Imanol Ordorika
Estudiantes, normalistas,
de Ayotzinapa, los más pobres de todo la nación, fueron atacados a
mansalva por policías estatales y municipales, en presencia de miembros
del Ejército y otras fuerzas federales.
El saldo fue de seis muertos: Julio César Mondragón, Daniel Solís y
Julio César Ramírez (alumnos normalistas), David Josué García
(futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo), Víctor Manuel
Lugo (chofer del autobús de Los Avispones) y Blanca Montiel (pasajera de
un taxi) y, al menos, 12 heridos: Fátima Viridiana Bahena (maestra),
Alfredo Ramírez (maestro), Enrique Hernández (chofer de taxi), Norma
Angélica Rendón (periodista), Hermenegildo Morales (agente del
Ministerio Público), Francisco Medina, Luis Ángel Torreblanca, Félix
Pérez, Carlos Adame, Pedro Rentería, Jorge León Sáenz y Facundo Serrano
(integrantes de Los Avispones).
Hay 43 estudiantes normalistas desa-parecidos: Bernardo Flores
Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel
Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda,
Jorge Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco
Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López
Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz,
Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora
Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez
Nava, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos
Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna
Torres, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José
Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes
Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel
Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo
Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraján de la Cruz,
Abelardo Vázquez Periten, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín
Getsemany Sánchez García, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez
Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa.
Fue un crimen de Estado. Así lo demostraron las variadas acciones de
las fuerzas del orden público, de nivel municipal y estatal en el
ataque; la responsabilidad directa del gobierno municipal y del
gobernador del estado de Guerrero, por acción u omisión; así como la
inacción de diversas instancias del propio gobierno federal, que estaban
enteradas de los acontecimientos. También la complicidad de las
policías locales, federales y el Ejercito, con grupos criminales durante
los ataques, el secuestro y la desaparición de los estudiantes.
Finalmente, la construcción, desde el gobierno federal, de un tejido de
complicidad, encubrimiento y protección a funcionarios, cuerpos de
seguridad e instituciones de nivel municipal, estatal y federal. Todo
esto ha sido demostrado por la investigación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Ayotzinapa.
Por el contrario, las procuradurías, estatal, en un primer momento, y
la General de la República, hasta su disolución, por incapacidad y con
intención deliberada, entorpecieron las investigaciones, destruyeron
pruebas, torturaron testigos y presentaron como verdad un conjunto de
explicaciones inverosímiles e insostenibles con hechos y pruebas. A esto
le llamaron
verdad histórica.
1º de julio, 2018, México.
Votantes en todo el país, mujeres y hombres, emitimos más de 30
millones de votos por el cambio. Una muestra impresionante de vocación
por la democracia, por la verdad, por la paz y por la presentación de
los desaparecidos, entre otras aspiraciones del pueblo mexicano. Los
resultados de la votación han generado grandes esperanzas.
26 de septiembre, 2019, México.
Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, Guerrero.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
La
verdad históricapende aún sobre la sociedad mexicana como un lastre. La podredumbre y violencia de las investigaciones, con las que se pretendió construir esa versión gubernamental, ha dado argumentos a algunos jueces para liberar a criminales y policías involucrados en los hechos de violencia de Iguala.
Las expectativas por encontrar a los desaparecidos, por conocer la
verdadera verdad de los hechos y por el castigo de los culpables
directos, de los encubridores y de quienes falsearon las
investigaciones, sigue creciendo día con día. La base para cualquier
investigación está dada por el informe del GIEI.
Mientras tanto, la herida todavía está abierta…
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