“...una
sociedad que trata a los trabajadores y los migrantes como objetos, es
una sociedad enferma”. Consigna de una manifestación pro-migrantes.
Frente al desdén, la movilización
La génesis de la protesta
Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos, fueron una
etapa de una lucha que, como antecedentes, tuvo dos hechos previos.
(a) Por un lado y en relación a una situación de abuso estructural, las
condiciones de explotación laboral que por años han sufrido los
jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos
jornaleros provienen del sur del país (especialmente de Oaxaca) y son
indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en
busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor remunerados;
las empresas y ranchos agrícolas se aprovechaban y a la fecha abusan de
la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos
jornaleros para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que
por ley les corresponden. Como señaló Luis Hernández, los propietarios
de estos ranchos y empresas tratan a estos trabajadores agrícolas como
mano de obra barata y desechable (La Jornada, 24/03/2014). A decir de
los jornaleros organizados, hay una docena de empresas agrícolas
principalmente nacionales y pero también extranjeras que se distinguen
por su falta de respecto constante y profundo a los derechos humanos y
laborales elementales de los trabajadores agrícolas (Proceso No 2003);
y de estas empresas, especialmente dos, Santa María de los Pinos (con
las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y
Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos con el
gobierno estatal (los propietarios de ambas empresas han desempeñado
y/o detentan altos cargos públicos de nivel estatal relacionados con la
producción agropecuaria) (Proceso No 2003).
(b) Por otra
parte y como antecedente previo, el ineficaz proceso de negociación y
las dos fallidas mesas de diálogo (15 de octubre de 2014 y 22 de enero
de 2015), donde las exigencias de decenas de miles de jornaleros no
fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal (que no envío
a la Secretaria de Trabajo de Baja California a los encuentros
acordados), ni por los sectores patronal y los grupos sindicales
oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia (Proceso No
2003). En este tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y voluntad
política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar
seguimiento, atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de
jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén por
con estos trabajadores agrícolas. Este no es un caso nuevo ni aislado
de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y
campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y
estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de
abuso social como las recientes denuncias de explotación laboral de
doscientos tarahumaras en Baja California y de cuarenta nueve
jornaleros en Colima.
Las exigencias y demandas de los jornaleros, reflejo de la ley como letra muerta
En tanto sujetos con capacidad de organización y resistencia social,
los jornaleros delinearon sus acciones en torno, tanto al
reconocimiento y repudio de una condición de aguda opresión que viven
en carne propia, como a la demanda de un pliego petitorio muy puntal
con miras a conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus
exigencias son las siguientes: aumento del salario por jornal (300
pesos por día); reducción de la jornada laboral a lo estipulado
conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los
jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de las
prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones y el derecho
a un día de descanso a la semana; que las horas de trabajo extras sean
voluntarias y remuneradas de manera adicional y de acuerdo a lo
estipulado en la ley; el respeto y ejercicio de los derechos de las
madres trabajadoras; y el cese absoluto e indagación del acoso sexual
que sufren las mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas (Proceso No
2003) (La Jornada, 21/03/2015) .
Dicho pliego petitorio
refleja y denuncia dos dinámicas de marginación y exclusión
socio-económica que de manera simultánea y en diferentes ámbitos sufren
permanente ciertos sectores de las población (indígenas, campesinos,
migrantes). (A) Primero, los procesos de explotación a que son
sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las empresas,
que van desde el excesivo número de horas trabajadas y la nimia
remuneración económica que reciben por su trabajo, hasta la ausencia de
contrato laboral, condiciones de trabajo seguras, prestaciones y
derechos a la seguridad social, pasando por las vejaciones y las
agresiones sexual en el caso de las mujeres. (B) Segundo, que la ley
laboral, que normativa y supuestamente debería de regir y regular los
contratos entre empleado y empleador a fin de defender los derechos de
todos los trabajadores (especialmente de los más desprotegidos y
vulnerables), es letra muerta y un promesa incumplida. En este tenor,
el Estado, al no hacer valer y ejercer la ley laboral, incumple con una
de sus obligaciones fundamentales para con sus ciudadanos: tener acceso
a un trabajo justo, seguro y bien remunerado, que le permita tener una
vida digna.
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