Ofrenda en memoria de víctimas de Campo Algodonero
Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada
Ciudad Juárez, Chi. 29 nov. 10 (CIMAC).- A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó al Estado mexicano por el feminicidio de tres de las ocho mujeres encontradas en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, las autoridades no han llevado a cabo ninguna de las acciones que dicta la sentencia.
“Ninguna autoridad se ha acercado a mi familia, no hay ningún acuerdo en ninguno de los puntos que dicta la sentencia, todo está igual, no hay nada”, señaló a Cimacnoticias Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera Monreal, quien fue hallada asesinada el 7 de noviembre de 2001, en dicho predio.
Entrevistada en el Campo Algodonero, donde organizaciones civiles y diputadas federales ofrecieron una ofrenda en memoria de las ocho mujeres encontradas en ese lugar, Irma Monreal señaló que el “el gobierno federal, estatal, municipal, no tiene la más mínima intención de cumplir con ello”.
Esta circunstancia “es una gran vergüenza para el gobierno mexicano, para todo México, internacionalmente”.
A nueve años de que en Campo Algodonero se hallaron los cuerpos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivete González y Laura Berenice, con signos de tortura sexual, “no hay castigo para los culpables, ni siquiera para los servidores públicos” que han sido omisos.
Lejos de lograr una sanción, conforme lo indica la sentencia de la CoIDH, “continúan en cargos públicos, es un premio a toda la ineptitud que han demostrado, porque en estos años no se ha logrado hacer nada, las mujeres en Juárez siguen desapareciendo.
Hace una semana, cuando mi hija, de 20 años de edad, iba a la escuela estuvieron a punto de levantarla”.
“Mientras el gobierno siga con esta actitud, esto no se va a terminar”, concluyó la madre de Esmeralda Monreal.
Malú García Andrade, de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, señaló que durante este año el Estado mexicano debió crear un banco nacional de información genética de mujeres desaparecidas, la modificación del protocolo de investigación Alba y la creación de una página Web con las fotografías de las mujeres desparecidas, después de 2007. Sin embargo, no lo hizo.
El Estado mexicano tampoco capacitó a servidores públicos con perspectiva de género, no creó una unidad especializada para buscar a las mujeres desaparecidas y tampoco estableció las mesas de trabajo entre los tres órdenes de gobierno y con las personas que litigaron el caso ante la CoIDH, mencionó en entrevista.
“No se ha trabajado en el cumplimiento de la sentencia, el gobierno federal, estatal y municipal de Ciudad Juárez están en omisión completa”. En los tres órdenes de gobierno han mostrado “nula voluntad política de atender el cumplimiento de la sentencia”.
Ni siquiera, dijo, han dotado a Ciudad Juárez de condiciones de seguridad para las mujeres, a pesar de que las desapariciones continúan, ya que tan sólo en lo que va del año se registraron 37 reportes de mujeres desaparecidas.
Ello, evidencia la “falta de interés, la problemática ya no está incluida en la agenda del gobierno federal, estatal ni municipal, por el momento se centran en las extorsiones y el secuestro, porque afecta a la clase empresarial”, lamentó.
Adriana Terrazas, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, informó, en entrevista previa al acto de ofrenda a las víctimas de feminicidio, que sostuvo una conversación con el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien le comunicó que “ya está firmado el convenio para la creación del memorial”.
La legisladora, integrante de la Comisión Especial de Feminicidios, añadió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) indicó que “ya hay recursos para la indemnización”, no obstante, en los hechos no hay nada”, reconoció.
María Antonieta Pérez, diputada federal por el Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión Especial de Feminicidio, refirió que si en un año el Estado mexicano no ha cumplido, no lo va a hacer en los 11 días restantes, por lo que se comprometió a tener una estrategia definida para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
Ello, durante la primera mesa de análisis del Foro Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un año de la Sentencia de Campo Algodonero, convocado aquí por la Comisión Especial de Feminicidios, con la participación de madres, familiares de víctimas, especialistas en derecho internacional y organizaciones civiles.
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