Ciudad de México. El plan de atención a la población
más vulnerable frente al COVID-19 que anunció el presidente de México y
parte de su gabinete por el inicio de la Fase 2, no consideró acciones
para mitigar el impacto desigual que éste tendría en la vida de las
mujeres.
Al anunciar este 24 de marzo en la conferencia de prensa matutina el
plan de atención a la población más vulnerables frente al COVID-19 y el
inicio de la Fase 2 de la contingencia, Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de Salud; José Rafael Ojeda, titular de la
Marina; Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA); y Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito
Público, no reconocieron el impacto diferenciado en la vida de las
mujeres que traerá el COVID-19 y no especificaron ninguna medida que lo
mitigue.
Por el contrario, el presidente de México llamó las familias a
organizarse para el cuidado de las personas adultas mayores, quienes
están siendo las más vulnerables frente a la epidemia; y responsabilizó
de estos cuidados, en concreto, a las hijas.
“Hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los
adultos mayores. Ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicar más. Es un
hecho, es conocido, que sobre todo las hijas cuidan a los padres, los
hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre
pendientes de sus madres, de sus padres”, dijo López Obrador.
La ausencia de la perspectiva de género en el plan de atención
contradice las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, quien aseguró el pasado 20 de marzo a pregunta
expresa de esta agencia de noticias que desde hace varios meses existía
un plan para atender la emergencia ocasionada por el COVID-19 y que éste
tenía perspectiva de género. El funcionario evadió detallar en qué
consistía esta perspectiva al asegurar que era el Consejo General de
Salubridad a quien le correspondía dar esta respuesta.
Cimacnoticias solicitó al Consejo General de Salubridad, y otras
dependencias que lo integran, que informen sobre las acciones con
perspectiva de género de ese plan, pero hasta ahora no ha habido
respuesta.
El plan del gobierno federal carece hasta ahora de perspectiva de
género. Distintos organismos internacionales como la Organización de los
Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y el Comité de Expertas de la Convención Belém Do Pará,
alertaron desde días pasados que las medidas de confinamiento en los
hogares por el COVID-19 traería a las mujeres mayor carga de cuidados y
limpieza, así como mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso por sus
condiciones precarias, informales y desiguales de trabajo.
De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres realizan 59 horas de trabajo
de cuidados no remunerado. Además, en México los hombres dedican en
promedio 4 horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de
cuidados, y las personas de hogares con ingresos más altos dedican menos
horas a este trabajo que las de hogares con ingresos más bajos, con
base en datos de OXFAM.
Estos organismos recomendaron a los gobiernos tomar medidas con
perspectiva de género para mitigar esta desigualdad, entre ellas que
quienes tengan a cargo el cuidado de otras personas puedan contar con
políticas flexibles para atenderles sin afectar su estabilidad en el
empleo o sus prestaciones laborales; y que, en caso de que se decrete
una cuarentena generalizada, se generen planes de contingencia para que
las labores que realizan las mujeres a cargo el cuidado de otras
personas puedan ser subsumidos por otras personas sin que esto afecte su
ingreso o sus derechos laborales.
Otras medidas son generar esquemas de pagos únicos por causa de
fuerza mayor en las instituciones, organizaciones y empresas que no
formen parte del salario cotidiano para que las familias puedan
enfrentar el aislamiento sin que se vean afectados sus derechos mínimos a
la alimentación, a la salud y a la vida digna, entre otros; así como
subsidios por parte de los gobiernos para las mujeres y hombres que
trabajan en la informalidad o que su sustento dependa de la reactivación
de la economía.
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