La Jornada
Tras el escándalo por
el trasiego de datos de usuarios entre Facebook y la consultora
Cambridge Analytica, que los utilizó para influir en resultados
comiciales en diversos países, el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, salió en defensa del
convenio que esa institución estableció con la empresa de Mark
Zuckerberg a principios del mes pasado para capacitar a funcionarios
electorales en el manejo de esa red social, difundir “productos cívicos
diseñados para incentivar la participación (…), un botón de Elector
Informado con información sobre el proceso electoral y recursos para
poder localizar sus casillas y conocer sus horarios de apertura”, así
como para utilizar un sistema que supuestamente permitiría combatir las noticias falsas.
El
convenio marcogeneró suspicacias desde un primer momento, a lo cual el titular del INE alegó que ese organismo no iba a poner a disposición de la red social información
que no se puede dar por ley, en referencia, al parecer, a los datos contenidos en el padrón electoral.
Ayer, Córdova Vianello reiteró esa afirmación, aseguró que el
propósito del acuerdo no era censurar la falsa información electoral que
circula en la red social sino
colocar a su lado datos verdaderos para contrarrestar la desinformacióny adujo que debía adelantarse a una oleada de descalificaciones por la colaboración entre el INE y Facebook.
A lo que puede verse, el funcionario electoral no ha logrado
comprender la esencia del escándalo internacional en curso ni la forma
en la que Cambridge Analytica (CA) obtuvo y utilizó la información de
los usuarios de la red social; se empecina, por ello, en un desmentido
que no viene al caso y pasa por alto el problema central.
Es claro que el INE no pretende entregar a Facebook la base de
datos del Registro Federal de Electores; el punto es que los datos de
usuarios que esa red social ya posee fueron obtenidos y mal utilizados
por un despacho privado que, con métodos cuestionables y posiblemente
ilegales, buscó distorsionar procesos democráticos y que, por ahora,
prácticas como la señalada escapan por completo al control de la
institución que Córdova preside.
De hecho, hasta donde se sabe, la consultora se valió de una aplicación o plugin
de apariencia inocente para capturar perfiles, preferencias, gustos,
amistades y demás características de millones de usuarios a fin de
colocar en sus pantallas propaganda política direccionada con el
propósito de influir en el sentido de su voto. Miles de firmas
comerciales recurren a esa forma personalizada de publicidad en diversas
redes sociales; lo escandaloso es que CA haya empleado el recurso con
el objetivo de llevar un proceso comicial en la dirección que convenía a
sus clientes.
Resulta por demás preocupante que el máximo responsable de la entidad
pública encargada de organizar las próximas elecciones no sea capaz de
ver la gravísima distorsión democrática que el asunto conlleva y que, en
lugar de plantearse la necesidad de mecanismos de control para detectar
e impedir esta clase de intromisiones, se empecine en defender el
insostenible acuerdo con Facebook y anuncie, para colmo, la firma de
convenios similares con Twitter y con Google, plataformas que también se
encuentran a merced de la acción masiva y subrepticia de intereses
electorales inconfesables.
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