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Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
Foto: Miguel Dimayuga
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Por
Jesús Cantú
En Coahuila se cristalizaron todos los problemas del sistema
electoral: mal diseño institucional, fallas en su aplicación y
deficiencias normativas que le ponen camisas de fuerza a las
instituciones electorales locales.
El coctel empezó a prepararse en febrero de 2014, cuando se concretó
la reforma constitucional que creó el Instituto Nacional Electoral
(INE), un híbrido que centralizó muchas de las funciones en el órgano
nacional pero dejó con vida a los organismos públicos locales (oples)
que, para efectos prácticos, eran una mutación de los institutos
estatales electorales.
El diseño institucional establecido en el artículo 41 de la
Constitución concentró prácticamente todas las funciones sustantivas de
capacitación y organización electoral en el INE, pero responsabilizó del
escrutinio, cómputo, declaración de validez y otorgamiento de las
constancias a los oples, así como de los conteos rápidos y del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La Constitución establece que “la preparación de la jornada
electoral” le corresponde a los oples, pero con las atribuciones
específicas que señala en el mismo artículo se la otorga al INE, pues
éste capacita y designa a los ciudadanos que serán funcionarios de
casilla y decide dónde se ubicarán las mismas.
Un pésimo diseño institucional que deja toda la organización del
proceso electoral en el órgano nacional y la noche de la jornada
electoral, cuando los paquetes electorales empiezan a llegar a los
Consejos Distritales del Ople, en un auténtico “paso de la muerte”, le
transfiere la responsabilidad a éste, que previamente sólo había
participado como auxiliar.
El diseño ya era malo, pero el INE se encargó de empeorarlo en su
reglamento de elecciones, aprobado en septiembre de 2016 en el Consejo
General y, posteriormente, en los convenios de colaboración que firman
con los oples, como lo ejemplifica el de Coahuila, signado el 16 de
noviembre de 2016, pues en estos documentos establece que es el
organismo nacional el que opera el Sistema de Información de la Jornada
Electoral y la recolección de los paquetes electorales en las casillas y
su traslado a los consejos distritales del Ople.
El anexo técnico del convenio prevé que los incidentes que se
susciten durante la jornada electoral sean atendidos por los
capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales,
contratados por el INE; y todavía en el extremo, que sea personal del
instituto el que integre comisiones para atender los casos que así lo
requieran.
Así, lo único que hizo el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) fue
operar el PREP, desarrollar el conteo rápido, recibir los paquetes
electorales en los Consejos Distritales, resguardarlos, realizar las
sesiones de cómputo y entregar las constancias de mayoría.
El IEC literalmente nunca tuvo control del proceso electoral y, como
responsable del cómputo, declaración de validez y entrega de constancias
de mayoría, tiene que confiar en el trabajo que previamente hizo el
INE.
Pero los errores de implementación y ejecución habían empezado desde
el 30 de octubre de 2015, cuando el Consejo General del INE designó al
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila,
integrado por siete abogados (todos sus integrantes son licenciados en
derecho), de los cuales dos habían trabajado previamente en el gobierno
del estado; dos, en el Instituto Estatal Electoral –con antecedentes de
clara vinculación con el Ejecutivo estatal–; uno en el Tribunal Estatal
Electoral –misma circunstancia–; una, la presidenta, en el Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública; y sólo uno venía del
sector privado.
Desde ese momento hubo voces críticas, particularmente de los
partidos de oposición, pero también de algunos analistas que alertaron
sobre los vínculos de más de la mitad de los consejeros con el gobierno
del estado.
En agosto de 2016 el Consejo General del INE acordó rotar a vocales
ejecutivos de 19 estados, y uno de esos fue Coahuila, a donde llegó Juan
Álvaro Martínez Lozano, exvocal ejecutivo en Quintana Roo, donde tuvo
conflictos laborales con varios de los integrantes del servicio
profesional electoral. A poco tiempo de su llegada a Coahuila afloraron
las diferencias con la presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela
María de León, con quien debía tener una excelente coordinación para
lograr sortear los obstáculos generados por el diseño institucional, lo
cual no se logró.
En estas condiciones prácticamente todo falló: la acreditación de
representantes de partidos políticos en las casillas; la capacitación de
funcionarios de casilla –que se manifestó en su mal desempeño el día de
la jornada electoral, particularmente en el conteo de votos–, el
llenado de las actas, el armado de los paquetes electorales (reconocido
que 23% tenía deficiencias) y posteriormente el traslado a los consejos
distritales. Hasta aquí, todo responsabilidad del INE.
Y bajo la responsabilidad del IEC: el funcionamiento del PREP, que
sólo logró capturar 72% de las casillas y en algún momento reportó que
tenía 100%; un conteo rápido que sólo logró recolectar información de
poco más de la mitad de la muestra –que se dio a conocer a las 2:30
horas del lunes 5 de junio y cuyos resultados fueron errados– y mal
resguardo de los paquetes electorales.
Todas estas fallas son suficiente razón para cuestionar la validez de
la elección, pues se abrían muchos espacios para la manipulación de los
paquetes electorales y de los resultados. Pero todavía faltaba un
último capítulo: la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos y candidatos. La ley obliga al INE a desahogar el trámite en 40
días y a circular los proyectos de dictamen seis días previos a la
celebración de la sesión del consejo a todos los integrantes del mismo.
A las restricciones de la normatividad vigente hay que agregar las
deficiencias en la aplicación de la misma: para cumplir en tiempo y
forma con las disposiciones es indispensable que funcione adecuadamente
el sistema digital de reporte de ingresos y egresos, pues manualmente es
imposible hacer todas las revisiones en plazos tan cortos. Si bien se
habían superado muchas de las fallas anteriores, hubo un oficio del
titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Eduardo Gurza, a
los representantes de los partidos políticos para que no subieran a
dicho sistema las constancias de que sus representantes en las casillas
no recibieron ninguna remuneración, lo cual obligó a la apertura de un
procedimiento oficioso en la última sesión del INE.
Entre las restricciones legislativas y las fallas ejecutivas el monto
de los gastos de campaña de los candidatos a gobernador de Coahuila ha
sufrido cuatro cambios en las últimas dos semanas:
Primero, la UTF presentó dictámenes donde todos se ajustaban a los
topes de gastos de campaña y los consejeros solicitaron incorporar los
gastos de los representantes y los egresos no reportados al costo más
alto del mismo producto o servicio en el estado, lo que llevó a que se
rebasaran los topes de gastos de campaña por más de 20 y 30%; .
En segundo lugar, ajustando los costos más altos al municipio, que
fueron los engroses que circularon durante la sesión del consejo el
viernes 14, que mantenía rebases importantes.
Tercero: el que se generó en la sesión del consejo el lunes 17, que
incorporó gastos no reportados y dejó fuera los de los representantes de
casilla, que es el que arroja un rebase de topes de 7.86% para el
candidato tricolor Miguel Ángel Riquelme y de 4.56% para Guillermo
Anaya, del PAN.
Y cuarto, que resultará del procedimiento oficioso que seguramente
será un poco mayor y se conocerá dentro de un par de semanas, cuando el
INE regresé de vacaciones.
Hoy, los dictámenes votados en el Consejo General del INE el pasado
lunes 17 indican que Riquelme rebasa los topes por más de 5%, mientras
Anaya lo hace por poco menos de ese porcentaje, con lo cual estarían
dadas las condiciones para que se anulara la elección, que Riquelme no
pudiera participar nuevamente y Anaya sí. Pero todavía falta incluir el
resultado del procedimiento oficioso y, desde luego, la resolución de
los recursos que seguramente interpondrán todos los partidos ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Si después de esto prevalecen estos rebases, entonces podrá
determinarse si se anula o no la elección y será nuevamente la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la
que tendrá la última palabra. Pero más allá del desenlace de esta
elección, es un pésimo precedente para la presidencial de 2018, pues el
cúmulo de deficiencias es aterrador y más para enfrentar un proceso
electoral tan complejo, competido y conflictivo como el que se
vislumbra.
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