Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
Considerada como
la “mayor red de sobornos empresariales a nivel internacional”, el caso
Odebrecht sigue cimbrando gobiernos, pero en otros países de América,
porque en México nada pasa.
Aquí, el manto de la impunidad cubre
desde el responsable más expuesto en esta trama internacional de
corrupción –el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya,
mencionado ya en las declaraciones ministeriales de los principales
acusados–, hasta aquellos que estaban por encima y debajo de su rango.
Y es que las sospechas de que los
presidentes de México Felipe Calderón y Enrique Peña también habrían
obtenido ilícitamente ganancias de los contratos asignados a Odebrecht y
sus filiales han sido parte de las investigaciones, sobre todo las que
lleva a cabo Estados Unidos. A la fecha, sin embargo, no hay certeza de
hasta dónde llegó el dinero sucio de la empresa brasileña.
El problema es que aquí el expediente se
llena de polvo en la Procuraduría General de la República (PGR)
esperando que se olvide, como ha ocurrido con cientos de casos
igualmente graves, cuando lo urgente es realizar indagatorias
exhaustivas a las finanzas de todos los involucrados sin importar sus
cargos o investiduras.
No se nos debe olvidar que el de Pemex
es dinero público –aunque a muchos políticos esto no les guste o les
estorbe en sus intereses personales y de grupo– y que ese patrimonio
nacional es el que estuvo en juego. Y esto quiere decir que su mal uso
daña a la sociedad directamente.
Pero por eso mismo las autoridades
mexicanas apuestan nuevamente a la desmemoria social, para que los
responsables no sean llevados a juicio y mucho menos pisen la cárcel. La
lógica que se sigue empleando en este país es que si cae un corrupto
peligran los demás y, por eso, entre ellos se protegen siempre las
espaldas.
A diferencia de esta ignominia, en Perú
el presidente Pedro Pablo Kucsynski renunció el pasado 21 de marzo, tras
las averiguaciones que se le siguen por su presunto involucramiento en
los sobornos de Odebrecht y otros cuatro casos de corrupción. ¿Por qué
en México no pasa lo mismo?
La red corrupta
Como se recordará, esta trama corrupta
se reveló el 21 de diciembre de 2016 como parte del caso Lava Jato, que
investigaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos en
colaboración con el sistema judicial brasileño.
Según esas indagatorias extranjeras,
entre 2001 y 2016, autoridades de al menos 12 países recibieron sobornos
de Odebrecht, por 788 millones de dólares, a cambio de numerosos y
multimillonarios contratos.
Desde entonces se sabe públicamente que
México figura en esa lista de los 12 países corruptos y, en
consecuencia, la investigación doméstica de la PGR sobre este caso ha
tenido por lo menos ese año 3 meses para avanzar.
Y digo por lo menos porque este tipo de
investigaciones internacionales busca la cooperación de los gobiernos
involucrados tiempo antes de que se haga público el asunto, por lo que
la administración de Peña se habría enterado previamente de este caso
tan relevante. Y no hizo nada.
Caso México
En los años en los que Odebrecht se
expandió mundialmente vía sobornos, Pemex le otorgó al menos cuatro
contratos a sus filiales, según ha revelado la propia petrolera del
Estado mexicano.
De acuerdo con su información oficial,
se trata del contrato de suministro de Etano celebrado entre la filial
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, SA, y Grupo IDESA, SA de CV.
Este fue firmado el 19 de febrero de 2010, cuando en la Presidencia
estaba el panista Calderón Hinojosa, y la petrolera mexicana era
comandada por Juan José Suárez Coppel.
Los otros contratos se pactaron en este
sexenio, durante la gestión de Lozoya Austin. El segundo fue el
?PXP-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, para el?acondicionamiento del sitio,
movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de
aprovechamiento de residuales, de la Refinería Miguel Hidalgo Tula I,
firmado el ?15 de febrero de 2014.
El DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, que se
firmó ese mismo año pero el ?6 de noviembre, tuvo por objeto el
desarrollo de la Fase I del Proyecto conversión de residuales de la
Refinería de Salamanca.
Y 1 año después, ?el 12 de noviembre de
2015, se pactó el contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 para la construcción
de accesos y obras externas, para el proyecto de aprovechamiento de
residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II.
Presumir que los sobornos fueron parte
de esas cuatro contrataciones es bastante fundado, sobre todo si se toma
en cuenta que fueron ocultadas durante 5 meses por Pemex, luego de que
se revelara la trama de corrupción. Y aún hay sospechas de que existan
más contratos que emplearon esquemas de triangulación o subcontratación.
Además, en otros países señalados se ha
comprobado que el dinero de Odebrecht fluyó en grandes cantidades y
salpicó las más altas esferas de los sectores públicos. Entonces, ¿por
qué México –considerado uno de los países más corruptos del mundo–
habría de ser la excepción? ¿Podemos creer que los sobornos sólo
involucraron a funcionarios menores cuando hay evidencia de lo
contrario?
Y esa evidencia consiste, ni más ni
menos, en las declaraciones ministeriales de los altos directivos de
Odebrecht, autores directos del cohecho. En agosto de 2017, el diario
brasileño O Globo reveló documentos de la investigación en los que se establecía la ruta del dinero.
Para el caso mexicano, apuntaban que los
sobornos directamente se habrían entregado a Emilio Lozoya, por 10
millones de dólares. Según las declaraciones, en marzo de 2012 este
exfuncionario empezó a recibir los pagos ilegales. Entonces formaba
parte de la campaña presidencial de Peña Nieto.
El exdirector de Odebrecht en México,
Luis Alberto de Meneses Weyll, justificó así los pagos ilegales: “Lozoya
se había vuelto uno de los líderes del comité de campaña, razón por la
cual probablemente sería una persona influyente en la administración
pública del país”.
Desde Brasil, hasta Guatemala y Perú,
los involucrados poco a poco caen en desgracia y más temprano que tarde
pagarán con cárcel sus corruptelas. Sin embargo, en México parece que
triunfará, otra vez, la ilegalidad. Por eso, como dice la campaña
mediática del gobierno federal, ¡Hagamos bien las cuentas [de la
impunidad]!
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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