“Toda esa violencia que mi hija vivió, la denuncié y ni siquiera como antecedente lo tomaron en cuenta; denuncié que él era el asesino de mi hija, y no quisieron escribirlo así”, comentó la madre de Mariana Lima Buendía.
Mamá de Mariana Lima. (Foto: Archivo)
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reabrió el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía -el 28 de junio de 2010, en Chimalhuacán, Estado de México-, quien según sus familiares fue asesinada por su esposo, un policía judicial.
El caso se había cerrado en el Edomex, cuando él declaró que Mariana se había suicidado.
Pero el miércoles, la Corte reconoció omisiones e irregularidades “muy
graves”, pero además hay un actuar doloso, deliberado de funcionarios
públicos para obstruir la justicia y encubrir al agresor, señaló el
abogado Rodolfo Domínguez.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que “lo primero que
debe de pasar es investigar y responsabilizar a las personas que
actuaron de forma omisa, se les debe sancionar, es un mínimo de
reparación del daño”.
“A partir de ahí se tiene que garantizar una investigación conforme
a los estándares que marca la Suprema Corte , pero con personal que
acredite su experticia, su capacidad en la materia, también su
sensibilidad y capacidad en materia de violencia y perspectiva de
género, es lo que va a permitir recomponer la investigación”, aseveró.
Aclaró que “hay toda una serie de pruebas que todavía se pueden y deben realizarse” y que “la Procuraduría (del Estado de México) tiene un reto, se ha evidenciado un actuar que es terrible”.
Al presunto asesino, Julio César Hernández Ballina,
quien es comandante de la policía ministerial de Chimalhuacán, “lo
tienen que cesar de su cargo, temporalmente, mientras se realizan
investigaciones “, indicó el abogado.
Señaló que “estamos ante una resolución histórica y trascendente” y
citó a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien dijo que la resolución
es “de mayor trascendencia, porque penaliza la cultura de la violencia
en contra de las mujeres y pone de manifiesto la necesidad y urgencia
de modificar los patrones que vulneran y violentan a los derechos de
las mujeres”.
Por lo que “reconoce la gravedad de una problemática y sienta los criterios que deben seguir las autoridades”.
Explicó que “es trascendente, no sólo permite que el caso de Mariana
no quede en la impunidad, sino que coadyuva a la lucha que están dando
tantas familias, tantas víctimas de violencia feminicida, para conocer
la verdad y acceder a la justicia”.
“Se sienta un precedente, la primera determinación que puede generar
jurisprudencia y volverse obligatoria para todo el Poder Judicial y
que esto obligue a que las investigaciones se realicen a la debida
diligencia y con perspectiva de género, como mandata el más amplio
estándar cuando se trata de una muerte violenta de mujer”, enmarcó.
“Las autoridades se burlan, revictimizan”
Por su parte la madre de Mariana, Irinea Buendía, comentó que
“las cosas han sido muy difíciles, lamentablemente, cuando llegamos a
denunciar al Ministerio Público de Chimalhuacán, las autoridades nunca
creen”.
“Inclusive se burlan, revictimizan, aunque sean mujeres no hay empatía, no se sensibilizan”, acusó.
Recordó que su lucha “ha sido un peregrinar, han pasado 20
ministerios públicos leyendo el caso, la averiguación previa. Han
pasado tres fiscales, cuatro subprocuradoras de feminicidios, tres
procuradores, dos gobernadores y hasta ahorita el caso sigue en la
impunidad”.
Dijo que ella denunció “el contexto de violencia ante el Ministerio
Público, que mi hija vivió a manos de Julio Cesar Hernández Ballinas,
le puso la primer golpiza y le dijo que le iba a dar un solo golpe con
un bat que tenía recargado en la pared y le iba a dar uno nada más en
la cabeza y la iba a meter a la cisterna”.
“Toda esa violencia que mi hija vivió la denuncié y ni siquiera como
antecedente lo tomaron en cuenta, denuncié que él era el asesino de mi
hija, y no quisieron escribirlo así”, comentó.
Además, recordó que Hernández Ballinas, “es un servidor público,
era agente ministerial y ahora es comandante de la policía ministerial
de Chimalhuacán”.
También señaló que el día que su hija murió, “llegué al lugar de los
hechos y en ningún momento la encontré colgada, como él me había dicho
que estaba”
Las autoridades “no tomaron en cuenta su declaración de que él la había bajado, la había movido, que la acostó y le dio masaje”.
En diez minutos “terminaron la inspección ocular, se llevaron el
cuerpo de mi hija, perdieron todo lo que podía servir como prueba,
todos los elementos probatorios”, subrayó la madre.
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