Las iniciativas propuestas por Enrique Peña Nieto en noviembre pasado como respuesta a las protestas por la desaparición de los 43 normalistas están sin avance. Los legisladores no han vuelto a hablar del Mando Único o del número de emergencia
"No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he
decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la
justicia y el Estado de Derecho en México" Enrique Peña Nieto, Presidente de México
Con el Mando Único Policial Estatal las unidades municipales desaparecerían
“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La
intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas
urgentes” Enrique Burgos, Senador del PRI
Roberto Gil anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa
presidencial
La instalación del número de emergencia 911 se prevé esté en operación
hasta el 2016
En
noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo
de medidas para combatir la inseguridad y mejorar el sistema de
justicia.
Hoy, ese plan está en un impasse.
Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hoy, ese plan está en un impasse.
Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello,
he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la
seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”, dijo Peña
Nieto el 27 de noviembre del 2014.
Casi cuatro meses después, las iniciativas más controvertidas
enviadas por el presidente de la República se encuentran en el Senado,
donde han permanecido sin avance en las comisiones.
El final del periodo ordinario de sesiones se acerca, por lo que al
PRI le urge sacar las iniciativas del estado del coma en que se
encuentran… aunque tengan que hacerles cambios profundos.
En la Cámara Alta, hay quienes consideran que las medidas propuestas
en las iniciativas que crean el Mando Único policial y regulan la
intervención en los municipios son intransitables.
Otros se pronuncian por su matización.
Algunas otras medidas anunciadas en el decálogo, como el
establecimiento de una línea telefónica de emergencias, la creación de
una cédula de identidad o el envío de otras iniciativas en materia de
desaparición forzada o tortura, aún se encuentran pendientes.
Las polémicas iniciativas
Dentro del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto, las primeras
medidas que se anunciaron fueron una serie de iniciativas para facultar
al Congreso de la Unión para expedir la Ley contra la Infiltración del
Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Otra más para
redefinir la competencia de las autoridades frente a los delitos; y una
para crear las Policías Estatales Únicas.
Las iniciativas fueron enviadas al Senado de la República y, en un
primer momento, se intentó darles un tratamiento especial para que
fueran aprobadas a la brevedad.
Sin embargo, la oposición del PAN y el PRD frenaron lo que parecía una aprobación fast track.
El paquete de iniciativas presidenciales contempla la modificación de siete artículos constitucionales.
En el caso de la creación del Mando Único Policial Estatal, la
iniciativa señala que la seguridad pública será una función de la
Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el
diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no
policial.
Con ello, desaparecerían las policías municipales y la
responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los
gobernadores. Las unidades estatales estarán bajo el mando de las
federales.
Con este modelo se buscará que se homologue la remuneración mínima
de los policías en todo el país, así como sus protocolos de actuación,
operación y equipamiento.
Un segundo capítulo de estas reformas se refiere a la definición de
competencias en materia de justicia, para que se definan los tipos
penales y sus sanciones y qué le corresponde a cada uno de los ámbitos
de justicia.
Se explora dar al Congreso la facultad de publicar la legislación
única de justicia penal para adolescentes y una ley general para la
investigación, persecución y sanción de los delitos sin importar su
fuero.
Y, sin duda, la medida más polémica es que se busca facultar al
Congreso para emitir una Ley contra la infiltración del crimen en los
municipios, en la que se debe establecer, señala el Ejecutivo, la
facultad de intervenir a las localidades donde haya presunción de haber
sido infiltradas por criminales.
“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para
considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o
ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la
SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que
la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las
funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.
En esta propuesta se señala que la seguridad en los municipios
estará a cargo de los gobernadores de los estados y los municipios
deberán realizar aportaciones a las entidades para realizar esta
función.
Este paquete de iniciativas conforman los tres primeros puntos del
decálogo propuesto por el presidente Peña Nieto y sus propuestas han
levantado polvo desde el día de su presentación.
A pesar de que el Ejecutivo instruyó a Manlio Fabio Beltrones y a
Emilio Gamboa, los líderes de las bancadas del PRI en el Congreso, que
aceleraran la aprobación de estas reformas, los priistas no han podido
vencer la oposición a estas medidas.
Ahora, el tricolor trabaja en la matización de estas iniciativas para buscar el voto aprobatorio del PAN y el PRD en el Senado.
La matización de las reformas
Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a tres comisiones en
el Senado: Puntos Constitucionales, presidida por el priista Enrique
Burgos; Justicia, a cargo del panista Roberto Gil; y Estudios
Legislativos Segunda, a cargo del senador de la bancada del PRD,
Alejandro Encinas.
Hace unas semanas, se convocó a foros de expertos y autoridades para
conocer su punto de vista sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo.
Sin embargo, la discusión en las comisiones feneció. No ha habido
una sola reunión de esos órganos para determinar la forma en que se
podrá avanzar en su aprobación.
Enrique Burgos, senador del PRI, reconoció que habrá un proceso de
modificación del paquete de iniciativas presidenciales a fin de lograr
un consenso y poder aprobarlas antes de que concluya el actual periodo
de sesiones, que termina también con la LXII Legislatura.
“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La
intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son
reformas urgentes”, afirmó Burgos.
En el caso del Mando Único, por ejemplo, el PRI impulsará que se
establezca un esquema diferenciado para saber cuáles son las policías
locales que podrán prevalecer y continuar con sus labores.
Por ejemplo, podrían dejar en funciones a los cuerpos policiacos de
grandes ciudades que sí sean funcionales, como Monterrey, Guadalajara o
Querétaro, para auxiliar en las tareas cotidianas de la ciudad.
En contraparte, se buscará también que en los municipios donde no
hay policía o la corporación sea de muy pocos elementos, haya labores
de capacitación y de revisión de los salarios que perciban.
El tema más polémico, comentó Burgos, es la intervención de la
Federación en los municipios; sin embargo, es necesario establecer
mecanismos para librar a las localidades de los criminales que quieren
dominarlas.
“Ya ha habido algunos casos en donde la delincuencia quiere dominar,
por ejemplo, la basura, el manejo de la basura. Parecería algo sin
importancia, pero de ahí sacan el cristal, el plástico y muchísimas
cosas. Entonces hay factores que indican que hay amago de penetración
ahí, por lo que se faculta a la Federación a intervenir”, expuso.
Para Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, algunos
puntos de la iniciativa presidencial son intransitables, ya que atentan
directamente contra el federalismo.
“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que
el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios
que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos
que permitan su fortalecimiento. Las medidas propuestas del Ejecutivo
profundizarán su debilitamiento”, sentenció Encinas.
Para el legislador, es imposible que los municipios apoyen a los
legisladores en una iniciativa de este calado, pues se trata del
desmantelamiento de los gobiernos locales y de la concentración de
poder en un solo cuerpo policiaco que podrá ser fácilmente corrompible.
“Es el caso de la inefable gestión de Arturo Durazo y la hermandad
en la policía capitalina, quien concentró tal nivel de poder en el
control de la policía que acabó administrando al crimen.
“Al igual que sucedió con el Batallón de Radio Patrullas del Estado
de México, que se constituyó en un aparato represivo contra la lucha
social, cuyo poder se colocó por encima de la autoridad municipal”,
rememoró Encinas.
Fueron los alcaldes panistas quienes pidieron un alto a los legisladores federales encargados de la discusión de estas reformas.
Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, fue el receptor de las quejas
de los presidentes municipales del albiazul, anunció hace unas semanas
que no acompañarían la iniciativa presidencial.
“Es una iniciativa que parte de la falsa idea de que los problemas
de seguridad del país son fundamentalmente de delincuencia organizada y
que se generalizan en todos los municipios del país y eso no se
corresponde con la realidad.
“El problema de nuestro país es que no solamente hay delitos de alto
impacto, sino que hay delitos de alta frecuencia, que es la que
corresponde combatir y prevenir a los municipios”, ha dicho Gil.
Con estas posiciones, el PRI buscará impulsar la transformación de
estas iniciativas para que puedan pasar los filtros de los partidos de
oposición.
Los otros pendientes
El decálogo del presidente Peña Nieto no se limita solamente a la
discusión de estos cambios legales, sino que quedan algunos temas
pendientes.
Como parte de las medidas, el Gobierno federal se comprometió a
impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia.
Sin embargo, mientras estaban en discusión en la Cámara de Diputados
y el Senado, respectivamente, el PRI mantuvo su oposición a ciertos
temas que provocaron polémica, como la posibilidad de realizar
auditorías en tiempo real o la apertura de información relacionada con
violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el tricolor cedió y tuvo que aceptar los
condicionamientos de la oposición para poder aprobar esas leyes, que
están ahora en revisión en sus contrapartes.
Aunque se prevé que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe una
iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Congreso ya
comenzarán a discutir las más de 30 que ya fueron presentadas por los
partidos.
Las iniciativas de justicia cotidiana, relacionadas con temas de la
vida diaria, como un divorcio, una multa, un despido injustificado, un
conflicto vecinal, por mencionar algunos, se encuentran en proceso en
instituciones educativas como el CIDE, que han realizado diversos foros
al respecto.
La instalación del número de emergencia 911 requerirá de un sistema
que opere en todo el país y se prevé que esté en operación hasta el
2016.
El primer mandatario dio también el banderazo al proceso de creación
de la Clave Única de Identidad en enero pasado y, para su
instrumentación, el primer paso es la sistematización de todos los
datos contenidos en el Registro Civil de todos los municipios para
establecer los números únicos de cada ciudadano.
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