La Jornada
El Senado de la República aprobó
ayer las leyes secundarias de la reforma educativa, con lo cual ya sólo
falta la sanción del Ejecutivo para que se consume la derogación de los
cambios constitucionales en la materia legislados en 2012, y
promulgados en febrero y septiembre de 2013 por el ex presidente Enrique
Peña Nieto. De dichas normas –la Ley General de Educación, la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la
de Mejora Continua de la Educación–, la tercera es la que tiene mayor
resonancia mediática y social, pues termina con la evaluación punitiva
que el magisterio siempre denunció como una medida de precarización
laboral y control político.
Resulta inevitable celebrar el final de una reforma que fue monumento
a la corrupción, la arbitrariedad, la represión violenta de la
disidencia y la cerrazón institucional. En primer lugar, debe recordarse
que la denominada reforma educativa impulsada en el contexto del Pacto
por México era deliberadamente engañosa, pues su contenido nada tenía
que ver con aspectos pedagógicos, sino que formaba la parte central de
una embestida contra las conquistas laborales del magisterio. A su vez,
este designio hostil provocó una confrontación entre los docentes y el
Estado que marcó todo el sexenio de Peña Nieto, dividió de manera grave a
la nación y alcanzó tintes trágicos el domingo 19 de junio de 2016,
cuando elementos de las policías estatal y Federal asesinaron a ocho
pobladores de la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán que
respaldaban un bloqueo carretero de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE). También fueron víctimas mortales de
la represión los profesores David Gemayel Ruiz, arrollado por un camión
de policía el 8 de diciembre de 2015, y Claudio Castillo Peña, profesor
jubilado que falleció en febrero del mismo año tras recibir una golpiza
por parte de policías federales.
Además de estos extremos de violencia, el empecinamiento en imponer
la reforma antimagisterial se caracterizó por un grave desaseo en el uso
del poder público, en el curso del cual se judicializó la represión, se
fabricaron delitos absurdos contra los líderes de los docentes y se
emprendió un linchamiento mediático para estigmatizar a los maestros
disidentes en tanto enemigos públicos y únicos responsables de todos los
problemas que padece la educación en la nación. Esta satanización
supuso un pasmoso derroche de los recursos públicos: en sólo tres años,
el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio
Nuño, empleó más de 3 mil 600 millones de pesos en la campaña
publicitaria contra los docentes, con un delirante pico de mil 893
millones de pesos durante 2017 (5 millones por día).
Otras razones que hacían impostergable la derogación de dicha reforma
residen en su inocultable alineamiento con intereses privatizadores,
cuya cabeza más visible es el organismo paraempresarial Mexicanos
Primero, así como el espíritu corrupto que la vertebraba, reflejado en
la creación o fortalecimiento de una serie de instancias burocráticas
cuya única función real fue el reparto de cargos con sueldos
principescos entre allegados al poder.
Por último, es pertinente recordar que en este espacio siempre se
abogó por que en el diseño de la política educativa se tomara en cuenta a
todos los sectores del magisterio (algo que debería resultar de lógica
elemental, pues son ellos los encargados de aplicar cualquier plan en la
materia) y se hicieron continuos llamados a deponer la persecución en
favor de una resolución del conflicto mediante el diálogo.
Resuelta la pugna entre el magisterio y la Federación, y sin ignorar
que persisten diversos conflictos regionales que deben ser abordados, el
gran pendiente es aprovechar este clima de entendimiento con la
finalidad de sacar adelante lo que la reforma fallida nunca pudo ni se
propuso hacer: la construcción de un modelo educativo nacional para el
siglo XXI. Esta tarea, sin duda ardua y vasta, no atañe únicamente al
gobierno, sino al conjunto de la sociedad, con preminencia de todas las
vertientes del magisterio, los alumnos y los padres y madres de familia.
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