Cumplirá recomendaciones de la ONU-DH
Realizan 104 observaciones para garantizar seguridad de activistas
El gobierno federal se comprometió a reconocer
públicamente la importancia de la labor de activistas y periodistas
frente a los riesgos que actualmente enfrentan en el ejercicio de sus
actividades; además sancionará a los funcionarios –federales y locales–
que no respeten ni garanticen la seguridad de los miembros de esos
gremios y cumplirá con todas las recomendaciones en la materia hechas
por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH).
Lo anterior, en respuesta al diagnóstico que la ONU-DH entregó sobre
el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas, que se presentó ayer.
En ese contexto, el titular de la oficina en México de la ONU-DH en
México, Jan Jarab, presentó el contenido del reporte y algunas de sus
104 recomendaciones, entre las que destaca: dar prioridad a las causas
que generan la violencia contra defensores y comunicadores; que desde
las más altas esferas del Estado mexicano, comenzando por la Presidencia
de la República, se reconozca la importancia de su labor, e instalar
una mesa de trabajo de la junta de gobierno del mecanismo para realizar
un monitoreo periódico del cumplimiento de las recomendaciones.
Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación (SG) –área de la que depende el mecanismo–
expresó el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por
cumplir con las propuestas hechas por la ONU-DH para transformar y
mejorar esa instancia de protección.
Durante el acto pidió un minuto de silencio en memoria de los 15
periodistas y 24 defensores de derechos humanos que han sido asesinados
en estos nueve meses de la nueva administración federal (de diciembre a
la fecha).
La ONU-DH tiene registro de 11 periodistas y 14 defensores asesinados
en lo que va de este año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
refiere que de 2000 a la fecha suman 153 homicidios de comunicadores y
21 desaparecidos desde 2005, mientras que de 2006 a agosto de 2019 hay
46 activistas asesinados y seis desaparecidos.
Mastache reconoció las limitantes del mecanismo (que opera desde
finales de 2012) detectadas por la ONU-DH, como la falta de personal,
con apenas 41 empleados; la carencia de medidas y protocolos preventivos
para evitar ataques; fallas en el alcance para proteger a todas las
personas en riesgo, entre otras.
Informó que se mejorarán las estrategias para contar con una mejor
cooperación internacional y que a partir de octubre de este año
comenzará la sustitución de los escoltas (de una empresa privada) que
protegen a algunos de los beneficiarios por elementos de la Policía
Federal, esto, dijo, podría representar un ahorro de 20 por ciento.
Jarab reconoció la apertura del gobierno federal para la elaboración
del diagnóstico, en particular del subsecretario de Derechos Humanos de
la SG, Alejandro Encinas, quien solicitó la realización del mismo.
Es una expresión de su verdadero compromiso con los derechos humanos.
Al ser interrogado sobre si con el actual gobierno se percibe una
situación de mayor riesgo contra comunicadores y activistas a diferencia
de administraciones pasadas, Jarab subrayó que se mantiene la misma
tendencia de años anteriores, pues en 2017 y 2018 se tuvo un promedio de
un periodista asesinado por mes.
Para el funcionario internacional, no sólo se trata de reforzar y
transformar el mecanismo, sino de mejorar en lo general la persecución e
investigaciones de delitos y la seguridad pública en general.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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