CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. El Comite de Expertas del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI),
advirtió que muchas de las medidas que se están tomando para mitigar las
consecuencias del COVID-19 pueden tener un efecto desproporcionado
para mujeres y niñas, y que en algunos casos, puede exacerbar la
violencia en su contra, por lo que recomendó tomar medidas necesarias en
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas
durante la crisis.
El llamado abarca los tres temas de la prevención de la violencia, el
trabajo del cuidado, y el acceso a la salud. Relacionado al primero,
las expertras destacaron que “un porcentaje muy alto de las mujeres y
niñas en la región son violentadas por sus parejas, sus familiares o por
las personas con las que conviven cotidianamente. En este sentido, el
aislamiento forzoso que conllevan las cuarentenas enfrenta a las mujeres
a un riesgo muy alto de que se extreme la violencia en su contra al
convivir tiempo completo con sus victimarios.”
Las acciones promovidas son el establecimiento de albergues y
refugios; campañas de publicidad para dar a conocer los medios a través
de los cuales las mujeres pueden denunciar, tomando en cuenta
establecimientos a los que sí se puede acceder en caso de cuarentena,
como supermercados y farmacias; crear “células de reacción inmediata”
para atender eficazmente las denuncias y los casos de violencia de
género; fortalecer las medidas de protección; mantener activas las
medidas para prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia contra
las mujeres y las niñas; así como evitar la venta de alcohol, drogas,
armas y cualquier otro detonante de la violencia de género durante los
periodos de aislamiento.
En México, el Inmujeres publicó “recomendaciones para la sana
convivencia durante la fase 2 del Covid-19” y el número de emergencia
para mujeres violentadas, sin embargo, ésta no opera las 24h,
y mujeres en situación de violencia deben llamar al 911. Hasta el
momento, no se han distribuido materiales en supermercados y farmacias.
Siguen abiertos los casos penales y se emiten medidas de protección,
pero se han reducido los horarios de atención en los tribunales.
Relacionado a los trabajos del cuidado, las expertas del MESECVI
hicieron hincapié en que las mujeres son las que “generalmente están a
cargo de las labores domésticas y del cuidado de las niñas y los niños,
de las personas adultas mayores, de las personas enfermas, y de las
personas con alguna discapacidad.”
Por eso, pidieron a los gobiernos facilitar al personal femenino de
sectores necesarios, como clínicas, hospitales, farmacias, o
supermercados, el acceso de manera digna y segura al cuidado de las
personas bajo su cargo y que se establezcan medidas para el cuidado de
las personas que se encuentren a cargo de las personas infectadas por el
COVID-19; políticas dentro de las empresas, instituciones y
organizaciones para que las mujeres y los hombres puedan hacerse cargo
de sus hijas e hijos a partir del cierre de escuelas sin que esto les
afecte ninguna de sus prestaciones o derechos laborales.
Además, se recomendaron “políticas flexibles” para que las medidas
sanitarias no afecten la estabilidad en el empleo de las personas que
están a cargo del cuidado de otras personas; y que se asegure el cuidado
de las personas que no han podido ser atendidas por quienes están a su
cargo por la imposición de restricciones a la movilidad.
En México, el plan de atención a la población más vulnerable frente
al COVID-19 que anunció el presidente por el inicio de la Fase 2, no consideró acciones para mitigar el impacto desigual que éste tendría en la vida de las mujeres. De acuerdo con datos del Inmujeres,
63.7 por ciento de las mexicanas ocupan su tiempo al cuidado de
integrantes del hogar de 0 a 14 años, el 5.6 por ciento cuida a personas
de 60 y más años, y 9.8 por ciento realiza cuidados de integrantes del
hogar por enfermedad crónica, temporal o discapacidad.
En el tercer eje, la salud, las expertas del MESECVI recordaron que
“las mujeres y las niñas tienen menos acceso a prestaciones de seguridad
social y a condiciones de vida digna por la discriminación estructural a
la que se encuentran sujetas en los centros de trabajo, por el trabajo
que realizan en la informalidad y por el tipo de actividades
históricamente designadas a las mujeres.”
Habría otras mujeres que no pueden acceder a la salud por su
condición de discapacidad, migrantes, refugiadas, adultas mayores, o por
pertenecer a grupos históricamente discriminados, destacaron. Por lo
tanto, sería necesario que las mujeres y niñas puedan acceder a los
servicios de salud “sin importar las condiciones laborales, estatus
migratorio o cualquier otra categoría.”
El Comité también recomendó a los gobiernos generar “esquemas de
pagos únicos por causa de fuerza mayor” en las instituciones,
organizaciones y empresas, “que no formen parte del salario cotidiano”,
para que las familias puedan enfrentar el aislamiento sin que se vean
afectados sus derechos mínimos a la alimentación, a la salud y a la vida
digna.
El Inmujeres informó el 24 de marzo
que 472 millones 781 mil personas se dedican a la enfermería con un
grado técnico o especializado en todo el país, de las cuales el 79.1 por
ciento son mujeres. Las personas trabajadoras en el cuidado de otros
que incluye a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores,
suman 359 millones 783 mil, de las cuales 95.7 por ciento son
mujeres, lo que las coloca “en un mayor riesgo de exposición al contagio
comparadas con los hombres”, concluyó la institución.
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