Editorial La Jornada
En el contexto de la reunión
para definir el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el
Gobierno Abierto, el martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, dio a conocer que la dependencia a su cargo estableció contacto
con grupos de autodefensa de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. De
acuerdo con la funcionaria, los encuentros sostenidos por el
subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, tuvieron como
interlocutores a integrantes de estas agrupaciones que buscan
desmovilizarse, dejar las armas, y, con la ayuda del Gobierno federal,
desarrollar proyectos productivos que les permitan reintegrarse de
manera plena al ámbito civil.
Las declaraciones de la ministra en retiro fueron descalificadas por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que su
administración no mantiene ningún diálogo con grupos del crimen
organizado, lo cual a su vez motivó una aclaración de Peralta Saucedo en
el sentido de que los grupos de autodefensa no pueden equipararse a la
delincuencia, pues tienen distintas dinámicas y motivos de ser. Estos
desacuerdos entre el mandatario y su gabinete continuaron durante la
conferencia de prensa matutina del jueves, donde López Obrador sostuvo
que el Gobierno federal no debe reunirse con grupos que operan al margen
de la Constitución, aunque su propósito sea brindar protección a sus
comunidades, y parecieron saldarse ayer cuando Sánchez Cordero informó
que detendrá los diálogos.
Más allá de la falta de coordinación en la política de seguridad
pública evidenciada por esta cadena de episodios, es pertinente analizar
con detenimiento la problemática de los grupos de muy diversa índole
genéricamente denominados
autodefensas. En primera instancia, es necesario hacer un claro deslinde entre las autodefensas que durante el sexenio anterior surgieron en amplias regiones del país, y las policías comunitarias que operan en las zonas indígenas del estado de Guerrero, las cuales cuentan con un contexto legal dentro de la Constitución guerrerense, son nombradas en asambleas públicas y están sujetas a la autoridad de sus comunidades en virtud de sus formas tradicionales de gobierno. Aunque no han logrado el mismo reconocimiento legal, los pueblos indígenas michoacanos como Ostula o Cherán deben ubicarse en este mismo ámbito.
En segundo lugar, debe distinguirse entre los grupos de civiles
armados que, de manera notoria a partir de 2013, surgieron en respuesta a
los niveles de violencia del cártel de Los Caballeros Templarios
en Michoacán. En ese contexto de deterioro crítico de la paz social,
militares, empresarios, campesinos y policías se organizaron en varios
municipios para frenar a los sicarios que se habían apoderado de la
región, a fin de restablecer las condiciones para llevar a cabo sus
actividades; al mismo tiempo, algunas células del crimen organizado
usaron la fachada de las autodefensas para mantener su control delictivo
sobre comunidades y caminos; mientras que civiles de a pie se armaron y
montaron guardias para proteger a sus familias. Estos grupos, que
compartían únicamente el título de
autodefensas, fueron confundidos por la estrategia del anterior gobierno federal de desarmarlos y judiciarlizarlos de manera indiscriminada, incluso cuando en un principio algunos de ellos recibieron el apoyo informal de las autoridades desbordadas por la violencia.
La proliferación de estos grupos no puede explicarse al margen de la
inseguridad en que se ven obligados a vivir la mayor parte de los
mexicanos –7 de cada 10 ciudadanos del país se sienten inseguros en la
ciudad donde viven, y en una decena de urbes esta cifra ronda o supera
90 por ciento–. De la misma manera, la inseguridad no puede explicarse
al margen de la impunidad con que el crimen organizado ha operado
durante años en varias entidades, donde existen claros indicios de
complicidad de la autoridad con los delincuentes. Esto último hace
necesario reiterar que el desarme de los ciudadanos que constituyeron
autodefensas como única estrategia de supervivencia a su alcance, sin
antes garantizar el desmantelamiento de la delincuencia organizada,
puede significar incluso una condena a muerte.
En suma, el de los civiles armados es un fenómeno complejo que no
admite generalizaciones, sino que requiere una estrategia integral de
recuperación de la paz, estrategia que hasta ahora no se ha
implementado.
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