Pobreza y marginación, reflejo de la desigualdad
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis, 29 nov 10 (CIMAC).- Campesinas, indígenas y sindicalistas, marcharon por las principales calles de esta ciudad, para rechazar lo que llamaron las “políticas neoliberales y patriarcales”, que aplican los gobiernos federal y estatal, al gobernar a favor de la libre empresa y el privilegio de los poderosos.
En un manifiesto leído ante la sede del poder legislativo y ejecutivo como parte de las acciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, precisaron que las autoridades fomentan, tanto en el campo como en la ciudad, la inseguridad, la pobreza y la violencia social. Sostuvieron que la pobreza y marginación extremas, son un reflejo de la desigualdad y la violencia del sistema, que las coloca a ellas y sus familias en estados de permanente angustia, enfermedad, dolor, y hambre, sobre todo porque se han reducido los ingresos significativamente y los precios de los productos básicos se han incrementado sin control alguno. “En la privatización, el despojo y la comercialización de nuestras tierras, vemos la causa principal de nuestros problemas en el campo.
Al no ser propietarias las mujeres no hemos podido impedir las ventas de las tierras, que nos dejan desamparadas a nosotras y a nuestros hijos. El bajo precio de nuestros productos, la competencia desleal con el maíz transgénico importado de Estados Unidos, y la falta de trabajo, han provocado el abandono de la tierra y la migración de nuestros esposos e hijos, así como la consecuente reducción de la producción”, sostuvieron las chiapanecas. Se pronunciaron contra la siembra de palma africana, piñón y otros productos para generar combustibles, debido a que han provocado la reducción del cultivo de alimentos.
Criticaron a las ciudades rurales, ya que argumentaron, lejos de ser una solución para la producción campesina, es en realidad la institucionalización de un proceso de despojo de tierras y proletarización, sin perspectivas reales de solucionar las necesidades de las y los campesinos. “El agotamiento de la economía campesina nos ha obligado a buscar trabajo y otras formas de ingreso con el agravante de que los salarios que nos pagan por ser mujeres son muy bajos y nos exigen estar mucho tiempo fuera de la casa”. “La doble y triple jornada que ahora cumplimos haciendo funciones de hombres y mujeres también ha repercutido en las dinámicas de nuestras familias y en la atención a nuestros hijos” sostuvieron.
Sobre el tema de la militarización y la paramilitarización, con el pretexto de dar seguridad a la población, dijeron que esto ha provocado un incremento de la violencia y de la inseguridad ocasionando que “vivamos atemorizadas y en constante preocupación por nuestro futuro y el de nuestros hijos que al no encontrar trabajo ven como posibilidad la integración a las fuerzas militares, paramilitares o narcomilitares”. “Sabemos bien que el Oportunidades y otras políticas públicas asistencialistas que aceptamos por nuestra pobreza, lejos de ser solución han aumentado la dependencia y han colaborado en la reducción de la producción, pues en lugar de trabajar el campo, las familias esperan las limosnas del gobierno y han provocado la desorganización de las comunidades campesinas, el conformismo y la despolitización de la población”, expusieron.
Exigieron que se revisen los Reglamentos Ejidales y Estatutos Comunales en Chiapas para que se eliminen todas las disposiciones que impiden que las mujeres tengan tierra, y que propicia la discriminación en las asambleas en donde se toman las decisiones. “Exigimos enérgicamente una nueva reforma agraria que derogue la privatización de la tierra y la titularidad solo para el jefe de familia, y se legisle para que la tierra sea considerada como propiedad familiar a fin de proteger los derechos de las mujeres y sus hijos” concluyeron.
Tuxtla Gutiérrez, Chis, 29 nov 10 (CIMAC).- Campesinas, indígenas y sindicalistas, marcharon por las principales calles de esta ciudad, para rechazar lo que llamaron las “políticas neoliberales y patriarcales”, que aplican los gobiernos federal y estatal, al gobernar a favor de la libre empresa y el privilegio de los poderosos.
En un manifiesto leído ante la sede del poder legislativo y ejecutivo como parte de las acciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, precisaron que las autoridades fomentan, tanto en el campo como en la ciudad, la inseguridad, la pobreza y la violencia social. Sostuvieron que la pobreza y marginación extremas, son un reflejo de la desigualdad y la violencia del sistema, que las coloca a ellas y sus familias en estados de permanente angustia, enfermedad, dolor, y hambre, sobre todo porque se han reducido los ingresos significativamente y los precios de los productos básicos se han incrementado sin control alguno. “En la privatización, el despojo y la comercialización de nuestras tierras, vemos la causa principal de nuestros problemas en el campo.
Al no ser propietarias las mujeres no hemos podido impedir las ventas de las tierras, que nos dejan desamparadas a nosotras y a nuestros hijos. El bajo precio de nuestros productos, la competencia desleal con el maíz transgénico importado de Estados Unidos, y la falta de trabajo, han provocado el abandono de la tierra y la migración de nuestros esposos e hijos, así como la consecuente reducción de la producción”, sostuvieron las chiapanecas. Se pronunciaron contra la siembra de palma africana, piñón y otros productos para generar combustibles, debido a que han provocado la reducción del cultivo de alimentos.
Criticaron a las ciudades rurales, ya que argumentaron, lejos de ser una solución para la producción campesina, es en realidad la institucionalización de un proceso de despojo de tierras y proletarización, sin perspectivas reales de solucionar las necesidades de las y los campesinos. “El agotamiento de la economía campesina nos ha obligado a buscar trabajo y otras formas de ingreso con el agravante de que los salarios que nos pagan por ser mujeres son muy bajos y nos exigen estar mucho tiempo fuera de la casa”. “La doble y triple jornada que ahora cumplimos haciendo funciones de hombres y mujeres también ha repercutido en las dinámicas de nuestras familias y en la atención a nuestros hijos” sostuvieron.
Sobre el tema de la militarización y la paramilitarización, con el pretexto de dar seguridad a la población, dijeron que esto ha provocado un incremento de la violencia y de la inseguridad ocasionando que “vivamos atemorizadas y en constante preocupación por nuestro futuro y el de nuestros hijos que al no encontrar trabajo ven como posibilidad la integración a las fuerzas militares, paramilitares o narcomilitares”. “Sabemos bien que el Oportunidades y otras políticas públicas asistencialistas que aceptamos por nuestra pobreza, lejos de ser solución han aumentado la dependencia y han colaborado en la reducción de la producción, pues en lugar de trabajar el campo, las familias esperan las limosnas del gobierno y han provocado la desorganización de las comunidades campesinas, el conformismo y la despolitización de la población”, expusieron.
Exigieron que se revisen los Reglamentos Ejidales y Estatutos Comunales en Chiapas para que se eliminen todas las disposiciones que impiden que las mujeres tengan tierra, y que propicia la discriminación en las asambleas en donde se toman las decisiones. “Exigimos enérgicamente una nueva reforma agraria que derogue la privatización de la tierra y la titularidad solo para el jefe de familia, y se legisle para que la tierra sea considerada como propiedad familiar a fin de proteger los derechos de las mujeres y sus hijos” concluyeron.
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