Arturo Alcalde Justiniani
El trabajo legislativo que
se realiza en el Senado, para modificar la Ley Federal del Trabajo y,
de esta manera, reglamentar la reforma constitucional de hace un año,
enfrenta una serie de obstáculos y riesgos que se verán incrementados si
el gobierno pretende acelerar su aprobación sin consenso y debida
instrumentación. La clave para superar estos escollos está en ser
congruente con la Constitución y no caer en el juego de aquellos
intereses que impulsan una regresión, pretendiendo volver a un sistema
de justicia ineficiente y parcial y a una contratación colectiva en
manos del patrón, teniendo como entorno la corrupción y la simulación.
Actualmente, por lo menos son cinco los factores que condicionan la
reforma. El primero, es el conflicto político que el gobierno federal ha
trazado contra el PAN, lo cual rompe temporalmente con la alianza que
en estos temas mantenían, respondiendo esencialmente a las peticiones
empresariales.
Un segundo elemento se relaciona con el contenido de la iniciativa de
ley presentada el siete de diciembre pasado por dos senadores priístas,
elaborada por encargo del gobierno federal, aunque procesada en la sede
de un despacho empresarial, que según se ha demostrado, se fue hasta la
cocina en sus pretensiones. Esta iniciativa ha recibido desde su
presentación el rechazo de todos los sectores, porque no sólo excede y
contradice el mandato constitucional, sino que es altamente lesiva para
todos y totalmente impracticable.
La tercera cuestión se ubica al interior del Senado. Hace días, el
presidente de la Comisión de Trabajo decidió migrar del PRI a Morena,
trastocando con ello los planes del gobierno. Atendiendo a la palabra
comprometida del líder del Senado, cualquier cambio en esta Comisión,
debe operarse en conjunto con otras comisiones, lo cual seguramente
llevará su tiempo.
El cuarto factor tiene una vinculación internacional. Al firmarse el
Acuerdo de Asociación Transpacífico, el gobierno mexicano se comprometió
a regirse por jueces laborales independientes, respetando los
principios de la Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa
reglamentaria de origen priísta que hoy se discute, va en sentido
contrario, pues invade las funciones del poder judicial por conducto de
un órgano administrativo tripartito que impone requisitos para el
ejercicio de derechos colectivos imposibles de cumplir por un gremio
auténtico, omitiendo el voto secreto para acceder a la contratación
colectiva. También nos encontramos en medio de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se ha visto
acompañada de una vigorosa presencia de gremios, organismos no
gubernamentales y legisladores de los tres países participantes que
consideran, con razón, que el modelo laboral autoritario y corrupto que
pretende reeditarse en México, por medio de la Iniciativa priísta, daña
los principios y derechos acordados para las tres naciones.
El quinto factor que condiciona el trabajo legislativo
preocupa al gobierno federal más que los otros; consiste en que una
reforma laboral regresiva, aprobada en estos momentos, sería el tiro de
gracia para su candidato presidencial, José Antonio Meade. Si bien
Enrique Peña Nieto tiene cifradas sus esperanzas en la compra del voto,
la manipulación de las instituciones y el aprovechamiento de la infame
pobreza de los municipios más olvidados, una movilización laboral en su
contra puede ser letal, porque desataría otros agravios, incluso en las
filas de los gremios laborales controlados. A esto se añade el hecho de
que en estos meses se ha articulado una amplia red de oposición al
proyecto gubernamental.
Frente a este panorama, el gobierno tiene la opción de seguir por el
camino de la imposición y aprobación de la iniciativa repudiada o
escuchar a quienes en congruencia con la Constitución y con las
necesidades del país plantean un camino diferente. Para ello, sería
necesario, en primer lugar, no incluir en los cambios a la ley laboral
temas ajenos a la reforma constitucional, como facilitar el despido
injustificado y afectar la estabilidad laboral por medio de la
contratación temporal sin contrapesos. Segundo, respetar la función de
los jueces laborales para que apliquen la ley sin la invasión del Centro
Nacional de Conciliación y Registro Laboral.
Nada tiene que ver este órgano administrativo en los conflictos
intergremiales o de titularidad de contratos y nada hay que conciliar
cuando un sindicato afirma ante el juez que representa a la mayoría de
los trabajadores, ya que sólo el voto de ellos podrá dilucidar esta
controversia y no una negociación únicamente explicable por un acto de
corrupción.
Tercero, ser congruente con la Carta Magna y, por tanto, rescatar el
gigantesco valor de una negociación colectiva decente y responsable, lo
cual implica que los trabajadores tengan facultad de decisión y
textualmente señalar la condición del voto personal, libre y secreto,
admitiendo también la opción de la huelga como un derecho humano
reconocido en el mundo, que no debe ser obstaculizado mediante
requisitos insalvables ni órganos administrativos ajenos a la función
jurisdiccional.
Cuarto, establecer un procedimiento ordinario con base en las mejores
prácticas del método oral para que un juicio no dure más de cuatro
meses, cuente con la cercanía del juzgador y se construya sobre la
veracidad en las declaraciones y reclamos.
El dilema del gobierno es atender a los principios constitucionales y
necesidades del país o seguir siendo aliado a los intereses de siempre.
Veamos en los próximos días por dónde decide transitar.
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