Sus apellidos suenan familiares para los mexicanos, pues están intrínsecamente vinculados con el poder y sus intereses se mueven más allá de la esfera de la información: Azcárraga (Grupo Televisa), Vázquez Raña (Grupo Empresarial Ángeles), Salinas Pliego (Grupo Salinas), Slim Helú (Grupo América Móvil), Ealy (Grupo El Universal), Vargas Gómez (MVS), entre otros.
De hecho, sólo seis de los 42 medios con mayor audiencia en el país tienen agendas informativas independientes del gobierno: la revista Proceso, los portales electrónicos Aristegui Noticias, Animal Político y Sin Embargo, así como el periódico Reforma y su edición regiomontana, El Norte.
No es coincidencia que casi todos estos medios se encuentran fuera de la lista de los “medios consentidos” por el gobierno federal en el otorgamiento de publicidad oficial, a pesar de estar entre los más leídos del país.
Éstos son algunos de los hallazgos del informe Mom México: ¿Quién Mueve los Hilos de los Medios?, que las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Centro de Comunicación Social (Cencos) presentarán al público este jueves 22.
El documento, al que Apro/proceso.com.mx tuvo acceso, se basa en el estudio de los 42 medios mexicanos con mayores audiencias: ocho televisivos, 11 radiofónicos, 10 impresos y 13 digitales.
A partir del estudio Contar lo bueno cuesta mucho, elaborado por la organización civil Fundar, el informe recuerda que los 10 principales grupos mediáticos acapararon la mitad de la publicidad oficial entre 2013 y 2016.
Sin sorpresa, Televisa y TV Azteca obtuvieron 26.8% de dicha publicidad oficial. Les siguieron TV Imagen, las radiodifusoras Radio Fórmula, Radio Centro, Imagen, MVS y Acir, así como los periódicos El Universal, Milenio, Excélsior, Los Soles, La Jornada y hasta La Crónica de hoy, pese a su “modesto tiraje”.

En resumen: “basta condicionar los favores o los millonarios contratos de un puñado de familias para incidir en la agenda pública de un país de 127 millones de personas”, sostiene el informe.

Sangre y poder

En la radiografía de los grupos que controlan la mayor parte de la información en el país realizada por MoM, la familia Azcárraga ocupó naturalmente el lugar más destacado: además de controlar 50% de las señales de televisión abierta y 60% de los accesos a televisión de paga en México, Grupo Televisa -presidido por Emilio Azcárraga Jean- tiene una relación especial con el presidente Enrique Peña Nieto y la administración actual.
Grupo Televisa también distribuye a más de un centenar de revistas impresas, posee tres sitios de internet de gran tráfico –SDPNoticias, Televisa.com y El Deforma-, y es copropietario de W Radio; en 2016, recibió dos de cada 10 pesos de publicidad oficial.
El informe recuerda que Angélica Rivera Hurtado, esposa de Peña Nieto, fue actriz en la compañía, y que su boda con el actual mandatario, transmitida en vivo por Televisa en 2010, “se interpretó como la construcción de una candidatura impulsada por Televisa”.
Otra rama de la familia Azcárraga -Rogerio Azcárraga Madero y su hijo Jaime Azcárraga Romandía– controla Grupo Fórmula, que opera más de 100 estaciones radiofónicas en México y Estados Unidos, en los cuales se transmiten seis de los 10 noticieros más escuchados del país, así como un servicio de televisión de paga.
Azcárraga Madero es tío de Azcárraga Jean y recibió en 2017 el Premio Nacional de Comunicación de manos de Peña Nieto.
Al frente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego -el cuarto personaje más rico de México, con una fortuna personal de siete mil 100 millones de dólares, según la revista Forbes– controla cuatro de los seis canales de televisión abierta de cobertura nacional y su televisora recibió 10.6% del pastel publicitario en 2016.
El informe recuerda que Ninfa Salinas Sada, la hija del magnate, es a la vez vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Salinas -el cual opera TV Azteca– y senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El tercer competidor en la batalla por las pantallas televisivas es Grupo Empresarial Ángeles (GEA) que controla el periódico Excélsior y su versión Internet, así como TV Imagen y Radio Imagen.
GEA pertenece a Olegario Vázquez Raña y está dirigido por su hijo Olegario Vázquez Aldir. El reporte subraya que, en 2000, Vázquez Raña prestó una casa en España a Francisco Labastida, para que el fracasado candidato del PRI a la Presidencia de la República tuviera “un retiro temporal en paz”.
Mediante el grupo Organización Editorial Mexicana (OEM), la familia Vázquez Raña también controla a las 70 ediciones locales del Sol de México, así como 24 radiodifusoras y 43 portales de Internet, todos con líneas editoriales complacientes con el poder. Al fallecer en 2015, Mario Vázquez Raña -hermano de Olegario-, su viuda, Paquita Ramos, heredó la presidencia de OEM y su fortuna.
La familia Aguirre concentra parte de las ondas radiofónicas desde hace medio siglo. El patriarca, Francisco Aguirre Jiménez, obtuvo en 1968 la concesión del Canal 13, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Su hijo, Francisco Aguirre Gómez, dirige actualmente Grupo Radio Centro, que aglutina a una cincuentena de emisoras radiofónicas, siete de las cuales están entre las más escuchadas de la Ciudad de México.
MVS, un grupo rival en la lucha por la banda radiofónica, pertenece a la familia Vargas y despidió a la periodista Carmen Aristegui, apenas cinco meses después de que su equipo de investigación reveló que Peña Nieto y Rivera Hurtado habitaban una lujosa mansión en las Lomas de Chapultepec, la cual había sido construida y financiada por Juan Armando Hinojosa Cantú, un contratista y amigo del mandatario.
Grupo MVS, ahora presidido por Joaquín Vargas Guajardo, opera cuatro cadenas de radio, cuatro de televisión y servicios de televisión de paga satelital -es dueño de Dish-; tiene además negocios bursátiles, hospitales y restaurantes.
En la familia Ealy el manejo de la información y la relación con las élites políticas también se transmite por la sangre: El Universal, el periódico de mayor tiraje, cuyo sitio Internet es el portal noticioso más visitado del país, está dirigido por Juan Francisco Ealy Lanz Duret, hijo de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del Consejo de Administración del grupo desde 1969.
“Pariente de exfuncionarios públicos, compadre de un exgobernador del estado de Coahuila, asiduo de los convites con presidentes y gobernadores, (Ealy Ortiz) lleva medio siglo en la cima del poder mediático”, plantea el informe.
Grupo Multimedios, el conglomerado que edita el periódico Milenio y su versión en línea, difunde el canal de televisión por cable y emite por radio, también lleva una relación estrecha con el poder.
El pasado 17 de octubre, Francisco González Albuerne, su presidente ejecutivo, apareció en una fotografía a punto de subirse a un helicóptero junto con Emilio Gamboa Patrón, el líder del PRI en el Senado, aparentemente rumbo a un campo de golf.
En el mundo de la prensa diaria en formato impreso, el Grupo Reforma figura como excepción. También pertenece a una dinastía de magnates de la prensa -los Junco de la Vega, que tiene periódicos desde el primer tercio del siglo XIX-, controla tres periódicos de gran distribución –Reforma, El Norte y Mural– y tiene una alianza con el portal AristeguiNoticias. Sin embargo, según el informe, mantiene una línea editorial independiente de los intereses gubernamentales.

El magnate Carlos Slim Helú, por su parte, opera en el mundo mediático a través de su portal de Internet UNOtv -que además envía “noticias” mediante SMS a los millones de usuarios de Telcel-, y todavía tiene participaciones en el New York Times.

“Cargada mediática”

“En México, es común que, pese a la gran cantidad de medios tradicionales de información, como periódicos, estaciones de radio y canales de televisión abierta y de paga, la cobertura de un mismo evento tenga el mismo enfoque, casi siempre conveniente para el gobierno en turno”, deplora el informe.
La cobertura homogénea de la vida política que realiza la mayoría de los medios es uno de los efectos dañinos del uso discrecional de la publicidad oficial, de la que depende la sobrevivencia de nueve de cada diez medios analizados en el informe.
Éste muestra que, para recibir su parte del pastel publicitario -590 millones de dólares en 2016-, los medios pactan con su línea editorial. Es, afirma el informe, “su mejor moneda de cambio”.
La ecuación es simple: “si los medios se alinean a los intereses del gobierno y forman parte de la ‘cargada mediática’ con otras empresas informativas, entonces recibirán grandes cantidades de dinero”; pero si deciden seguir una línea independiente y crítica, “los negocios del conglomerado podrían sufrir una asfixia económica o el dinero de publicidad oficial dejará de fluir.
“Entonces, sus dueños tendrán que elegir entre dos males: retirarse de la arena mediática o hacer concesiones en sus espacios informativos; si optan por sobrevivir, estarán también optando -quieran o no- por participar, cuando les sea requerido, en la ‘cargada mediática’”, resume el documento.
Además, 78% de los medios analizados pertenecen a grupos empresariales más amplios, que tienen intereses en sectores vinculados al gobierno federal -del que dependen a través de contratos públicos o concesiones-, como la construcción, la salud o las telecomunicaciones.
Un ejemplo: además de Grupo Imagen –que opera Excélsior y TV Imagen, entre otros–, Olegario Vázquez Raña es dueño de Grupo Empresarial Ángeles, cuyas empresas recibieron contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto por más de 37 mil 515 millones de pesos en los que va del sexenio, según una revisión exhaustiva al portal de contrataciones gubernamentales Compranet realizada por Apro.
“Con frecuencia, los conglomerados mantienen vivos sus negocios en medios de comunicación, aunque no sean rentables económicamente o deban estar subsidiados por otras empresas dentro del conglomerado, porque les permiten negociar su participación en la ‘cargada mediática’ a cambio de ganar licitaciones”, afirma el documento.
Y la cercanía con el poder no sólo se traduce en la cobertura homogénea de los eventos: también permite a los medios conseguir “entrevistas exclusivas” pactadas desde las oficinas del gobierno o “documentos inéditos”, filtrados por altos funcionarios para su propio beneficio o el descrédito de un rival político”, señala.