La Jornada
La resolución en que la
juez federal Karla María Macías Lovera ordena al Ministerio Público la
investigación y presentación del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías trajo
de nuevo a la esfera pública las múltiples vejaciones contra niños,
niñas y adolescentes perpetrados por el religioso y sus colaboradores en
los albergues infantiles Ciudad de los niños, cinco de ellos
localizados en Guanajuato y uno más en Michoacán. A raíz de la sentencia
de 221 páginas, organizaciones civiles como el Centro de Derechos
Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima) y la Red por
los Derechos de la Infancia en México (Redim) han señalado que el
carácter sistemático del abuso contra los menores se encuentra
ampliamente documentado, a la vez que alertan sobre la dilación y el
silencio de las autoridades federales ante este caso que vuelve a
evidenciar la inoperancia de los mecanismos institucionales de
protección a la niñez, particularmente la que se encuentra en peores
condiciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con denuncias contra el clérigo, que se remontan al menos
hasta 2009, él, otros sacerdotes y varias monjas, son responsables de
abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico,
desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de
adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios,
cuya complicidad sería un elemento clave para explicar que pese al
conocimiento de esta serie de atrocidades contra los menores bajo su
resguardo, hasta la fecha ninguno de los señalados haya sido detenido y
no haya sido cuando menos llamado a declarar en calidad de testigo.
Muestra de la absoluta indolencia con que se maneja el caso es que la
subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la
República (PGR), el fiscal contra la trata de personas de Guanajuato, y
el director del DIF local −organismo que tomó bajo su custodia el
albergue ubicado en Salamanca al estallar el escándalo− admiten
desconocer incluso el paradero del sacerdote y el personal del albergue.
Es necesario recordar que de ninguna manera se trata de un caso
aislado, ni en lo que respecta a la violencia sexual contra menores por
parte de integrantes del clero, ni en el ámbito específico de los abusos
cometidos dentro de casas de acogida cuya misión debiera ser justamente
salvaguardar el desarrollo físico y emocional de los pequeños. En este
sentido, es inevitable asociar los presuntos crímenes de Gutiérrez
Farías con la revelación, en julio de 2014, de las condiciones
infrahumanas padecidas por los niños y adolescentes internados en la
casa La Gran Familia, administrada en Zamora, Michoacán, por Rosa del
Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa. Entonces como ahora, eran
evidentes e incluso confesos los vínculos de los responsables con la
derecha clerical y política, los cuales deben ser investigados hasta sus
últimas consecuencias tanto por un elemental deber de justicia hacia
las víctimas actuales como para frenar la inaceptable repetición de
casos como éste.
Lo que es indudable es que sucesos de esta naturaleza no deben
ocurrir en un contexto institucional medianamente operante. Por el
contrario, cuando se presentan episodios de tal gravedad, queda expuesto
el fracaso del conjunto de la institucionalidad, no sólo en las
instancias encargadas de la procuración y administración de justicia
sino desde de los organismos −tanto públicos como privados− que debieran
velar por la seguridad y el bienestar de los miembros más débiles de la
sociedad, incluyendo a las instituciones encargadas de la salud y la
educación.
En el contexto de la aguda descomposición social causada por los
efectos negativos de la política económica neoliberal –desempleo,
emigración, pobreza, marginación, desigualdad y disminución generalizada
de los niveles de vida del grueso de la población– y de la creciente
violencia delictiva, con lo que conllevan en términos de desintegración
familiar y orfandad, queda claro que el DIF nacional y sus pares locales
son insuficientes e incluso inadecuados para hacer frente a la aguda
vulnerabilidad de decenas o centenares de miles de niños, niñas y
adolescentes. Por su parte, las instancias de procuración e impartición
de justicia no deben, en tales condiciones, permitir el menor marge
n a la impunidad ante casos de abuso de menores persistente y reiterado, como el que ha tenido lugar en la Ciudad de los niños.
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