Por todo el planeta
proliferan nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que proporcionan
espacios de libertad total al movimiento del capital trasnacional, al
cual se le otorgan grandes facilidades fiscales, aduaneras, logísticas,
garantías de acceso a bienes naturales comunes estratégicos -como el
agua, la energía solar y eólica, el petróleo y el gas- y de explotación
de mano de obra local a cambio de salarios muy inferiores a los que se
proporcionan en los países sedes de las firmas.
Lo mismo dichas
zonas se establecen en Vietnam, Myanmar, Laos, India y Sri Lanka, que en
países de África como Mozambique, Nigeria. etc. En el caso de América
Latina su avance es impresionante.
Países como Colombia,
Nicaragua o República Dominicana han apostado al establecimiento de
empresas en su territorio cediendo buena parte de su soberanía nacional y
la disminución de sus ingresos fiscales, a cambio de que parte de su
clase económica dominante forme parte como socio minoritario de algunos
de los emprendimientos que se realizan.
En una de las ZEE más
importantes de Uruguay, los trabajadores ganan tres veces menos que los
procedentes de las naciones de origen de la inversión extranjera. En
Brasil los habitantes de Manaos –una zona construida por el régimen
cívico-militar- tienen el índice de desarrollo humano más bajo de las
ciudades más pobladas de ese país. Pero el modelo se expande y continua.
Tan sólo en América Latina son más de 10 mil empresas las que
se han instalado ya en ZEE, número similar a los corporativos
mayoritariamente chinos que se encuentran en África.
El salario
promedio dichas zonas es de 1,080 dólares (EU) muy por debajo de los
salarios que se pagan en los países europeos, Canadá o Estados Unidos.
En el caso de Costa Rica y Dominicana las ZEE representan el 47% y el
57% de las exportaciones respectivamente, lo que muestra la localización
corporativa con detrimento a la formación de cadenas productivas que
favorezcan el mercado y el empleo nacional. Ello se muestra en que el
promedio de aporte de las ZEE de América Latina al PIB regional es tan
sólo del 5.8%, destacando el caso de Nicaragua con el 12% como
aportación al PIB.
Ello es relevante porque dichas Zonas se
construyen con base en grandes subsidios y financiamientos que adquieren
los gobiernos nacionales. Con base al endeudamiento o el uso de
presupuesto mucha de la infraestructura mundial se construye para
favorecer el funcionamiento de estos espacios en detrimento de las
necesidades nacionales de educación, salud, empleo, seguridad, entre
otras.
Dichas zonas forman parte del proceso de
reestructuración capitalista mundial que inicio en los 70’s del siglo XX
pasado y que hace frente a la caída de rentabilidad del capitalismo. La
instrumentación de política neoliberales que favorecieron la
flexibilización laboral, la desregulación económica y el libre flujo de
capitales a nivel planetario, tienen como contraparte el proceso de
expansión geográfica del capital trasnacional que requiere la
apropiación territorial de espacios para incrementar su rentabilidad con
el acceso de reservas de recursos estratégicos, nueva infraestructura
logística y la especulación inmobiliaria. Así de poco más de 100 ZEE que
existían en los 80´s, hoy hablamos de más de 2 mil que operan en el
planeta y que se expanden anualmente.
Gran parte de ese
crecimiento de las ZEE se ha realizado sobre tierras que pertenecieron a
grupos campesinos e indígenas dedicados a labores agrícolas, ganaderas o
de pesca. Su instrumentación ha formado parte de las reconfiguraciones
territoriales que ha impulsado esta fase capitalista. El discurso
colonialista construye la idea de los espacios campesinos como lugares
“atrasados”, “subdesarrollados”, “de personas en subsistencia” y esa
narrativa colonial lo mismo resuena en México que en el resto de América
Latina, Asia o África. El sistema moderno-colonial continua así su
estrategia de conquista y de saqueo a nivel planetario utilizando
recurrentemente la idea del “desarrollo”.
Grandes resistencias a
las ZEE se dan en muchas partes, así los pescadores de Nyanmar se
niegan a convertir su laguna en uno de los puertos más importantes de la
estrategia One Belt, One Road del gobierno chino, conflictos por
tierras invaden la India y abarcan desde zonas cercanas a Nueva Delhi
hasta los litorales del océano indico y en México las comunidades
indígenas de Oaxaca se amparan y luchan contra el establecimiento de la
Zona Económica Especial de Salina Cruz y la construcción del corredor
multimodal del Istmo de Tehuantepec.
El caso de la India es
relevante ya que los campesinos han sido despojados de manera brutal de
sus tierras para favorecer la llegada de inversionistas privados, lo que
ha provocado grandes movilizaciones campesinas por la defensa de la
tierra y por la devolución de las tierras expropiadas por el Estado.
Ellos han denunciado que muchas de las tierras para dichas zonas no se
utilizaron finalmente en la puesta de fábricas u otros tipos de
emprendimientos sino para la especulación inmobiliaria.
Y es
que esta nueva fase capitalista es profundamente depredadora de la
naturaleza, ya que en el proceso de expansión geográfica los
corporativos requieren la construcción de infraestructuras como puertos,
aeropuertos, hidrovías, gasoductos, refinerías, ciudades y nuevos
mercados. Esos nuevos espacios territoriales se abren casi siempre de
manera violenta el movimiento de capital, lo que explica dos cosas
también importantes: la ruptura metabólica que implica este proceso con
los cambios ambientales graves que estamos viviendo y como ello lleva a
los conflictos socioambientales donde las empresas recurren a nivel
planetario al asesinato y criminalización de los defensores de la vida y
el territorio.
Con dichas zonas se crean nuevas geografías del
capital que hace posible que surjan nuevos “polos de desarrollo” que en
los hechos es un nuevo discurso de conquista territorial. Así ZEE
chinas como Shantou o Xiamen que tan solo medían 1 km2 y 2.5 km2 respectivamente en diez años de funcionamiento aumentaron a más de 52 km2 y 132 km2 ocasionando grandes flujos migratorios y grandes impactos socioambientales.
En el caso mexicano lo más sorprendente es la ausencia de información y
de debate público sobre lo que significa la puesta en marcha de estas
Zonas Económicas Especiales las cuales fueron anunciadas desde el año
2016.
Ya fueron decretadas las zonas de Puerto Chiapas, Salina
Cruz, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Puerto Progreso, en todas ellas
se delimita un área geográfica que va de 1700 a 8263 hectáreas cada una,
-en total más de 25 mil hectáreas-, donde se crean excepciones
jurídicas al entorno nacional y se otorgan facilidades fiscales,
aduanales y logísticas para los corporativos similares a las que otorgan
países de América Latina como Jamaica, Dominicana o Panamá.
El
impulso de la ZEE se hace haciendo uso de la financiarización de la
economía mundial, así instrumentos financieros como las Alianzas Público
Privadas, las FIBRAS, los CKD´s se han convertido en puntales de esta
iniciativa.
El 19 de diciembre del año pasado Enrique Peña
Nieto afirmo que el 30% de la Inversión Extranjera Directa estimada para
el 2018 provendrá de proyectos dirigidos a las ZEE, el monto no es
menor ya que hablamos de más de 6 mil 260 millones de dólares.
En declaración de la Autoridad Federal de las ZEE de la SHCP se señala
que antes de las elecciones todas las empresas tendrán los permisos para
instalarse e iniciar sus operaciones, a ello se suma un marco jurídico
que blinda sus operaciones a nivel federal, estatal y municipal.
Con base a información de la Comisión Intersecretarial del gobierno
federal para impulso a las ZEE, entre los inversionistas que van a
llegar destacan grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores, el New York Exchange, en bolsas europeas y de Brasil y que
tienen ingresos de cientos de miles de millones de dólares. De esta
forma se observa un claro subsidio del gobierno mexicano al capital
trasnacional.
Algunas de ellas son el grupo Walmart, Arcelor
Mittal, Waterside Energy, Braskem-Idesa, Enagas, Pacific LNG,
Southwestern Energy, Tag Pipelines, Bachoco, Nestle, Maeller Maersk,
Neumann, entre otras. Muchas de ellas envueltas en tráficos de
influencia y corrupción con escándalos en México u otros países como es
el caso Odebrecth donde algunas de las empresas se han visto
involucradas. También hay empresas que han cometido violaciones a las
leyes ambientales de sus países de origen y que ahora ven la oportunidad
de instalarse en México, como es el caso de las petroleras -Southwest
Energy y Pacific LNG- que mediante el fracking quieren obtener gas
esquisto. Existe el caso también de la empresa Neumann que despojo
tierras a campesinos en África y tuvo que intervenir la Unión Europea
para resarcir el daño e impartir justicia y que piensa instalarse en
puerto Chiapas.
El poder de estos corporativos trasnacionales
es relevante, algunos de ellos como la acerera Arcellor Mittal
-instalada ya en Lázaro Cárdenas-, fue mencionada recurrentemente en
Inglaterra por participar en intentos de sobornos del ministro Tony
Blair.
En los hechos estas Zonas Económicas Especiales traerán
consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la
consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera
creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual,
probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un
modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los
campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la
naturaleza. Nuevas resistencias vendrán con fuerza también en México.
Agustín Ávila Romero, Economista de la UNAM. Profesor Visitante IESA-Brasil.
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