentado a
la libertad de expresión en contra de las y los periodistas, y
constituye un obstáculo al derecho de las audiencias de recibir
información, opiniones e ideas de todo tipo, que deben ser garantizadas
en toda sociedad democrática.
En su escrito, también citaron el anterior diferendo entre la
periodista y MVS, cuando el 7 de febrero de 2011 rescindió el contrato
de Aristegui por dar cobertura a un supuesto problema de alcoholismo de
Felipe Calderón, hecho que calificaron como un “acto de censura”.
En 2012 se comprobó que el verdadero interés para cerrar el programa de
Aristegui estaba ligado con las negociaciones entre MVS y el gobierno
federal, como parte de la reforma legislativa en telecomunicaciones y
radiodifusión, como lo reconoció en su momento el director de la
empresa.
De acuerdo con las agrupaciones, en este conflicto se afecta la
libertad de expresión en la dimensión individual, porque se menoscaba
el derecho del equipo de “Primera Emisión” a externar ideas e
información; mientras que en la dimensión social se cerró un espacio
informativo en el que la sociedad podía difundir sus propias ideas.
Ante todo ello, y considerando que el despido de Aristegui estuvo
vinculado con su participación en la plataforma Mexicoleaks (sobre
filtraciones ciudadanas por internet), las organizaciones pidieron al
relator Edison Lanza que esté pendiente sobre esta situación y el
desarrollo de las investigaciones correspondientes.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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