La Jornada
Los cuerpos de cinco
migrantes centroamericanos –tres mujeres y dos hombres, de
nacionalidades guatemalteca y hondureña– que fallecieron ahogados en el
Río Bravo fueron rescatados ayer por personal de Protección Civil de
Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, podría haber
otros 11 muertos. Así se incrementa, en cuestión de días, el saldo
trágico de la criminalización de los trabajadores que intentan ingresar a
territorio estadunidense por la frontera norte de México. Apenas el
domingo de la semana pasada 10 viajeros indocumentados (cuatro de ellos,
mexicanos) que eran transportados en un camión de carga sin ventilación
ni refrigeración murieron por asfixia o deshidratación en el trayecto
de Laredo a San Antonio, en un episodio atroz que evidenció una vez más
el rostro más brutal del tráfico de personas.
Pero, en uno y otro casos, al igual que ocurre en los cientos de
muertes de migrantes que tienen lugar en los pasos fronterizos ribereños
o desérticos de la frontera México-estadunidense y en más puntos entre
ambos países, la actividad ilícita de polleros y enganchadores
se desarrolla en el ámbito generado por la hipocresía tradicional de
Estados Unidos en materia migratoria: la prohibición de ingresar a ese
país a trabajadores cuya mano de obra sigue siendo fundamental para la
economía de la superpotencia.
Como ejemplo de esta doble moral, el jueves pasado se señalaba en
este mismo espacio que el discurso xenofóbico y racista que caracteriza a
la presidencia de Donald Trump –y que es compartido por los sectores
políticos y sociales más cavernarios del espectro político en la nación
vecina–, según el cual los trabajadores extranjeros son responsables de
buena parte de los males que aquejan a Estados Unidos, debe contrastarse
con las quejas de empresarios, principalmente en los ramos agrícola, de
la construcción y de servicios, en el sentido de que ningún trabajador
local está dispuesto a tomar las plazas d
ejadas
por los migrantes, y que incluso una explotación del campo propiedad de
uno de los hijos del actual mandatario ha solicitado autorización para
contratar a migrantes para la vendimia.
Así, la política de criminalizar la migración y los discursos
de odio procedentes de la Casa Blanca desempeñan un papel fundamental en
la gestación de situaciones mortíferas como las del Río Bravo y San
Antonio.
Pero más allá de la responsabilidad ineludible de las autoridades
estadunidenses debe admitirse también que los trabajadores mexicanos y
centroamericanos se encuentran en circunstancias de extremada
indefensión debido a la falta de firmeza de sus propios gobiernos, los
cuales han fallado en exigir a Washington la despenalización de la
migración laboral y el cese de los atropellos y las violaciones a los
derechos humanos que enfrentan sus ciudadanos en territorio
estadunidense. En el caso de México, es evidente que el tema debe ser
llevado a la mesa en la que habrá de renegociarse el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
Finalmente, la mejor solución sería la adopción de una política
económica capaz de impulsar el crecimiento, generar empleos, dignificar
el campo y mejorar los niveles de vida de la población, de modo que ésta
no se vea empujada por la necesidad a abandonar su lugar de origen para
emprender viajes inciertos y sembrados de peligros de todas clases.
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