Tras calificar de
“exitosa” la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, con autoridades de Estados Unidos el 10 de septiembre cuando
venció el plazo de 90 días impuesto por Trump a México para frenar la
migración, el presidente López Obrador dijo estar satisfecho en virtud
de que, dados los resultados, ya no se volvió a insistir en el tema de
la imposición de aranceles que motivó la puesta en marcha de una serie
de medidas para “amortiguar” los flujos migratorios por parte del
gobierno mexicano. Al respecto el magnate de la Casa Blanca con su
acostumbrado tono arrogante y supremacista declaró recientemente: “Si
impusiera sólo 5% de aranceles a México, eso pagaría el muro, pero no
quiero hacerlo porque México ha sido fantástico” (Reforma, 18 de septiembre de 2019).
Pero de ninguna manera se puede confiar en el régimen imperialista de
Donald Trump y mucho menos en la turbulenta coyuntura electoral en que
está comprometida la reelección del mandatario neoyorkino el año
entrante. Por lo que la política anti-inmigrante, con el objeto de ganar
adeptos, seguirá su curso y se profundizará por parte del gobierno
norteamericano debido a que desde su campaña que lo llevó a la
“presidencia imperial”, Trump erigió la lucha contra la inmigración
ilegal y la construcción de un muro fronterizo como ejes de su campaña.
En el mismo sentido se inscribe la reciente expulsión de dos
diplomáticos cubanos de la ONU con el objeto de satisfacer intereses de
la llamada “comunidad cubana en el exilio” de la Florida y ganar, de
este modo, su adhesión electoral.
Una vez impuesto el status de
“tercer país seguro” a Guatemala, y México convertido en una especie de
“campo de refugiados” —como lo atestiguan los cientos de haitianos
retenidos en Tapachula— para los inmigrantes y deportados por Estados
Unidos con el slogan: “quédate en México” y bajo la custodia de la
Guardia Nacional, el gobierno norteamericano ha anunciado nuevas medidas
para continuar con su política (anti) migratoria.
Entre otras,
además de las que implican las derivadas de la condición de tercer país
seguro, figuran la aprobada por la Suprema Corte de Estados Unidos,
aunque de manera temporal, que posibilita la solicitud de asilo sólo a
aquellos que previamente la hayan tramitado ya sea en México o en
Centroamérica. Las solicitudes de todos los que no cumplan con esta
disposición automáticamente serán rechazadas. Al respecto, esta
realidad, ya de por sí perversa, se vuelve trágica para miles y miles de
personas que se encuentren en esta situación y que además tienen que
esperar los largos turnos para ser atendidos por las autoridades
migratorias estadunidenses. Porque además, como afirma el centro
independiente: Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, véase:
“Immigration Court's Active Backlog Surpasses One Million”, 18 de
septiembre de 2019, en: https://trac.syr.edu/whatsnew/email.190918.html )
de la Universidad de Syracuse asegura que las cortes de inmigración en
Estados Unidos tienen un enorme rezago de solicitudes que esperan
decisión en las cortes de inmigración: señala que en el mes de agosto
sobrepasó el millón de solicitudes, a las que se agregan 322,535 casos
adicionales que están pendientes, pero que no se han colocado en la
lista de casos activos, de tal modo que la “cartera de pedidos” supera
el millón 300 mil que corresponden a las cortes de inmigración de los
estados de Alabama, Carolina del Sur, Arkansas y Vermont.
En
esta dirección el gobierno de Trump anunció, a través, del Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en
inglés), una “nueva norma” en la que establece que “…aquellos
inmigrantes legales que se puedan convertir en una ‘carga pública’ —
(¿?) — no podrán obtener una visa, ni la residencia permanente” (la
famosa greencard), como tampoco la “ciudadanía estadounidense”.
Esta regulación se basa en la tesis de que “los extranjeros que quieran
residir en Estados Unidos deberán de ser capaces de mantenerse por sí
mismos sin los subsidios que otorga el Estado (como los food stamps, las ayudas para el pago del alquiler de habitación o bien el seguro del medicare).
De tal modo que cualquier persona, incluso con status de permanencia
legal en ese país, pero que reciba “ayuda pública”, será objeto de
deportación sin importar si tiene familia o hijos menores. Esta medida
afecta principalmente a quienes viven por debajo del umbral de la
pobreza y que cada vez más abultan las precarizadas ciudades
norteamericanas que las estadísticas oficiales se afanan en ocultar.
Es de esperar que en este contexto se expidan nuevas normas o leyes
encaminadas a frenar la inmigración y la permanencia legal o ilegal
interna, así como un incremento de las presiones de Washington contra
los países expulsores de fuerza de trabajo. Es el caso del reciente
acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos en temas de
seguridad y migración que, entre otros asuntos, permitiría “devolver a
El Salvador a quienes soliciten asilo en Estados Unidos.” Aunque el
gobierno salvadoreño negó que se tratara de un acuerdo que convierte al
país en “tercer país seguro”, sin embargo, en los hechos asume estas
funciones completamente en la lógica de los intereses geo-políticos y
estratégicos de Estados Unidos en la región.
De esta forma,
paulatinamente, el imperio del norte va imponiendo su Jaula de Hierro en
la férrea lógica de la “Doctrina Monroe” que concibe a América Latina y
el Caribe como su “patio trasero”.
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