Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad
para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de
las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay
infraestructura y el personal encargado de la impartición de justicia,
actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material
legal.
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo
sistema penal implicó cambios normativos como la restricción de la
prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación,
trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos
cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación,
el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las
víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de
violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus
agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la
medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se
dicte sentencia.
Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-A una semana de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) se comprometiera a pagar los sueldos de cuatro meses
atrasados a las trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa, en el
estado de Guerrero, el Congreso de la Unión llamó a la dependencia a
atender esta problemática.
Este 19 de julio la Comisión Permanente del Congreso llamó a la Sedatu a
seguir atendiendo el caso y remitir un informe al Poder Legislativo;
además exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados a asignar recursos a este proyecto para el
presupuesto del próximo año.
El pasado 30 de junio un grupo de 41 trabajadoras de Ciudad de las Mujeres se declaró en paro de labores y
reanudó su trabajo hasta el 13 de julio luego de que una comitiva se
reunió con la directora de Igualdad de Género de la Sedatu, María de los
Ángeles Salazar, y llegó a un acuerdo para que se pagaran cuatro meses
de sueldos atrasados.
Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-El mayor riesgo del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que niega la veracidad de los testimonios de las niñas y niños que dicen ser maltratados o abusados sexualmente por uno de sus progenitores, es utilizarlo como una prueba pericial definitiva para desechar las denuncias de los menores de edad.
En opinión de Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, el mayor peligro de reconocer la Alienación Parental es que los jueces piden que se aplique un “check list” para detectar un “síndrome” en vez de investigar y sancionar un delito de violencia o violación sexual.
Actualmente 17 estados de la República mexicana reconocen el SAP en su legislación civil; sin embargo, Ramírez Hernández asegura en entrevista que la Alienación Parental no es un síndrome reconocido por ninguna institución médica, psicológica o psiquiátrica de prestigio y pese a ello las y los jueces lo valoran a partir de indicadores.
Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
Redacción Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- La Sala de Mayor Riesgo confirmó la sentencia en contra del militar retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, condenados por cometer abusos sexuales y esclavitud contra un grupo de mujeres mayas, caso conocido como “Sepur Zarco”.
Los abogados defensores presentaron una apelación especial en contra de la sentencia a más de 100 años de prisión, sin embargo la sala rechazó el recurso debido a motivos de forma y fondo, aseguró el Ministerio Público (MP) en un comunicado.
El 26 de febrero del pasado año el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Reyes Girón a 120 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato y deberes contra la humanidad, mientras que Valdez Asij fue condenado a 240 años de cárcel por desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
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