La activista Paula Flores Bonilla rechazó a nombre de
otras madres el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano
propuso para tratar el caso de su hija María Sagrario González Flores y
otras cinco mujeres más de entre 6 y 20 años víctimas de desaparición y
feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua,
caso que fue analizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
A 24 años de algunos de estos crímenes, ayer activistas y familiares
de víctimas de desaparición y feminicidio comparecieron en la audiencia
pública titulada Caso 13.377 de Silvia Elena Rivera y otras víctimas.
México sobre las niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad
Juárez.
En este espacio, las familias, Ivonne Mendoza, directora del Centro
para el Desarrollo Integral de la Mujer de Ciudad Juárez y
representantes de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y Red
Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, escucharon del Estado
mexicano una propuesta de solución amistosa que incluía medidas de
rehabilitación, compensación e indemnización para dar una reparación
integral de las víctimas y continuar las investigaciones por los
feminicidios.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de
la cancillería mexicana, Martha Delgado, afirmó que hace 10 meses se
inició una nueva etapa, de
gobierno, que empieza por un reconocimiento de la situación tan grave y vergonzosa de la actuación de nuestras propias autoridades a estos niveles.
Sin embargo, por la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido,
las víctimas consideraron inaceptable iniciar cualquier proceso de
solución amistosa, se expuso en el encuentro celebrado en el contexto
del 173 periodo de sesiones de la CIDH con sede en Washington, Estados
Unidos.
Por ello, solicitaron a la comisión adopte
a la brevedadun informe de fondo declarando al Estado mexicano responsable por haber faltado a sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención do Belém do Pará.
Yo no acepto una solución amis-tosa, lo único que me podrían ofrecer es a los verdaderos asesinos de mi hija, que se investigue con seriedad y responsabilidad. Eso es lo que yo y las demás madres aceptaremos al gobierno, sostuvo Flores Bonilla.
Ana Langner, Jesús Estrada y Rubén Villalpando
Periódico La Jornada
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