El peligro en la Corte

 Lydia Cacho 

Plan B*

Hay una fuerte corriente de la sociedad civil que pretende rescatar a las instituciones, incluso a veces de sí mismas y de algunos que las conforman, que con su mera presencia aseguran mantenerlas anquilosadas, ineficientes y plagadas de tráfico de influencias.

 

Sería ridículo afirmar que no existen funcionarias y funcionarios públicos honestos en el Poder Judicial, sin duda hay, pero por desgracia no siempre son quienes tienen la mayor fuerza y contrapeso en sus determinaciones judiciales y sentencias.

 

La oscura mano de los operadores políticos es un lastre monumental que impide que la justicia llegue en términos de la ley y la verdad objetiva.

 

Es difícil demostrar que un juez se ha corrompido, o que defiende intereses inconfesables de políticos o criminales; sin embargo en ciertas ocasiones tenemos claras radiografías de aquellos que, por su paso en las instituciones de administración e impartición de justicia, demostraron ser dañinos para el Estado y las víctimas.

 

Durante su carrera en la Suprema Corte, el ahora ministro presidente, Juan Silva Meza, ha demostrado una clara visión progresista en pro de la integración de los Derechos Humanos en la jurisprudencia mexicana, sin embargo no lo tiene fácil.

 

La nueva entrada de Eduardo Medina Mora en la Corte es una clara muestra de cómo la Presidencia de la República está dispuesta a debilitar a esa institución, con tal de tener a un mayor número de jueces supremos a favor de las muy opacas causas que ha protegido y protege el PRI para mantenerse en el poder.

 

Baste una anécdota para ilustrar la postura de Medina Mora respecto a los derechos de las mujeres, las niñas y los niños violentados.

 

En 2007 Medina Mora era procurador general de la República, sus cinco años en el espía Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) le permitieron tener a mano información privilegiada sobre el funcionamiento y alcance de redes de pornografía infantil y trata de personas que operaban en México.

 

Meses antes fui arrestada con artimañas político-judiciales del ex gobernador de Puebla Mario Marín y sus cómplices políticos y empresariales.

 

Mi arresto, tortura, años de juicios fabricados en mi contra y la persecución y amenazas tenían como finalidad forzarme a negar la veracidad de mis investigaciones sobre redes criminales en la que estaban involucrados, de diversas formas, políticos de alto nivel.

 

En esa época fui requerida por la PGR en diversas ocasiones; en una de ellas Medina Mora me citó en audiencia privada, llegué con mi abogado.

 

En la sala de su despacho amablemente me preguntó qué era lo que en realidad yo buscaba con la denuncia penal que había interpuesto en contra de los tratantes, de mis torturadores y de los políticos implicados.

 

Justicia, respondí sorprendida. Sí, pero ¿por qué hace todo esto?, preguntó; porque soy periodista, entrevisté a niñas y niños víctimas, a testigos y especialistas, conseguí videos probatorios de la producción de pornografía infantil, de los vínculos políticos y lavado de dinero, todo está en el expediente.

 

Medina insistió: Sí, pero qué es lo que USTED busca. Justicia, volví a responder inquieta. Se acercó un poco y me explicó que sólo podría asegurar  que el líder pedófilo Jean Succar Kuri se mantuviera en prisión y fuera sentenciado. Eso no le corresponde a usted, sino a un juez, dije frente a mi nervioso abogado.

 

Medina, sin inmutarse, respondió que el juicio político a Marín y el arresto de los políticos y empresarios involucrados no sucedería. Usted es periodista, entiende las complejidades y peligros, dijo dando por terminada la reunión.

 

Lo que en aquél entonces me pidió el procurador de la Nación y hoy ministro de Justicia, fue que asumiera que había un pacto político, que él estaba al tanto y que no perdiera el tiempo. No lo asumí.

 

Nueve años después seguimos dando batallas judiciales e investigando, y ahora él está en la Corte para votar este 25 de marzo sobre uno de los casos más claros de feminicidio impune sucedido en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, y su procurador ocultaba estratégicamente las cifras de violencia mortal contra las mujeres.

 

El caso de Mariana Lima Buendía llegó al máximo tribunal a fin de que éste determine la urgencia de investigar y aplicar justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los sucesos previos de violencia feminicida.

 

El esposo de Mariana, policía judicial del Edomex sigue libre; el expediente demuestra que de no ser por las fallas procedimentales el agresor serial habría sido detenido para evitar que ultime la vida de otras mujeres; el fallo positivo podría cambiar la forma en que se investiga la violencia feminicida de acuerdo con la ley existente.

 

Habrá que mantener la mirada en este caso y en especial en la postura de Medina Mora. Para conocer mejor estos casos le recomiendo leer “Las muertas del Estado”, de Humberto Padgett.

 

Twitter: @lydiacachosi

 

*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

  

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Lydia Cacho

Cimacnoticias | México, DF.-