Solicitan OSC a Estado mexicano
De la redacción
México, DF. 3 dic.10 (CIMAC).- Defensoras de Derechos Humanos (DH), organizaciones de la sociedad civil (OSC), y feministas de América Latina, denunciaron al Estado mexicano por no cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora amenazada de muerte desde 2009.
En una carta dirigida a José de Jesús Orozco Henríquez, responsable de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH, las activistas afirmaron que la falta de una implementación efectiva de dichas medidas ha tenido como consecuencia que, en los últimos dos meses, Margarita Guadalupe, siga siendo acosada.
El hecho más reciente se registró el 24 de noviembre, media hora después de que la defensora, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en el municipio de Comitán, Chiapas se reunió con un integrante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, fue amenazada nuevamente de muerte.
“Fue interceptada por dos sujetos desconocidos que la amenazaron de muerte, además de proferir amenazas en contra de los integrantes del Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, precisaron.
Las firmantes aseguraron que acciones de este tipo, impiden que Margarita Guadalupe, no pueda realizar todas las actividades requeridas en su trabajo para la defensa y promoción de los DH y que continúe enfrenando situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica.
Tal es el caso de lo ocurrido el 14 de octubre de 2010, cuando no pudo viajar a la ciudad de México para participar en el Encuentro Nacional de Defensoras de DH en esta ciudad, “porque el Estado Mexicano no le garantizó la protección de acompañamiento requerida para realizar el viaje”.
Las y los firmantes entre los que se encuentran más de 25 organizaciones y redes de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y más de 100 defensoras, académicas, feministas de la región, lamentaron el aumento de casos de agresión en contra de defensoras de derechos humanos.
Llamaron a la CIDH, particularmente a la Unidad de Defensores y Defensoras de DH para que exija al Estado Mexicano, el pleno cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Margarita Martínez, la investigación efectiva de las amenazas, así como el cese de toda agresión en contra de las activistas en el país.
El clima de violencia contra las y los defensores de DH, ha limitado su labor por las constantes amenazas, agresiones físicas y sexuales, actos difamatorios, detenciones arbitrarias, entre otras muchas formas de violencia política y de género, precisaron.
“Esta situación se agrava por la debilidad de la democracia y el estado de derecho en nuestros países, así como por el poco reconocimiento de nuestro trabajo y de la implementación efectiva de medidas de seguridad que le corresponden a nuestros Estados garantizar”, afirmaron.
Desde noviembre de 2009, la activista Martínez Martínez vive amenazas desde que unas 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en su domicilio y ella y su familia fueron encañonados con el argumento de que buscaban a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras
El 23 de noviembre del mismo año, Margarita interpuso una denuncia por esos hechos y dos días después ella y su esposo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuidaran”.
El 25 de febrero de 2010, un grupo de policías vestidos de civil detuvieron y golpearon a la defensora en la ciudad de San Cristóbal. Los agresores le dijeron que ese “era un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez”.
México, DF. 3 dic.10 (CIMAC).- Defensoras de Derechos Humanos (DH), organizaciones de la sociedad civil (OSC), y feministas de América Latina, denunciaron al Estado mexicano por no cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora amenazada de muerte desde 2009.
En una carta dirigida a José de Jesús Orozco Henríquez, responsable de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH, las activistas afirmaron que la falta de una implementación efectiva de dichas medidas ha tenido como consecuencia que, en los últimos dos meses, Margarita Guadalupe, siga siendo acosada.
El hecho más reciente se registró el 24 de noviembre, media hora después de que la defensora, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en el municipio de Comitán, Chiapas se reunió con un integrante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, fue amenazada nuevamente de muerte.
“Fue interceptada por dos sujetos desconocidos que la amenazaron de muerte, además de proferir amenazas en contra de los integrantes del Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, precisaron.
Las firmantes aseguraron que acciones de este tipo, impiden que Margarita Guadalupe, no pueda realizar todas las actividades requeridas en su trabajo para la defensa y promoción de los DH y que continúe enfrenando situaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica.
Tal es el caso de lo ocurrido el 14 de octubre de 2010, cuando no pudo viajar a la ciudad de México para participar en el Encuentro Nacional de Defensoras de DH en esta ciudad, “porque el Estado Mexicano no le garantizó la protección de acompañamiento requerida para realizar el viaje”.
Las y los firmantes entre los que se encuentran más de 25 organizaciones y redes de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y más de 100 defensoras, académicas, feministas de la región, lamentaron el aumento de casos de agresión en contra de defensoras de derechos humanos.
Llamaron a la CIDH, particularmente a la Unidad de Defensores y Defensoras de DH para que exija al Estado Mexicano, el pleno cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Margarita Martínez, la investigación efectiva de las amenazas, así como el cese de toda agresión en contra de las activistas en el país.
El clima de violencia contra las y los defensores de DH, ha limitado su labor por las constantes amenazas, agresiones físicas y sexuales, actos difamatorios, detenciones arbitrarias, entre otras muchas formas de violencia política y de género, precisaron.
“Esta situación se agrava por la debilidad de la democracia y el estado de derecho en nuestros países, así como por el poco reconocimiento de nuestro trabajo y de la implementación efectiva de medidas de seguridad que le corresponden a nuestros Estados garantizar”, afirmaron.
Desde noviembre de 2009, la activista Martínez Martínez vive amenazas desde que unas 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en su domicilio y ella y su familia fueron encañonados con el argumento de que buscaban a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras
El 23 de noviembre del mismo año, Margarita interpuso una denuncia por esos hechos y dos días después ella y su esposo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuidaran”.
El 25 de febrero de 2010, un grupo de policías vestidos de civil detuvieron y golpearon a la defensora en la ciudad de San Cristóbal. Los agresores le dijeron que ese “era un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez”.
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