Activistas
de Greenpeace protestan en 2014 en el río Santiago, en el occidental
estado mexicano de Jalisco, en contra de la contaminación industrial de
los afluentes. Crédito: Cortesía de Greenpeace
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Laura Romero solo recibe agua durante algunas horas al día y por lo
menos una vez a la semana se queda sin el recurso, por lo que se ve
obligada a almacenarla en bidones como el resto de sus vecinos de un
barrio del norte de la capital de México.
“Cuando no hay agua, nos envían camiones de reparto. Insistimos en
que reparen la infraestructura, porque hay fugas, pero nos dicen que
primero tienen que hacer un anteproyecto” para calcular costos, denunció
a IPS esta integrante del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa
de Azcapotzalco, su barrio.
El Frente gestiona dinero público para construir viviendas populares a
bajo costo y condiciones preferenciales en este barrio de clase media.
En diciembre concluyó un lote de ellas, a las que el gubernamental Sistema de Aguas de Ciudad de México se niega a darle servicio y temen que suceda lo mismo con otro proyecto que comenzaron a edificar.
“El gobierno nos dice que cada persona debe pagar 8.000 pesos (unos 350 dólares) por la conexión”, cuestionó Romero.
En contraste, en la zona operan al menos seis centros comerciales y
un centro de espectáculos que cuentan permanentemente con agua.
Problemas de abastecimiento y de calidad, contaminación,
acaparamiento y sobreexplotación rodean al recurso en este país
latinoamericano de 118 millones de habitantes, cuando el domingo 22 se
celebra el Día Mundial del Agua, dedicado este año a la vinculación esencial entre el líquido y el desarrollo sostenible.
En México el recurso se considera un bien público y nacional, del que es responsable la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y lo administran el gobierno central, los estados y los
municipios, que pueden entregar concesiones para su distribución y
manejo, incluyendo entregas a los sectores industrial y agropecuario.
Hasta ahora, los problemas en el país con el agua no mejoraron
después que en 2012 una reforma de la Constitución calificó el recurso
como un derecho humano.
“Hay cuerpos de agua contaminados, hay comunidades con problemas de
abastecimiento”, indicó Omar Arellano, coordinador del grupo de
Ecotoxicología del Programa Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Entre las causas, dijo a IPS el también académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México,
está el hecho de que “en los últimos años ha habido una gestión de
transvases que pone en riesgo a poblaciones y altera los ciclos
hídricos”.
Arellano es uno de los autores del informe de 2012 “La contaminación en la cuenca del río Santiago y la salud pública en la región”, en el que hallaron que 280 empresas descargan sustancias tóxicas en sus aguas.
Asimismo, ese caudal, situado en el occidental estado de Jalisco,
alberga 1.090 contaminantes peligrosas, un riesgo para el ambiente y la
salud de unas 700.000 personas, que habitan en su ribera. La situación
con esa cuenca es un ejemplo delo que sucede en otras partes de la
geografía mexicana.
Empleados
del estatal Organismo Agua y Saneamiento de la ciudad de Toluca, en el
estado de México, vecino a la capital, realizan tareas de mantenimiento
en una plata de agua. Crédito: Cortesía de Organismo Agua y Saneamiento
de Toluca
Agua hay, pero no para todos
El Programa Nacional Hídrico
(PNH) 2014-2018 indica que la disponibilidad natural media de agua en
México cayó de 18.035 metros cúbicos anuales por habitante en 1950 a
3.982 en 2013.
Pese a su caída, la disponibilidad no es un problema, según los
parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que
un país con menos de 1.000 metros cúbicos anuales por habitante tiene
escasez y aquel con un rango entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por
persona soporta dificultades hídricas.
En términos absolutos, México tiene una disponibilidad anual media de
471.000 metros cúbicos, según el Atlas 2013 de Conagua, sumando las
aguas superficiales y subterráneas y la importación de agua desde el
vecino Estados Unidos por tratados bilaterales.
Pero casi 14 millones de personas carecen del recurso en sus viviendas.
Los estados donde este problema es mayor son el sudoriental Veracruz,
el suroccidental Guerrero y el central México, contiguo a la capital
mexicana.
Además, en el país existen 34 millones de personas que dependen de
acuíferos en proceso de agotamiento para aprovisionarse del recurso.
El PNH reconoce que los grupos étnicos minoritarios y las mujeres,
principalmente del medio rural y las zonas periurbanas, son quienes más
padecen la carencia de agua potable y saneamiento.
Claudia Campero, representante para América Latina del no gubernamental y canadiense Proyecto Planeta Azul
, dijo a IPS que la reforma constitucional “es la oportunidad de
cambiar de paradigma, queremos una visión sustentable del agua”.
México debió modificar antes de febrero de 2013 la Ley General de
Aguas de 1992, para adaptarla a la reforma constitucional de 2012, pero
ello no ha sucedido todavía.
En tanto, la disputa por el recurso entre usuarios, comunidades y
organizaciones y el gobierno y los intereses privados se ha agudizado
por dos iniciativas de ley que se contraponen.
El 9 de febrero una coalición de organizaciones y académicos presentó
su propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, que garantiza el
líquido para el consumo humano, las actividades económicas, la
retroalimentación de los sistemas, el manejo local a nivel de cuenca y
la creación de un fondo especial.
Antes, en marzo de 2014, la Conagua envió al Congreso legislativo un
proyecto de ley, pero su texto recibió un masivo repudio, lo que llevó a
los parlamentarios a sacar el texto de su agenda el 9 de este mes.
Privatización de facto
Organizaciones y académicos vetaron la iniciativa por considerar que
privatiza el servicio, le otorga un cariz mercantil al recurso, prohíbe
la investigación sobre su calidad y contaminación, favorece el
transvase de ríos y la construcción de obras como represas.
“Se corre el riesgo de aumentar la desigualdad. Necesitamos una gestión integral del agua”, planteó Arellano.
La privatización de hecho del servicio ha avanzado lentamente en México por diferentes caminos.
En la ciudad de Saltillo, al norte de Ciudad de México, y
Aguascalientes, en el centro del país, la administración del recurso
está en manos particulares. En la capital mexicana operan cuatro
concesiones privadas para la medición y cobro del servicio.
Además, empresas de cerveza, lácteos, embotelladoras de agua,
fabricantes de aguas gaseosas, mineras y hasta fondos de inversión han
obtenido concesiones de fuentes hídricas, como lo atestiguan
investigaciones de varios académicos.
La red Agua para Todos, compuesta por más de 400 investigadores y 30 organizaciones no gubernamentales, ha creado un mapa de conflictos hídricos por deforestación, sobreexplotación, contaminación y otras causales.
En 2013, el volumen entregado en concesión para la extracción con
fines agrícolas e industriales rebasó los 82.000 millones de metros
cúbicos, de los cuales casi 51.000 millones son fuentes superficiales y
31.000 millones de acuíferos.
“Hay falta de transparencia de empresas que se han beneficiado de la
privatización. No es necesario llegar 20 años después para ver sus
efectos”, recalcó Campero.
México es un país altamente vulnerable al cambio climático con
variaciones de temperatura y precipitación fluvial, por lo cual se
vaticina que en 2030 puede padecer efectos sobre la disponibilidad de
agua superficial y subterránea.
En 15 años más, se estima que la demanda supere 91.000 millones de
metros cúbicos y la oferta sea de 68.000 millones, en brecha para la
cual aún no se visualizan soluciones innovadoras.
“Queremos agua, no es justo que el Estado nos niegue su acceso”,
demanda ahora Romero desde el barrio capitalino de Azcapotzalco.
Editado por Estrella Gutiérrez
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