Pedro Miguel
En la semana anterior
el desbarajuste económico mundial precipitado por las medidas de
contención de la pandemia golpeó a México con la caída de los precios
internacionales del petróleo y el derrumbe de la moneda nacional frente
al dólar. Por añadidura, el sábado pasado la frontera común con Estados
Unidos quedó parcialmente cerrada. La política continental del país
experimentó un grave revés con la relección de Luis Almagro como
secretario general de la OEA, y para colmo se cayeron un helicóptero de
la Marina, en Veracruz, y un tramo del techo de la Central de Abastos en
la capital. Y mientras en Italia, España y otros países aumentaba el
pánico generalizado y las muertes por Covid-19, las oposiciones –la
mediática, la política y la empresarial– incrementaron su golpeteo y sus
campañas de pánico. La fábrica de mentiras y rumores operada por los
comentócratas elevó la producción a su máxima capacidad con la esperanza
de aprovechar la oportunidad de un gobierno al que suponían acorralado.
Pero la Cuarta Transformación, un fenómeno nacional más amplio que el
gobierno lopezobradorista, siguió su marcha a pesar de todo. Los
movimientos sociales de Mexicali ganaron la consulta realizada el sábado
y el domingo y pararon en seco el empecinamiento de instalar una planta
cervecera que habría dejado sin agua a una ciudad enclavada en una
región seca. La Coparmex hizo un berrinche proporcional a la magnitud de
los intereses financieros afectados y hasta amenazó con buscar la
remoción por la vía judicial del Presidente y de la secretaria de
Gobernación. Y a pesar de la peste de opinionitis aguda
orientada a desacreditar el manejo gubernamental de la crisis, las
autoridades iniciaron hace una semana la suspensión de clases, el lunes
arrancaron la Jornada Nacional de Sana Distancia y en los días
ulteriores adoptaron medidas más severas de distanciamiento social para
hacer frente a la Fase 2 de los contagios de coronavirus, todo ello con
un manejo científico e impecable que mereció –por segunda vez desde
enero– el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud.
En el frente económico –en el que ningún gobierno, por rico que sea,
se dará abasto para lidiar con los efectos de la paralización de
actividades– López Obrador había anunciado el pago por adelantado de
cuatro meses de pensiones a los adultos mayores. Adicionalmente anunció
que las arcas públicas disponen de ahorros de 400 mil millones de pesos
para mitigar los efectos del parón económico y la integración de un
fondo de 25 mil millones para microcréditos a un millón de pequeñas
empresas que, sin duda, están en serios aprietos. Así, hacia el fin de
la semana, las instituciones federales llegaron a una suspensión de
actividades para reforzar el distanciamiento con el que se espera
reducir al mínimo posible el incremento de los contagios, un fenómeno
que ciertamente va a producirse.
A mediados de la semana el Senado aprobó dar a los programas sociales
del actual gobierno –pensiones a adultos mayores, becas para
estudiantes y cobertura universal de salud– rango de derechos
constitucionales, en lo que significa un enorme paso en la construcción
del Estado de bienestar. Un día después vino la aprobación de la Ley
para la Protección del Maíz Nativo, legislación clave para mantener a
raya la voracidad de las empresas dedicadas al tráfico de biopatentes y
transgénicos. Un sector del empresariado empezó a colaborar en forma
significativa con donaciones millonarias para adquirir equipos médicos y
y los bancos anunciaron aplazamientos en los cobros de créditos.
Ante la solidez del desempeño gubernamental en el control de la
crisis –la sanitaria y la económica–, la propaganda sucia de los
opositores de todas las vertientes ha quedado reducida a la
insustancialidad. Aunque es imposible probarlo, tal vez la desazón de
algunos actores y sectores políticos desplazados no sea ajena a la ola
de saqueos ocurridos en días recientes en comercios de la capital y el
estado de México –unos 30–, hechos delictivos alentados desde grupos de Facebook y Whatsapp que
no son producto de la necesidad sino del oportunismo, según dijo el secretario capitalino de Seguridad Ciudadana, al informar que no estuvieron dirigidos a obtener alimentos sino bebidas alcohólicas, cajas de cigarros, ropa, zapatos tenis o teléfonos celulares.
Imposible olvidar lo que ocurrió a escala nacional a principios de
2017, cuando al calor de las movilizaciones populares en repudio al gasolinazo
del primero de enero, grupos organizados se lanzaron a desvalijar
supermercados en varias entidades, en lo que muchos interpretaron como
intento de autoridades de distintos niveles de desacreditar los
legítimos movimientos de protesta. Ojalá que en esta ocasión sea posible
determinar con claridad quiénes están tras las convocatorias a los
saqueos.
Lo fundamental es que, incluso en este mar picado, la 4T avanza.
Twitter: @Navegaciones
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