En el recuento de calamidades que afectan a Pemex destacan las numerosas muertes de trabajadores petroleros, las cuales podían preverse y hubieran podido evitarse si no fuera porque la ineptitud y la corrupción campean en la empresa. Y esa misma corrupción, sumada a manejos financieros torpes, tiene parada la producción y hace crecer su deuda y su dependencia. Para muestra están los trágicos casos de la plataforma Usumacinta y el complejo Pajaritos, o los turbios contratos en los que aparecen los nombres de Repsol y Odebrecht.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha vivido sumida entre la corrupción, el saqueo y el desprecio a sus trabajadores. En su historia más reciente ha habido accidentes que pudieron evitarse, contratos a modo, recompras de complejos chatarra, adquisición de aeronaves que terminaron siendo “taxis” del titular de la dependencia, adquisición de acciones de la española Repsol que luego tuvieron que revenderse a bajo precio…
El primer ejecutivo de Pemex en ser sancionado fue Jorge Díaz Serrano, quien como director de la paraestatal vivió el llamado “boom petrolero”. En 1982, la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación lo acusó de fraude por 35 millones de dólares por haber comprado con sobreprecio dos buques-tanque. El ingeniero estuvo preso cinco años.
Con la información controlada al máximo durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, poco se supo de los desfalcos a la paraestatal.
Con la llegada del primer gobierno federal panista, los actos de corrupción empezaron a aflorar. El caso paradigmático es el de Oceanografía: una pequeña empresa que desde los ochenta figuraba como proveedora de Pemex y que entre 2000 y 2006 recibió contratos por 44 mil 600 millones de pesos, aunque no era la única compañía que concursaba para ofrecer servicios a la paraestatal.
Lo anterior se desprende de informes internos de Pemex, copias de los cuales tiene esta reportera.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, aunque Pemex mantuvo su relación con Oceanografía, comenzó a prestar atención a las empresas españolas y descubrió que el gran negocio estaba en la importación de gas.
Prueba de ello fue el contrato transexe­nal con Repsol, única autorizada para vender el gas de Camisea, Perú. Por la compra, México pagó 21 mil millones de dólares entre 2011 y 2016. Pero a la empresa española el producto sólo le había costado 6 mil 26 millones de dólares, por lo que obtuvo, gracias a Calderón, una ganancia de unos 15 mil millones de dólares.
La corrupción de Oceanografía reventó cuando el priismo se hizo nuevamente del poder. El gobierno de Enrique Peña Nieto cerró la llave de los contratos y encarceló a uno de los propietarios de esa empresa, Amado Yáñez (quien hoy purga condena domiciliaria), acusado por Banamex de haber obtenido préstamos por 450 millones de dólares con aval de facturas por cobrar de Pemex.
El mal manejo de Pemex durante la administración calderonista llegó no sólo al robo, sino a la muerte.
En octubre de 2007, en medio de un temporal en la Sonda de Campeche, la plataforma Usumacinta se desestabilizó y chocó contra la salida de un pozo, provocando una fuga de gas que mató a 24 trabajadores petroleros.
Desde su paso por la Secretaría de Energía, Calderón conocía las condiciones de inseguridad en las que laboraban los trabajadores petroleros. No hizo nada. Y en 2007, cuando la plataforma –propiedad de Perforadora Central– se colapsó, se atribuyó el accidente a causas climatológicas. Lo cierto es que Pemex cerró las válvulas del pozo dos horas después de que empezara el siniestro.
Odebrecht y Repsol
Otro caso transexenal es el de Odebrecht. Gestado en el gobierno de Vicente Fox, impulsado en el de Felipe Calderón y concretado en el sexenio actual, el empresario Marcelo Odebrecht logró un contrato para que Pemex lo abasteciera de etano durante 25 años.
Así arrancó la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI, propiedad del brasileño, y Pemex le construyó ductos para el transporte de etano.
Planeada desde 2003, Etileno XXI empezó a funcionar en 2016 y sólo ese año le generó pérdidas a Pemex por 2 mil millones de pesos. Lo peor: dejó sin etano a las petroquímicas mexicanas, al grado de que este 2018 México comenzó a importar ese hidrocarburo para mantener en funcionamiento sus plantas.
Otros actos irregulares en Pemex, hasta el momento no sancionados, fueron los movimientos accionarios relativos a Repsol.
El secretario de Hacienda de Fox, Francisco Gil Díaz, autorizó movimientos accionarios (colocó en la bolsa de valores de Luxemburgo 4.5% de las acciones de Repsol, que en 2008 se recompraron) que le causaron a Pemex una pérdida de 650.7 millones de dólares en 2003. En el gobierno calderonista hubo otra pérdida, ahora por mil 120 millones de dólares.
Es decir que durante los gobiernos panistas Pemex perdió, sólo por dos operaciones de sus acciones en Repsol, mil 770.7 millones de dólares.
La era peñista
Pero los actos de corrupción más evidentes han ocurrido en el actual gobierno. El 1 de enero de 2013 el sótano de la sede de Pemex –entonces encabezada por Emilio Lozoya–, donde se guardaba la mayor parte de los contratos firmados en sexenios anteriores, estalló inexplicablemente.
Lozoya no estaba en México, sino en Singapur, donde cerraba la compra de 10 plataformas a la empresa Keppel Fels, que a su vez se financia con un fondo llamado Temasek.
Ese fondo, por cierto, adquirió 40% de las acciones de Oro Negro, la empresa petrolera creada por el hijo de Gil Díaz y por Luis Ramírez Corzo, exdirector de Pemex.
La primera pifia de Emilio Lozoya, documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ocurrió el 30 de mayo de 2013, cuando el director de Pemex decidió comprarle a una empresa texana 700 carros-tanque a un costo de 91 millones 295 mil 500 dólares.
El contrato era multianual, del 30 de septiembre de 2013 al 31 de octubre de 2015. Sin embargo, Lozoya decidió pagar por adelantado 30% del costo, es decir, 27 millones 359 mil 100 dólares. El problema es que al año 2017 Pemex sólo había recibido 15 de los 700 carros-tanque, reveló la ASF en un informe.
Una segunda explosión siguió a Lozoya. Fue en la planta de clorados del complejo petroquímico Pajaritos, propiedad del banquero Antonio del Valle, uno de los muchos rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en 1995.
El 20 de abril de 2016 explotó el área de Clorados III. Ahí murieron 32 trabajadores y un centenar más resultaron heridos.
El ingeniero José Daniel de la Cruz Chung, encargado del proyecto de ampliación de Clorados III entre 2001 y 2003, cuando aún pertenecía a Pemex, dice en entrevista que la entrega de Pajaritos a Antonio del Valle, el 10 de septiembre de 2013, “fue un acuerdo transexenal”, entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Mexichem, la empresa de Del Valle, recibió de manos de Calderón el complejo petroquímico por el cual pagó apenas 60% de su valor, revela el ingeniero De la Cruz. En diversos memorandos de entendimiento y en el manual de operación de 2011, se obliga a Mexichem a invertir en el complejo 200 millones de dólares, de los cuales 87 debían ser para Clorados III. Al día de la explosión, no se había aplicado ni un centavo.
Lo anterior se tradujo en falta de mantenimiento y a ello atribuye De la Cruz parte de las pésimas condiciones y de inseguridad en que laboraban los petroleros.
El ingeniero agrega que los cinco equipos que operaban en la planta de Clorados III el día del accidente de 2016, estaban dañados desde 2001; no descarta que uno de ellos haya sido el causante del siniestro.
La negligencia y falta de cumplimiento de Del Valle para invertir lo que le correspondía y el consentimiento de los directivos de Pemex para que se operaran plantas en mal estado, fueron la dupla mortal.
Hasta el momento se sabe que Del Valle no ha perdido, pues aunque la planta quedó inservible, él cobró un seguro de por lo menos 100 millones de dólares, según le comenta a la reportera la ingeniera petroquímica y legisladora federal Rocío Nahle.
El gobierno de Fox invirtió 3 mil millones de pesos en la ampliación de Clorados III, una cantidad similar a la que 10 años después pagó Del Valle por ella, pese a que todo el complejo valía ya 40% más. La inversión federal se perdió, 32 trabajadores murieron, pero Del Valle ganó por el cobro del seguro.
Por si algo le faltara a Pemex, en el sexe­nio de Peña Nieto se vivió otra desgracia: la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, Oaxaca, que trabajaba a 80% de su capacidad para producir gasolina, se inundó y días más tarde se incendió. A la fecha sigue parada.
El pasado junio, las intensas lluvias generadas por el huracán Calvin causaron la inundación de la refinería, según Pemex, lo que a su vez, el 14 de junio de 2017, originó un incendio que no fue sofocado sino hasta el día siguiente.
En febrero de 2016, cuando José Antonio González Anaya sustituyó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex, la empresa estatal sufrió un recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos. La tercera parte de ese monto, 34 mil millones, afectó a Pemex-Transformación Industrial.
El recorte figura como una de las causas del costoso estallido de la refinería de Salina Cruz y provocó pérdidas por 10 mil 128 millones 240 mil pesos –que es en lo que se traduce el incendio–, además de que se dejó de producir gasolina y diésel, se detuvo el envío del crudo que desde ahí se exportaba a Japón y Estados Unidos y cesó la producción de gasavión, azufre, chapopote, asfalto, gas licuado y combustóleo.
Un desacierto más en Pemex fue la recompra de las plantas de Agronitrogenados y de Fertinal. La primera la desincorporó Salinas de Gortari para vendérsela en 1993 a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y a Xavier Autrey. A su llegada a Pemex, Lozoya y Peña Nieto consideraron que la desincorporación había sido un error y la recompraron en 4 mil millones de pesos.
Agronitrogenados tenía 14 años sin funcionar. Aun así Pemex pagó por ella 3 mil 900 millones de pesos. Y según el avalúo del propio gobierno, lo que se adquirió fue sólo “fierro viejo”. Para rehabilitarla, la empresa estatal debió invertir otros mil 200 millones de pesos.
Algo peor ocurrió con Fertinal, que se le vendió en 2001 al empresario Fabio Covarrubias Piffer, y en septiembre de 2015 se decidió recomprarla en 209.2 millones de dólares. Pero la empresa ya tenía adeudos y Pemex debió sufragarlos desembolsando otros 425.8 millones de dólares.
Para la adquisición de Agronitrogenados y Fertinal, Lozoya endeudó a Pemex por 20 mil millones de pesos, todo a créditos que vencen, algunos, en 2031.
La peor pifia de Lozoya: su decisión de adquirir helicópteros y aviones con los que se pretendía prevenir y evitar el robo de combustible. En ello se gastó 2 mil 500 millones de pesos.
Pero las aeronaves fueron utilizadas por Lozoya para viajar hasta en 54 ocasiones. Sus itinerarios fueron de la torre de Pemex a las oficinas de Altos Hornos, en Polanco; al Hospital Militar, al Hospital Ángeles y también a Cancún, Huatulco, Acapulco, Zihuatanejo y a varias ciudades de Estados Unidos.