CIMACFoto: María Esparza
Ciudad de México. La Red Nacional
de Abogadas Indígenas y la Red Nacional Indígena pidieron que se investigue, se
proceda penalmente y se conozcan los nombres de todas las personas que
integraban el grupo de WhatsApp “Sierra XXX”, donde se compartía
ilegalmente imágenes con contenido sexual o íntimo de mujeres indígenas Ayuujk .
El 20 de marzo medios
de comunicación del estado de Oaxaca revelaron la existencia del
grupo mensajería, integrado por funcionarios públicos en el que se encontraron
imágenes de la defensora Sandra Domínguez Martínez, quien al descubrirlo
presentó las quejas y denuncias correspondientes.
En dicho grupo
había funcionarios públicos locales y federales, entre ellos Donato Vargas,
extrabajador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI ) y Rolando
Vázquez Pérez, quien a raíz del conflicto “renunció” a su cargo como jefe de
plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, así como el líder Juan
Eliel Hernández.
En una carta
dirigida al Gobierno de Oaxaca, al INPI y a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, la red de abogadas expresó su preocupación porque funcionarios que
laboran en espacios donde se supone lideran la defensa de los derechos de la
población indígena, son quienes precisamente violentan estos derechos.
Aunado a lo
anterior, las abogadas condenaron la actitud del presidente municipal de
Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, en Oaxaca, Artemio Ortiz Ricárdez, quien
emitió un comunicado por medio del cual revictimizó y estigmatizó a la
denunciante, y respaldó a Rolando Vázquez Pérez.
Los actos de
Artemio Ortiz violentan públicamente a las víctimas y las deja en una situación
de extrema vulnerabilidad a otros actos de violencia y discriminación,
señalaron las abogadas, por lo que las integrantes de la red exigieron que se
inicien las carpetas de investigación correspondientes con la debida diligencia
y prontitud.
En la carta, que
también fue firmada por 78 organizaciones de mujeres, se pidió a las
autoridades involucradas, especialmente al INPI, investigar prácticas de
violencia sexual ejercidas por el personal a su cargo, sancionar estas
conductas y rescindir de sus puestos a quienes se encuentre responsables.
Asimismo, pidieron
se elabore y aplique efectivamente un protocolo de atención a la
violencia de género aplicable al INPI; y que se realicen filtros que
eviten este tipo de perfiles machistas y misóginos en sus instituciones.
A su vez, la Red
Nacional Indígena emitió un pronunciamiento para exigir que las autoridades del
estado de Oaxaca, tanto de la Secretaría de la Función Pública, como de la
Fiscalía General del estado, realicen las investigaciones correspondientes para
que se sancione de manera administrativa y penal a quienes resulten
responsables.
Las personas que
integran esta red aseguraron que el silencio ante este tipo de situaciones
denigrantes se puede entender implícitamente como complicidad, por ello
decidieron hacer pública su postura, para que las instituciones
correspondientes hagan valer el respeto irrestricto de los derechos de las
mujeres indígenas.
Con la misma
exigencia, más de 200 organizaciones de mujeres y 300 defensoras de Derechos
Humanos exigieron una disculpa pública al titular del INPI, Adelfo Regino
Montes, quien este fin de semana consideró como un “asunto personal” el caso
que involucra a funcionarios de su dependencia ejerciendo violencia sexual y
cibernética contra mujeres indígenas.
Las organizaciones
de mujeres indígenas, y mujeres afrodescendientes “con el permiso de la palabra
de las abuelas de nuestras naciones originarias”, manifiestaron su preocupación
por la violencia y expresaron temor por posible riesgo para las víctimas
directas.
“Se debe considerar
que en las comunidades indígenas el ser funcionario público aporta facilidades
para pactos patriarcales y de impunidad”, esto en un país caracterizado “por
sus altos índices de violencia machista y racismo”, advirtieron.
Tras conocerse la
denuncia pública, el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del
INPI, Rolando Vásquez Pérez, renunció a su cargo. Sin embargo, las defensoras
recordaron que la autoridad de Tamazulapam Mixe defendió públicamente, en un
comunicado, a este ex funcionario, originario de esta comunidad.
Cabe recordar que
la difusión de imágenes íntimas de mujeres se castiga en Oaxaca hasta con ocho
años de cárcel.
20/AGM/LGL
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