Transparencia
De 117 solicitudes, sólo ha respondido a
cabalidad nueve
El Inai ha revocado 37 respuestas negativas
El
aumento de peticiones, a raíz de las nuevas tareas que le encomendaron
▲ El pasado 29 de abril, el presidente López Obrador encabezó una
ceremonia en la base aérea de Santa Lucía y dio inicio a los trabajos
preliminares de la contrucción del nuevo aeropuerto, obra que encomendó a
la Sedena.
Convertida en una de las dependencias más requeridas
durante este sexenio en materia de transparencia, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) es también una de las más reacias a entregar
la información solicitada: de 117 recursos que ha recibido el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), en 37 (31 por ciento) ha revocado la respuesta; en
53 (45 por ciento) la ha modificado por insatisfactoria y sólo en nueve
la ha confirmado.
Con un creciente protagonismo en la actual administración, que ha
diversificado su actuación hacia áreas en las que antes no estaba
involucrada, la Sedena ha tenido, en correspondencia, mayor número de
peticiones de información que debería estar en su poder.
Es el caso de la resolución del recurso 1992 de este año que resolvió
el pleno del Inai, relacionado con los proyectos y toda la información
relacionada con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la
actual base militar de Santa Lucía, en el estado de México.
La respuesta de la Sedena, utilizada en forma recurrente para negar la información, fue:
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento.
Ante la negativa y el recurso interpuesto, el Inai revocó la decisión
a partir de expresiones públicas del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien en varias ocasiones se ha referido expresamente al rol
central que desempeña la Sedena en esta obra, y ordenó que entregara la
información.
En materia de obras que le ha asignado el gobierno federal o mediante
acuerdos con ejecutivos estatales, la Sedena ha rehusado entregar
información remitiendo a los solicitantes a otros actores. Es el caso
del Hospital Infantil de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, acordado
con el Gobierno de la Ciudad de México, en el que rechazó entregar
cualquier dato y remitió al peticionario con la administración local
para la entrega.
El Inai ha revocado las respuestas para ordenar la entrega de
información en la medida en que la Sedena es actor central en la
construcción de ese inmueble. Situación similar a lo sucedido en la
construcción de un cuartel militar en los límites de Jalisco y
Aguascalientes, acordado con los gobiernos de ambas entidades, con
similar desenlace al revocar el Inai la respuesta.
En las peticiones se incluía la información acerca de empresas
subcontratadas y personal militar y civil contratado para la
construcción, entre otros datos.
Las respuestas negativas de la Sedena no sólo se asocian a obra
pública, también ha rehusado entregar la información que le fue
solicitada sobre el recibo de nómina del titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
La respuesta oficial fue:
No se encontró evidencia documental alguna, a lo que agregó:
normativamente el pago de percepciones al personal de la secretaría se realiza de manera electrónica, sin recabar firmas ni expedir recibos.
Esta respuesta fue revocada por el Inai con base en la legislación
fiscal, que obliga a la existencia de documentación que acredite el
pago.
Otra de las solicitudes de acceso a la información desechadas por la
Sedena fue el expediente del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo,
negado por la dependencia en primera instancia, porque
la secretaría está imposibilitada de confirmar si esa persona ostenta o no la personalidad militar.
Posteriormente, en el desahogo del recurso, la secretaría apeló a la
protección de datos personales, razonamiento que fue rechazado por el
Inai con el argumento de que sí era posible entregar una versión pública
del documento.
La Sedena rechazó, en principio, tener información sobre el tipo de mantenimiento que contrató para el avión presidencial José María Morelos y Pavón, que fue enviado a California.
Aunque en principio negó la información, por
no tener evidencia documentalde su existencia, en el desahogo del recurso entregó una información pública.
Foto Pablo Ramos
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
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