Este fin de semana se llevó a cabo en Mexicali, Baja
California, una consulta para determinar si se permite la operación en
esa ciudad de una planta en construcción de la cervecera trasnacional
Constellation Brands. Aunque al cierre de esta edición no se habían
difundido los datos de la segunda jornada de votación (ayer domingo),
los resultados de la primera (realizada el sábado) permiten hacerse una
idea de las tendencias: 68.3 por ciento de los votos emitidos fueron por
el
no, mientras el
sílogró apenas 29.5 por ciento. La baja participación ciudadana (menos de 15 mil votantes de una lista de más de 700 mil) no refleja la intensa polarización que ha caracterizado el conflicto por la planta cervecera.
Los movimientos ambientalistas y de resistencia locales han señalado
desde hace años que permitir esa planta industrial dejaría sin agua a la
población, en una zona agobiada por la escasez de recursos hídricos.
Por añadidura, los opositores acusaron al gobierno federal –organizador
de la consulta– de parcialidad en favor de la cervecera, a la cual
acusaron de incurrir en múltiples irregularidades y prácticas
fraudulentas en las dos jornadas de votación.
Por su parte, la Coparmex y sectores de la oposición política han
defendido los intereses de Constellation Brands con el argumento central
de que impedir su instalación, cuando la firma tiene los permisos
necesarios, conllevaría un mensaje negativo para la inversión extranjera
y ahuyentaría al capital.
La virulencia de esta postura llegó ayer a niveles de clara
imprudencia con el llamado del organismo cupular empresarial a boicotear
la consulta y el amago de buscar la remoción por la vía judicial del
presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por supuestas violaciones legales
implícitas en el ejercicio democrático realizado. Además, la Coparmex
recurrió al argumento de que llevarlo a cabo resultaba peligroso e
irresponsable en momentos en que el país se encuentra en contingencia
por la pandemia de coronavirus.
En suma, la gestión del conflicto mexicalense representa un desafío
para la condición del Ejecutivo federal como árbitro de disputas entre
sectores de la sociedad y, particularmente, en lo que se refiere a
posiciones encontradas entre grandes proyectos industriales y/o
comerciales, por un lado, y movimientos comunitarios y ciudadanos en
defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.
No debe ignorarse que en el territorio nacional prolifera esa clase
de conflictos y el desenlace del que tiene lugar en Mexicali puede dar
una pauta de cómo serán encauzados.
Por lo demás, sería deseable que quienes hoy se lamentan por la
posible inviabilidad de la planta cervecera tomaran en cuenta que el
gobierno de la Cuarta Transformación honró en la ciudad bajacaliforniana
sus propósitos de separar el poder económico del político y de
involucrar a la sociedad en la toma de decisiones democráticas sobre
proyectos y desarrollos que, para bien o para mal, afectan a la
población y deben someterse, en consecuencia, a la previa aprobación de
los habitantes.
Cabe esperar que tanto ciudadanos como el sector empresarial nacional
e internacional y sus representantes comprendan el sentido de esta
práctica saludable y necesaria y se acostumbren a ella.
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