MUJER SONORA
Hace un año atestiguamos cómo en el estado de Sonora el sistema de
salud, procuración de justicia y de Derechos Humanos le falló a una niña
de 13 años de edad.
El 29 de julio de 2016 dábamos a conocer su caso, revelando que la niña
de la etnia huichol había sido víctima de violación sexual por parte de
un compañero de trabajo de su padre.
Fue en su propia casa, en el Poblado Miguel Alemán del área rural de
Hermosillo, mientras éste laboraba en el campo, ambos son jornaleros
agrícolas. El agresor era huésped de su compañero, lo cual le facilitó
el ataque a Citlali, un día en que ella no fue a la escuela por ser día
inhábil.
Sin importar los gritos de la niña ni de sus hermanitos menores, el
violador actuó aprovechándose de las circunstancias y de la confianza
que había depositado la familia en él, al abrirle su casa.Citlali se convirtió en emblemática por el incumplimiento de normas y
leyes, pues desde el momento en que su padre y ella acudieron a
denunciar la agresión ante el ministerio público, la actuación fue
inadecuada para el caso.
Ella representa la fractura expuesta entre lo escrito y la realidad. A
ella se le negó la información sobre la Norma Oficial Mexicana,
“NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención”, y solo se le instó a que
acudiera a revisión médica con quien quisiera.
Tampoco se le prestaron los servicios obligatorios de acuerdo a la
NOM-046. Al pasar las semanas se confirmó el embarazo y tampoco se le
informó que de acuerdo a esa norma, ella podía interrumpir la gestación
si así lo decidía.
Gracias a la denuncia pública el caso circuló por medios nacionales e
internacionales como una situación inadmisible pues las violaciones a
sus Derechos Humanos eran múltiples.
Ante la presión de organizaciones feministas que tuvieron contacto con
la niña, y gracias al acompañamiento de la abogada de víctimas Noelia
Escoboza Chan, Citlali pudo acceder a los servicios que requería, pero
en otro lugar de la república, pues la Secretaría de Salud de Sonora se
negó a cumplir su obligación de practicar la interrupción del embarazo
por violación.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, documentó éste y
otros casos en el informe: “Violencia sin interrupción”, publicado en
noviembre de 2016.
El informe da cuenta de veintitrés casos litigados, documentados y
registrados por GIRE en varios estados de México. Dos de ellos, el de
Esmeralda y el de Citlali, son de Sonora.
En todos los casos la violencia institucional estuvo presente por acción
u omisión. Las niñas violentadas sexualmente y embarazadas en Sonora,
al igual que las otras niñas y mujeres, fueron excluidas del ejercicio
de sus derechos.
Y es que en ocho años, solo se han practicado sesenta y dos abortos legales por violación en México, según el informe.
Citlali movió las conciencias de muchas organizaciones y personas que se
solidarizaron para apoyarla económica y profesionalmente ofreciendo sus
servicios, dado lo precario de su situación.
No así la de autoridades que lejos de apoyarla para que pudiera acceder a
la justicia, y pudiera resolver en lo inmediato su situación por el
embarazo forzado, reclasificaron el delito de violación agravada
inicial, al de estupro, como si ella hubiera consentido la violencia.
A pesar de las evidencias y pruebas médicas, dictámenes iniciales que
llevaron a la conclusión de la presencia de un ataque brutal contra la
niña, a Citlali no se le garantizaron sus derechos.
Se omitió la NOM-046, que por cierto había sido reformada en marzo de
ese año, para incluir que “en caso de embarazo por violación las
instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica,
deberán prestar servicios de interrupción del embarazo en los casos
permitidos por ley”.
Pero también se violó la Ley General de Víctimas en lo relativo al
aborto por violación, misma que en el artículo 5, que libera al
personal de salud de la obligación de verificar si el embarazo fue o no
producto de una violación, basado en el principio de buena fe.
Sólo con la manifestación por escrito de la víctima, madre, padre o
tutor, bajo protesta de decir verdad, debería bastar para prestarle el
servicio que requiere.
Una tercera omisión fue la no aplicación del Protocolo Especializado en
la investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad de las
personas, vigente desde mayo de 2016, que por cierto, cuenta con una
gran falla por excluir la opción del aborto por violación.
En el informe “Violencia sin interrupción” se establece que no obstante
que el embarazo de Citlali representaba un alto riesgo para ella debido a
su corta edad, el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora,
le negó tres veces la petición de interrupción del embarazo.
Ante esto, se presentó una demanda de amparo que, al cierre del informe,
seguía en espera de sentencia. Citlali, con el apoyo de diversas
organizaciones, entre ellas GIRE y la Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en México (Ddeser), tuvo que viajar a la Ciudad de México
para recibir los servicios a los que tenía derecho y que le fueron
negados en Sonora.
De manera independiente al amparo que se tramitó, se logró acordar con
el gobierno de Sonora un conjunto de medidas de reparación con base en
las peticiones que a tal efecto hicieron Citlali y su padre: atención
psicológica, se aceptó y ya se está brindando. Compensación económica,
el gobierno aceptó y ya fue entregada. Adecuación de los horarios de
escuela de los hermanos de Citlali, se aceptó y ya se concretó. Mejoras a
la casa de la familia, se aceptó y se están realizando.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer* Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-
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