Esto informaron en entrevista con Cimacnoticias el defensor de los
Derechos Humanos acompañante del caso, Julio César Álvarez Santos y el
senador perredista Fidel Demédecis Hidalgo. La reunión se efectuará el
próximo 7 de agosto en las oficinas de la CNDH ubicadas en la colonia
Tlacopac y el objetivo será “continuar y reforzar las labores de
acompañamiento de la CNDH en favor de las mujeres indígenas integrantes
de Exótica Textiles”, como consta en la minuta de acuerdos. A esa
reunión asistirán diversos funcionarios de otras dependencias.
El 2 de julio la titular de la cooperativa Exótica Textiles, conformada
por más de 50 mujeres que piden al gobierno tabasqueño la construcción
de una maquila en Macuspana liderada por ellas, donde puedan
autoemplearse y den trabajo a la comunidad, Alicia Jiménez Hernández, inició la huelga acompañada
del defensor Julio César Álvarez para exigir al presidente de la CNDH
que se pronunciara y obligara al gobierno municipal a financiar el
proyecto, porque, aseguró, “la CNDH ha permanecido en silencio y no
defiende nuestra lucha”.
Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-Garantizar la protección y seguridad de las víctimas de violencia familiar será el principal reto del nuevo Sistema Penal de Justicia; las medidas de protección para las víctimas son limitadas, y ahora la prisión preventiva es el último recurso para quien cometa el delito.
A nivel nacional se calcula que 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia dentro de sus hogares, de acuerdo el último censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 40 millones de mexicanas reportaron un incidente de violencia con su pareja.
Ante este panorama, la supervisión y disposición de mecanismos de protección adecuados para las víctimas de violencia familiar resulta esencial, por ser un tipo de violencia que puede llegar a su extremo. Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) indican que 30 por ciento de los casos de asesinatos violentos de mujeres fueron cometidos por sus parejas o personas cercanas a la víctima.
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la capital en contra de Vivian Carmina Huerta Álvarez y sus dos hijos menores de edad.
Desde hace cuatro años, en 2013, Vivian enfrenta amenazas e intimidaciones legales por una demanda de su ex pareja, Agustín Gonzáles Guerrero, quien al parecer ha usado sus influencias en el Tribunal y en la Policía Auxiliar de la capital para quedarse con la guarda y custodia de sus dos hijos, actualmente de nueve y seis años de edad.
Después de que Vivian hiciera pública su denuncia y los actos del Juzgado 40 en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, que presuntamente han favorecido a su ex pareja, el organismo defensor inició una investigación y hace un mes, el 27 de junio, la Comisión solicitó al Tribunal capitalino consultar el expediente del caso.
Patricia Lorena Yllescas Hernández* Cimacnoticias | Ciudad de México.-Recientemente desde Kinal Antzetik Distrito Federal, A. C. hemos impulsado la campaña, que da título a este artículo. La razón fundamental para impulsarla, es detener su inminente desaparición.
Así, promover la partería tradicional indígena y visibilizar a las parteras indígenas de México, como poseedoras de un legado cultural que salva vidas nos parece muy importante, se trate de las parteras mayas, tzeltales, tzotziles, mijes, zapotecas, ikoots, mixtecas, amuzgas, tlapanecas, nahuas, otomíes, mazahuas, purépechas, mayos y yaquis, sólo por mencionar algunos de los grupos étnicos, al cual pertenecen parteras con las que nos coordinamos a través de redes.
Las parteras indígenas se han ganado un lugar de autoridad en las comunidades y son, a la par de las personas curanderas, rezadoras, hueseras y médicas tradicionales, recursos comunitarios muy valiosos en la prestación de servicios de apoyo esenciales para la salud y la vida de las mujeres y recién nacidos, sobre todo en regiones y áreas marginales rurales, que no cuentan con servicios gubernamentales de salud, o son escasos, de difícil acceso geográfico, que significan altos gastos económicos.
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
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