REPORTAJE
Dilación permanente del Estado para garantizar justicia
Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F 29 nov 10 (CIMAC).- México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas. En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- “se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres”. “Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia”, afirmó la experta al hacer un balance de la Ley. Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007.
Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma. Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos –como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley. Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta. Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley General, las legisladoras se plantearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos. Sin embargo, el tema se pospuso con los procesos y las investigaciones. Optaron por la creación de una herramienta para trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia: “la Ley General”. Ahora a casi 4 años de su publicación una de sus creadoras considera urgente tipificar el delito de feminicidio.
RECURSOS SIN ACCIONES
Para el caso del Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desde 2007 también se asignaron recursos a la Conavim para que lo realice, sin embargo hasta el momento no se ha publicado. La ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirmó que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.
De acuerdo con la SG, en 2008 se avanzó sólo la mitad del Diagnóstico, por lo que en 2009, se destinaron 9 millones de pesos, para concluirlo. Este año, la SG informó que ya esta hecho, “solo que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, contratada para dicho fin y según la SG “no ha cumplido satisfactoriamente con esa tarea”. Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios en San Lázaro, afirmó que esperan que en 2011 los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General ya que “nuevamente” se asignaron recursos para la creación del Diagnóstico y para que la AVG se pueda aplicar de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares en el país, cada minuto se registran tres actos de violencia contra las mujeres.
Mientras que el 84 por ciento de las y los encuestados consideran la violencia como algo natural y un asunto privado “concerniente a la pareja”, cuando se trata de un matrimonio o unión de cualquier tipo. Lagarde y de los Ríos, señaló que el desinterés para cumplir con la Norma se mostró desde el retraso de su publicación y la de su reglamento, así como en el incumplimiento de sus artículos transitorios, y la falta de programas o acciones para atender lo que establece. La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento se publicó un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F 29 nov 10 (CIMAC).- México cuenta con una Ley para prevenir la violencia contra las mujeres, instancias para combatirla y presupuesto para aplicarla, sin embargo, cada minuto tres mujeres son violentadas. En febrero de 2011, se cumplirán 4 años de que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), pero hasta el momento el balance es negativo, porque ha tenido un camino entorpecido, y el Estado no ha cumplido cabal y estructuralmente sobre sus mandatos.
Para la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, existe una falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la norma -única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- “se ha cumplido con una cabalidad relativa, porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres”. “Hasta el momento en México, las mujeres siguen padeciendo todos los tipos de violencia”, afirmó la experta al hacer un balance de la Ley. Las instancias responsables de implementar la Ley, cuentan con presupuesto desde 2007.
Desde que entró en vigor la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, asignó recursos para coadyuvar a implementar mandatos específicos de la misma. Para 2011 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron recursos –como se hizo en 2008 y 2009- para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones establecidas en la Ley. Acciones que debería realizar la Secretaría de Gobernación (SG) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el caso de la AVG, único mecanismo al que la sociedad civil y los centros de derechos humanos pueden recurrir ante casos de feminicidio, no funciona.
Para activar la AVG en alguna región del país, la Ley establece que será con el registro de asesinatos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres y niñas. Ante las altas cifras de asesinatos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tienen previsto solicitar la Alerta para el Estado de México y en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Hasta hoy se han hecho dos solicitudes formales por parte de las OSC, para decretar la AVG: en Oaxaca (por violencia feminicida) y Guanajuato (por agravio comparado).
En Chihuahua, hubo un intento de las OSC de la entidad para decretarla, sin embargo las y los legisladores locales la negaron, porque en la Ley estatal no se reconoce ni la violencia feminicida, ni la Alerta. Ante los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas durante más de una década en Ciudad Juárez, antes de iniciar la creación de la Ley General, las legisladoras se plantearon tipificar el delito de feminicidio, recordó la ex legisladora Lagarde y de los Ríos. Sin embargo, el tema se pospuso con los procesos y las investigaciones. Optaron por la creación de una herramienta para trabajar en la prevención, erradicación y sanción de la violencia: “la Ley General”. Ahora a casi 4 años de su publicación una de sus creadoras considera urgente tipificar el delito de feminicidio.
RECURSOS SIN ACCIONES
Para el caso del Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desde 2007 también se asignaron recursos a la Conavim para que lo realice, sin embargo hasta el momento no se ha publicado. La ex diputada federal por Convergencia, Martha Tagle Martínez afirmó que pese a la insistencia de las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género por conocer el ejercicio del recurso destinado a la SG, la respuesta de sus funcionarios ha sido evasiva.
De acuerdo con la SG, en 2008 se avanzó sólo la mitad del Diagnóstico, por lo que en 2009, se destinaron 9 millones de pesos, para concluirlo. Este año, la SG informó que ya esta hecho, “solo que se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, contratada para dicho fin y según la SG “no ha cumplido satisfactoriamente con esa tarea”. Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios en San Lázaro, afirmó que esperan que en 2011 los recursos se utilicen para la aplicación de la Ley General ya que “nuevamente” se asignaron recursos para la creación del Diagnóstico y para que la AVG se pueda aplicar de forma inmediata en los estados donde la vida de las mujeres esté en riesgo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares en el país, cada minuto se registran tres actos de violencia contra las mujeres.
Mientras que el 84 por ciento de las y los encuestados consideran la violencia como algo natural y un asunto privado “concerniente a la pareja”, cuando se trata de un matrimonio o unión de cualquier tipo. Lagarde y de los Ríos, señaló que el desinterés para cumplir con la Norma se mostró desde el retraso de su publicación y la de su reglamento, así como en el incumplimiento de sus artículos transitorios, y la falta de programas o acciones para atender lo que establece. La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento se publicó un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario