Ciudad de México. La Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto con
organizaciones de México, Nicaragua, Honduras, y El Salvador, llamó a
los gobiernos de la región a no utilizar la crisis del COVID-19 para
reprimir los Derechos Humanos.
“Exigimos que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de
seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total
respeto a los Derechos Humanos, y que no aprovechen la situación de
excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a
activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de
Derechos Humanos”, escribieron en un comunicado.
Para afrontar la crisis, es necesario aplicar una perspectiva
integral de cuidado colectivo y Derechos Humanos, “teniendo en cuenta la
dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque
interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y
género.” Las organizaciones recordaron que la irrupción a escala global
del COVID-19 está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre las
mujeres y sus comunidades. Llegaría a un mundo que ya enfrenta serias
crisis, por ejemplo, de cuidados, de cambio climático, de violencia y
desigualdad.
Planes de emergencia, basados en militarización
“Este modelo, basado en la depredación capitalista, racista y
patriarcal, en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante
décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales,
destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales
de cuidado colectivo. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo
común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una
mirada de Derechos Humanos y justicia social”, escribieron las
organizaciones.
Manifestaron su preocupación respecto a que los gobiernos se
aprovechen de la crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social. Informaron que en Honduras, El
Salvador y Guatemala ya se aplicaron planes de emergencia “basados en la
militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de
queda, fortaleciendo el autoritarismo. En Nicaragua nos preocupa que el
Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia
sanitaria y niegue el acceso a información de salud.”
También advirtieron que los estados de emergencia habrían limitado el
derecho de manifestación y expresión, y el libre desarrollo de las
actividades de las defensoras de Derechos Humanos. La organización
registró agresiones contra mujeres defensoras en Honduras, El Salvador y
Gualtemala, en el marco de la crisis.
Hace una semana, un grupo de expertas y expertos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados
a “evitar el exceso” de las medidas de seguridad en respuesta a la
pandemia. “Las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por
razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho
internacional, cuando los derechos fundamentales, incluidos el de
movimiento, el de la vida familiar y el de la reunión se ven limitados
sustancialmente”, apuntaron en un comunicado. “Las restricciones
tomadas para responder al virus deben ser motivadas por objetivos
legítimos de salud pública y no usarse simplemente para sofocar la
disidencia”, señalaron.
IM-Defensoras, llamó a organizaciones, colectivos, movimientos
sociales y población en general, a promover la solidaridad, afrontando
la situación actual con “todos los medios, creatividad y energía a
nuestro alcance para mantenernos sanas”, así como construir alternativas
de vidas que “cada vez son más urgentes y necesarias”.
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