Por: Silvia Núñez Esquer
A
diez años del incendio de la Guardería ABC, en Sonora, madres y padres
afectados por el siniestro en la guardería donde sus hijas e hijos
murieron mientras se encontraban para ser cuidados, han cambiado.
Atrás quedaron aquellos confiados e ingenuos seres que, en cada
invitación, en cada reunión, ceremonia o fecha crítica, veían la
posibilidad de que al fin sus pequeños fueran honrados con el acceso a
la justicia.
Se nota en sus gestos, en su semblante, en sus palabras, en su
impaciencia por que quien los cite para el “seguimiento” al caso, les
diga para qué les convocó.
De aquellos disciplinados padres que se quedaban sentados frente a la
autoridad para escuchar hasta su última palabra, o su más reciente
oferta, no queda nada.
Y es que en diez años han conocido a tres presidentes de la
República, todos emanados de distintos partidos políticos. Alguna voz
disidente se atrevió a gritarle a un presidente y fue criticada, porque
la mayoría siempre conservaba la esperanza en los gobiernos.
Los tres presidentes han hablado con ellos, los han reunido, les han
enviado comisiones de avanzadas para prepararlos para su presencia y
buscar que el encuentro sea lo más terso posible.
Pero los padres ya no son los mismos. Ahora tienen los ojos abiertos.
Sus oídos ya no escuchan solo lo que quieren, sino lo que realmente se
está exponiendo.
Más aún, ahora lo analizan, no confían ciegamente en sus abogados,
que siempre fueron quienes guiaron los encuentros con las autoridades
indicándoles lo que tenían qué hacer, qué decir.
Ahora saben hasta dónde la participación de sus representantes
jurídicos es benéfica y en qué parte son ellos mismos quienes deben
actuar e incidir.
Y no es que estuvieran hechos con un molde, pues siempre hubo
manifestaciones de inconformidad por algunas madres y padres, pero lo
usual y general era que aceptaran las reglas de los presidentes en
cuanto a modo y forma para los encuentros.
El próximo lunes 2 de septiembre se reunirán por primera vez en
Hermosillo con el presidente López Obrador. Como preámbulo, este jueves
tendrían una reunión con Alejandro Encinas y el director del IMSS, entre
otros.
Pero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, no acudió al encuentro que tendrían en
Hermosillo, aunque es el funcionario de más alto nivel que estaría
presente.
Un error de tacto que puede costar que los ánimos suban de tono para
la reunión entre madres y padres ABC con el presidente de la República
el próximo lunes.
El nuevo gobierno federal no evaluó el cambio que han experimentados
estas mujeres y hombres que han utilizado el tiempo a su favor y ahora
son más conscientes de las violaciones graves a los derechos humanos de
que fueron víctimas sus niñas y niños, y ellos mismos.
Esa inasistencia por la razón que sea, más la imposición de una
agenda de trabajo, más la ausencia de respuestas a las preguntas
demandantes de las y los afectados, provocó que, por segunda ocasión, la
primera fue en Palacio Nacional con el propio presidente, un grupo de
madres y padres del caso ABC abandonaran la reunión a manera de
exigencia de seriedad y demanda de respeto.
Y es que aquellos seres que deambulaban movidos por el dolor, se han
transformado en unos activistas con un solo objetivo: Obtener justicia
por lo que consideran el asesinato de sus hijas e hijos por el
contubernio y corrupción entre los poderes político y económico.
Ese panorama que prevalecía en México relacionado al cuidado
infantil, derivó en un desorden generalizado en las estancias infantiles
subrogadas del IMSS.
Algunos padres y madres incluso han cursado la carrera de Derecho
para prepararse en el seguimiento al cumplimiento a la promesa que
hicieron a sus pequeños de no ceder en el intento de justicia por el
mayor crimen cometido contra la niñez mexicana.
Las y los afectados han crecido como ciudadanos, como seres
empoderados a través de la conciencia sobre sus derechos. Les molesta
entre otros, el llamado enfoque “igualitario” que quiere dar el IMSS a
todas y todos los afectados. “No sé cómo se pueda igualar una vida que
se perdió, a una persona que está lesionada”, reflexiona un padre.
Y es que ellas y ellos ya saben a qué tienen o no derecho. Conocen
los alcances de lo que pasó y lo que por derecho les corresponde. Luego
entonces no es fácil mantenerlos en una reunión, como niños que siguen
al maestro en un aula de clases.
Sus exigencias ahora van como víctimas indirectas, además de como
representantes de las víctimas directas, pero también como ciudadanos
que exigen sus derechos en todos sentidos.
El nombramiento de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos
Humanos, y su comisión para atender el Caso ABC fue un respiro y un
hálito de esperanza.
Pero su inasistencia ayer en Hermosillo, vuelve a poner en guardia a
quienes alguna vez confiaron en los gobiernos, pero que ahora saben que
sólo son un vehículo para obtener la anhelada justicia.
Sus rostros reflejan que están hartos. Sus palabras son contundentes
cuando paran los discursos y acciones de imposición. Y aunque algunos
consideran que ha habido avances, la mayoría no.
Ya solo quieren respuestas claras, acciones concretas, saben hasta
dónde puede actuar el gobierno federal, e identifican las omisiones
inmediatamente. Ya no les gusta perder el tiempo, y se nota.
El acercamiento con madres y padres ABC ha sido tardío por parte de
la nueva administración del gobierno federal. Y aunque la expectativa
era muy alta, pues sería el primer gobierno no involucrado directamente
con el negocio de las estancias infantiles, les está quedando a deber.
El gobierno federal no puede per sé impartir justicia, pero sí puede
empujar acciones hacia ese objetivo. La estrategia no debería ser la
misma que la de los dos gobiernos anteriores, que le apostaron a
entretener a las madres y padres afectados con promesas y algunas
acciones.
No es el mismo gobierno, las madres y padres ABC tampoco, ahora están hartos de promesas.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-
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