Vidulfo Rosales Sierra*
Cuando las madres y padres de familia irrumpieron en la escena nacional con motivo de la exigencia de presentación con vida de sus hijos, muchos vaticinaron que el movimiento y su lucha no duraría mucho tiempo, que se cansarían o terminarían divididos como otras tantas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país sin embargo, a más de tres años siguen firmes y dignos luchando por encontrar con vida a sus hijos. Un día están en una reunión, otro en una marcha, otro más haciendo caravanas y recorriendo el país para mantener viva la exigencia pero también para seguir llamando a diversas organizaciones y personas a unificar las luchas.
Durante más de tres años han tenido que soportar el dolor indescriptible que implica la desaparición forzada de sus hijos, el engaño y la indiferencia de las autoridades que investigan. Las distintas estrategias adoptadas por el gobierno en diferentes momentos frente al caso Ayotzinapa tienen el objetivo de mantener el caso en la impunidad. Toda la actuación de la PGR ha sido negarse a esclarecer los hechos. En un primer momento realizó una investigación irregular y turbia que presentó como conclusión final, posteriormente descalificó a expertos internacionales que vinieron a coadyuvar en las investigaciones, el año pasado se dedicó a administrar el caso y a la fecha se empeña en cerrar el caso.
Nadie puede entender por qué la negativa reiterada del gobierno a investigar la participación de elementos del Ejército Mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería, la Policía Federal o las autoridades estatales de Guerrero. ¿A quién encubren? ¿Por qué los encubren? ¿Qué funcionarios de alto nivel están implicados? Lo cierto es que el aparato de la PGR ha ensuciado las investigaciones e impedido deliberadamente llegar a la verdad y la justicia.
Pero los padres no sólo han soportado las sucias investigaciones de la PGR sino también han sido descalificados y en ocasiones reprimidos por el gobierno; éste les ha dado un trato de disidentes políticos, no de víctimas.
Recorriendo este camino sinuoso han construido dos rieles sobre los que conducen su lucha: la legal y la social. En la primera se han apoyado de las organizaciones de derechos humanos que libran una batalla sin cuartel contra la supuesta verdad histórica y por la profundización de nuevas líneas de investigación. En este aspecto los trabajos del GIEI, el EAAF y el mecanismo especial de seguimiento han resultado torales. En la lucha social mantienen movilizaciones los 26 de cada mes y algunas jornadas de protestas más largas, en Guerrero y Ciudad de México.
Desde los primeros días de la desaparición los padres mantienen un activismo sin descanso. Poco a poco, en un trabajo discreto y a ras de suelo han ido consolidando su organización como padres y madres. Al calor de la lucha se han ido forjando como defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Al salir a las calles a exigir la presentación con vida de sus hijos, exigen la de los miles de desaparecidos en el país. Al llamar a la unidad de las luchas plantean la solución de muchos problemas en nuestro país y una patria con justicia y dignidad, donde el gobierno no nos desaparezca por querer estudiar.
Los días 17 y 18 de este mes realizaron la Sexta Convención Nacional Popular después de un recorrido por 12 estados del país. La reunión contó con 600 delegados de distintas organizaciones y colectivos de varias partes de la República. Los delegados denunciaron la situación que prevalece en el país. Confluyeron familiares de desaparecidos, asesinados, presos por luchar por sus derechos, campesinos e indígenas que han sido despojados de sus tierras por la construcción de megaproyectos, trabajadores que sus derechos sociales están siendo cercenados por los patrones y muchos inconformes con la carestía de los precios de los alimentos.
Los delegados de la convención manifestaron las dificultades en el proceso de articulación que venimos impulsando desde hace algunos años. La existencia de varios referentes sociales que pretenden aglutinar las luchas ha dificultado el proceso de unidad de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Todos coincidimos en la necesidad de unificarnos, pero en el proceso para llegar a tal objetivo los esfuerzos y caminos se bifurcan.
Por ello el punto central de la convención fue generar una reflexión y análisis para seguir impulsando la articulación de las luchas. Que el proceso electoral no disgregue los esfuerzos que se vienen realizando desde hace años. En la convención la mayoría de los delegados coincidieron en que hoy ninguno de los candidatos plantea cambios profundos en el país. Aun cuando llegase a ganar la posición más identificada con la izquierda, no podrá gestar los cambios desde arriba. El andamiaje legal y de otra índole que han construido los gobiernos neoliberales difícilmente será desmontado por decreto. Ese gobierno necesitará la alianza amplia de los trabajadores del campo y la ciudad para que de manera conjunta se impulsen y empujen esos cambios. En suma habrá que dar una lucha de clases si se quieren mover las estructuras económicas dominantes. Lo anterior impone la tarea imprescindible a las y los trabajadores de aprovechar la coyuntura electoral para ir tejiendo la unidad de los distintos referentes que hoy existen en el país y que luchamos por lo mismo. Hoy debemos poner en el centro la necesidad de ir buscando los puntos de encuentro con los distintos referentes. El centro debe ser la unificación y dejar de lado la creencia de que en torno a mí se construye la unidad.
Por otro lado, no debemos caer en la falsa creencia de que el proceso electoral es el fin en sí mismo. Llegue quien sea, debemos trabajar para crear una oposición política real y objetiva que sea capaz de obligar al gobierno –del partido que sea– a realizar los cambios profundos para que tengamos un país donde la justicia habite entre todos.
*Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
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