CIMACFoto: Samantha Bushman
Ciudad de México. A pesar de las muchas advertencias
de organizaciones civiles y gobiernos de otros países e incluso el
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de que la violencia
familiar contra las mujeres y niñas puede aumentar con las medidas de
contingencia ante el COVID-19, el Gobierno Mexicano no considera la
atención a víctimas de violencia un eje de sus medidas para mitigar el
impacto del virus en el país.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni siquiera ha
liberado los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para 2020, un monto de 405 millones 003 mil 761 pesos,
criticó la Red Nacional de Refugios (RNR), quien ayer publicó un
llamado, firmado por más de 400 organizaciones y personas, en donde
exige la liberación inmediata del presupuesto etiquetado para 2020.
“Sería preocupante que la SHCP otorgara, como anunció el 24 de marzo,
4 millones 500 mil pesos a la Secretaría de Defensa Nacional y a la
Secretaría de Marina para el Plan DN-III y el Plan Marina ante la
pandemia del COVID-19, pero que no considere aumentar las medidas para
la otra pandemia que enfrenta el país, las violencias familiares”, dijo
la Red en el comunicado.
“Los procesos administrativos no pueden estar por encima de los
Derechos Humanos, la vida y seguridad integral de cientos de mujeres e
infancia no pueden ponerse en riesgo”, urgió el pronunciamiento. La
directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, explicó a Cimacnoticias que
la liberación de recursos es tan importante, porque es sólo el primer
paso administrativo.
Después, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que
desde este año retomó la responsabilidad para los refugios de la
Secretaria de Salud, tendrá que publicar los lineamientos, los cuales
son la base para las aplicaciones de los refugios. En otro paso, se
tienen que evaluar las aplicaciones y definir el monto que recibe cada
establecimiento. Sólo después de estos pasos, se darían las
transferencia a los refugios y sus Centros de Atención Externa.
Si Figueroa Morales estuvo ligeramente optimista
después de iniciar el trabajo con el Indesol, ahora teme que ante la
crisis del COVID-19, se dará prioridad presupuestaria a otros temas. Y
eso, cuando el combate a la violencia familiar debería de ser parte de
una estrategia integral ante la pandemia. “La Secretaría de Salud
declaró ayer que se suspenden las labores administrativas de la
Administración Pública Federal, dejando claro que van a continuar los
servicios que sean indispensables para afrontar esta emergencia, pero ni
el Plan A ni el Plan B, mencionan a los refugios”, dijo la defensora.
Exigió que el gobierno declare los refugios un “servicio
indispensable” para afrontar la crisis, viendo que la demanda de las
mujeres víctimas de violencia ya aumentó: Entre enero y febrero 2020,
los ingresos a los Centros de Atención de la RNR se incrementaron en un
30 por ciento, y desde que la red lanzo su campaña “Aislamiento sin
Violencia”, el martes 17 de marzo, las consultas diarias vía telefónica y
redes sociales aumentaron a 160. Antes, eran 60, afirmó Figueroa
Morales.
La funcionaria puso en duda el anuncio de la Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de presentar su propuesta para
atender a las mujeres en temas de violencia mañana. “De todos modos, ya
sería bastante tarde. Pero además, ni siquiera puso en su discurso los
refugios”, opinó.
Mientras que Austria ha sido hasta el momento el único país en
anunciar una estrategia integral para atender a las mujeres en situación
de violencia durante la pandemia, por ejemplo, reforzando el personal
en las líneas de atención y agilizando los procesos de denuncia, en
otros países europeos se está discutiendo habilitar hoteles para recibir
a mujeres que huyeron de sus agresores.
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