En México cada día son asesinados tres niños y
desaparecen otros cuatro, por lo que el Estado no cumple con su
obligación de garantizar un proyecto de vida y la dignidad de los casi
40 millones de menores de edad que habitan en el país, aseveró Juan
Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim).
El activista hizo circular un mensaje a través de redes sociales con
motivo de la masacre de tres niñas (de cuatro, 13 y 14 años) en Ciudad
Juárez, Chihuahua, y la difusión de un video con un presunto niño
sicario de cinco años, reportados recientemente.
Pérez García demandó al gobierno federal generar las condiciones
necesarias para reducir la violencia contra este sector, que ha obligado
a que ocho de cada 10 familias en el país ya no permitan que los niños,
niñas y adolescentes salgan a las calles y parques públicos, limitando
sus derechos a la diversión y a hacer una vida comunitaria.
La violencia, asociada a la impunidad y a la descordinación de los
tres niveles de gobierno para combatir estos hechos, ha generado altos
riesgos para los pequeños, como ser víctimas de reclutamiento por parte
de organizaciones criminales, de homicidios y, en el caso de las
mujeres, de feminicidios, entre otros delitos.
Datos oficiales, señaló Pérez García, muestran que de 2015 a julio de
2019 se han registrado en el país los homicidios dolosos de 4 mil 664
niñas, niños y adolescentes, donde ocho de cada 10 son varones.
En ese mismo periodo, agregó, se tiene reporte de 3 mil 297
feminicidios, de los cuales 317 corresponden a niñas por debajo de los
17 años, es decir, uno de cada 10 crímenes de género en México es contra
una menor.
Recordó que en 2011 y en 2015 el Comité de los Derechos del Niño, de
la Organización de las Naciones Unidas, advirtió al Estado mexicano
sobre el impacto negativo de la violencia en este sector, haciendo
énfasis en los asesinatos, feminicidios y reclutamiento de menores tanto
a fuerzas armadas como a grupos criminales.
Al referirse al video del presunto niño sicario, Pérez García remarcó
la necesidad de que las autoridades mexicanas reconozcan que existe el
fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos
criminales, como lo documentó la Redim en un informe publicado en 2010,
para hacerlos trabajar de manera forzada en laboratorios clandestinos o
en la cosecha de la mariguana
y, en algunos casos, lamentables, en la acción de sicariato.
En cuanto a la masacre de las tres menores en Ciudad Juárez, al
parecer por miembros del crimen organizado, pues se encontraron más de
100 casquillos en en lugar del crimen, el activista indicó que el caso
se debe dimensionar como una dinámica nacional y no un asunto local,
pues la expresión de estos hechos se da en varios lugares del país. Por
ello, exhortó a la Fiscalía General de la República a valorar la
posibilidad de atraer la investigación por ese hecho.
Demandó a las autoridades desarrollar una estrategia de protección a los menores, donde sus voces sean escuchadas.
No es un tema menor, de acuerdo con el artículo cuarto de la Constitución y los tratados internacionales: todos los funcionarios del Estado mexicano están obligados a colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otra prioridad, precisó.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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