Agua y pueblos indígenas

Francisco López Bárcenas

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En nuestro país la fecha fue usada por el gobierno para exhibir su voluntad de no reconocer este derecho a los pueblos indígenas. No hubo actos públicos que dieran cuenta de ello, pero muchos pueblos así lo vivieron. Un ejemplo claro es el intento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de desconocer, o al menos reducir a su mínima expresión, los acuerdos tomados con la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) en los valles de Oaxaca. El caso tiene una importancia porque los acuerdos que se pretenden desconocer derivan de un mandato judicial y con ellos se busca operativizar el cumplimiento de derechos reconocidos desde hace mucho tiempo en el sistema jurídico mexicano y el internacional, de aplicación obligatoria en nuestro país, y de concretarse la negación de lo pactado, el gobierno seguiría violando el derecho de los pueblos indígenas.

Para apreciar lo grave del asunto es importante recordar que la Constitución federal establece el derecho de los pueblos indígenas de México para acceder de manera preferente a los recursos naturales existentes en los lugares que habitan, y el internacional extiende ese derecho a la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Con base en estas disposiciones, desde diciembre de 2014 un tribunal federal obligó al gobierno a realizar una consulta a los pueblos organizados en la Copuda sobre los destinos de parte del agua de los valles centrales de Oaxaca. Como parte de los acuerdos alcanzados en ella, la Conagua aceptó extenderles concesiones colectivas para que, como lo establece el derecho internacional, ellos la utilicen, administren y conserven, como establece el derecho internacional.

Ese acuerdo quedó establecido en el convenio signado el doce de octubre del año pasado por la titular de la Conagua, doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, y seis funcionarios más de esa institución que tienen responsabilidad en el Organismo de Cuenca Pacífico Sur, donde se ubican los pueblos con quienes se estaban comprometiendo. Pero no sólo ellos. También firmaron y se comprometieron a cumplir lo acordado, el director general y el coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como órgano técnico de la consulta; y, como garantes de lo acordado el presidente y visitador especializado en Pueblos Indígenas de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ninguna de estas autoridades se ha pronunciado ante los intentos del gobierno de desconocer sus compromisos. Por los pueblos firmaron sesenta y dos autoridades comunitarias; como testigo de honor firmó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur; como observador Jan Jarab, y Bernardo Serrano González, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Oficial de Derechos Humanos de la misma institución internacional.

Este convenio, vinculante para ambas partes porque tenían facultad para signar lo que firmaron, pero sobre todo porque está sustentado en docsumentos de derechos humanos que no se pueden desconocer, es suficiente para que la Conagua proceda a la extensión de las concesiones colectivas a los pueblos indígenas comprometidos, y éstos comiencen a administrar sus recursos hídricos. Pero a pesar del tiempo transcurrido eso no ha sucedido, y ahora el gobierno busca condicionarlas a un decreto presidencial donde se establezca la manera en que habrá de realizarse el aprovechamiento, administración y conservación del recurso hídrico a concesionar, violando el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y haciendo nulo el derecho pactado. De prosperar esta pretensión, el gobierno seguiría obligando a los pueblos a litigar en su contra para poder acceder a sus derechos, como si fueran sus enemigos, o peor todavía, como si no fueran mexicanos.

El asunto es grave. Como se sabe, alrededor de 23 por ciento del agua que existe en el territorio mexicano se capta en territorios indígenas, pero a pesar del derecho establecido en las leyes en favor de los indígenas, éstos no tienen acceso a ella porque el actual diseño de administración y aprovechamiento de ella está hecho para favorecer a la agricultura de exportación, a la industria y, en general, al capital. Nadie valora que gracias a la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y a sus concepciones culturales relacionadas con el agua, es posible la gran diversidad biológica del país y la agricultura tradicional que alimenta a una buena parte del país. Por eso es urgente que, al margen de la negación de los derechos de los pueblos indígenas al agua por el gobierno encargado de vigilar que este derecho se cumpla, sean ellos los que enfoquen sus esfuerzos para hacerlos realidad. Su carácter de pueblos les da la legitimidad para hacerlo.