“En ese sentido,
hemos solicitado de manera reiterada a la Fiscalía lo que por derecho le
corresponde a nuestras hijas y a sus familias como víctimas indirectas: la
justicia, que pasa por el ejercicio libre y sin condicionamiento alguno, ni
hechos de corrupción, ni de protección a quienes resulten implicados, lo que
hasta el día de hoy no ha sido garantizado por el Fiscal Rubén Vasconcelos
Méndez, a quien le decimos que, si no puede, renuncié”, expresaron en un
documento conjunto.
Negligencias y
omisiones en los procesos de investigación por parte de elementos de la
Fiscalía General del Estado son puestos al descubierto por cada una de ellas.
Estos son los casos:
1.- Leslye Wilson
Pérez, de 25 años de edad, fue asesinada el 21 de noviembre de 2011 cuando fue
arrojada desde un sexto piso en el Fraccionamiento Punta Vizcaya en el conjunto
habitacional de El Rosario, en un municipio conurbado a la capital oaxaqueña.
En un principio se
pretendió disfrazar de suicidio y fue gracias a peritos de la entonces
Procuraduría General de la República que se demostró que había sido lanzada al
vacío.
De los siete
involucrados sólo una está en proceso Zuilma O.M., los otros involucrados
Ogilvie Berenice M.S., Jael Jair C.M., Cecilia R.S., Eréndira Osiris R.S.,
Abraham Abdalá R.S., y Edel Jaiver S. V., todos familiares directos de la
extinta exsenadora del PRI, Cirila Sánchez, siguen en libertad.
Berenice M.S. fue
detenida en febrero de 2014, pero absuelta en mayo de 2015; Jael Jair C.M., fue
detenido en noviembre de 2015 pero liberado en 2018, posteriormente fue
asesinado en una céntrica calle de la capital oaxaqueña en mayo de 2019.
Cecilia R.S., fue
detenida en la ciudad de México en abril de 2015 y en octubre de 2017 “de
manera extraña le fue girada una orden de libertad a las 12 de la noche. Se apeló
ante el Juez y en noviembre de 2018 le fue revocada la sentencia absolutoria,
le giraron una orden de reaprehensión y recibió una sentencia de 30 años, así
como el pago de reparación del daño por 134 mil 378 pesos.
Cecilia R.S. al
igual que su hermana Eréndira Osiris R.S., y Abraham Abadalá R.S. están
prófugos de la justicia, lo mismo que Edel Javier S.V. La única persona que
está recluida es Zuilma O.M.
2.- María del Sol
Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada, con armas de alto poder, junto
con la regidora con licencia Pamela Itamaray Terán Pineda y el chofer de ésta,
Adelfo Guerra Jiménez, el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza.
Fotógrafa y
videasta era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de
la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado. Enviada en
una flagrante violación a la ley electoral por el priista Francisco Montero
López, titular de la SAI, a cubrir la campaña política de su hermano, entonces
regidor de Juchitán y candidato a la alcaldía por el PRI-PVEM-PNA, so pena de
perder su empleo.
La investigación
que habría arrojado diversas vertientes sigue en ciernes. Un solo detenido al
que no se le ha podido realizar la audiencia intermedia por “errores técnicos
de la fiscalía”, aunque se trata tan solo del “eslabón más débil de la cadena,
pues falta por dar con quienes habrían sido los autores materiales y sobre todo
los intelectuales de la triple ejecución.
Se abrieron dos
investigaciones más. Una en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
misma que se judicializó hasta diciembre de 2019, es decir, un año y medio
después de los hechos. Y otra por el robo del equipo propiedad de mi hija: una
cámara de video y otra de fotografía, así como una computadora MacPro, esta
judicializada un año después.
La dilación y
omisión de las autoridades en los tres casos sin duda permiten observar la
clara protección a actores políticos afines al PRI.
3.- Silvia Ivanna
Mingo López, de 26 años de edad, murió en un accidente automovilístico el 21 de
octubre de 2018 en la ciudad de Oaxaca, cuyo responsable es Alfredo D.C., líder
juvenil del PRI, además de la implicación de Rebeca Leticia C.N., madre del
acusado de “homicidio culposo” y en esos momentos delegada de la Profeco, ha
sido acusada por obstrucción de la justicia.
Ante la impericia
de la Fiscalía, la familia tuvo que efectuar diversas actividades para poder
realizar la imputación a Alfredo D.C. “por todos y cada uno de los delitos en
los que incurrió”, esto debido a que el accidente sucedió a las 03:00 horas y
la víctima fue llevada poco antes de las 07:00 horas al hospital general Dr.
Aurelio Valdivieso, aunado a los datos que arrojó la autopsia que señala que
Ivanna murió alrededor de las 05:00 de la mañana. Es decir, la víctima estuvo
casi dos horas sin atención médica.
Entre las
actividades solicitadas destacan: entrevistas con el personal del bar le
Musique, de donde salieron el imputado y la victima; las declaraciones de las
enfermeras y personal de vigilancia del Hospital General Aurelio Valdivieso,
por cierto ubicado a solo unas cuadras de donde ocurrió el accidente; los videos
de todas las cámaras del hospital; declaraciones y videos de vecinos de la casa
de la madre del imputado Rebeca Leticia C.N.; y peritajes de criminalística,
entre otros. Sin embargo, y a pesar de que el Fiscal Vasconcelos se había
comprometido a realizar las investigaciones, el tiempo pasó, por lo que si se
cuenta con ellas es porque la familia de Ivana las consiguió.
En diciembre pasado
y ante la falta de resultados llevó a la familia a solicitar el cambio de la
agente del MP, Roxana Reyes Vasquez, lo que ocurrió dos meses después.
Otra irregularidad
detectada es en la actuación del médico forense Jaime Alfonso Mayoral Vásquez,
quien menciona en un primer dictamen que Ivanna murió alrededor de la 05:00
horas, sin embargo, tres meses después cuando tuvieron las copias de la carpeta
de investigación, el dictamen forense, firmado por el mismo médico, señala que
la muerte de Ivanna fue instantánea. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién le ordenó
que hiciera una reconsideración?
Las irregularidades
en los tres casos revelan con claridad diversos actos de negligencia y
omisiones cometidos por la Fiscalía General que encabeza Rubén Vasconcelos y la
protección a personas ligadas al PRI. Partido político al que ya hemos
solicitado dejé de solapar a estos criminales.
Las familias hemos hecho reiterados llamados para el esclarecimiento
de los hechos no sólo ante Vasconcelos, sino también ante el gobernador
Alejandro Murat, quien escudado en la “supuesta autonomía” de la
Fiscalía no parece inmutarse, para nosotras, las madres y familiares de
Ivanna, María del Sol y Leslye, asumimos su falta de respuestas como un
acto de complicidad y protección a los responsables. A pesar de todo,
seguiremos exigiendo justicia para nuestras hijas.
20/CLV/LGL
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