Abre CIDH debate sobre seguridad pública a cargo de militares
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 1 dic 10 (CIMAC).- La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los derechos humanos, afirmó aquí el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón. Durante la presentación del “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, el representante de la CIDH, dijo que el paradigma de seguridad en América Latina debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en “policías y cárceles” y considerar la prevención del delito.
Aunque rechazó pronunciarse sobre la actual situación que vive México luego de que Felipe Calderón ordenara al Ejército mexicano realzar tareas de policía civil, afirmó que “hay que prestar particular atención al papel de las fuerzas armadas” Refirió que es responsabilidad del Estado proteger y brindar seguridad a las personas, por lo que es una contradicción que las políticas de seguridad deriven en muchos casos, en violaciones a los derechos humanos. Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Gino Costa, director ejecutivo de la organización "Ciudad Nuestra" y ex ministro del interior de Perú, señalaron que este informe pretende abrir el debate acerca de la seguridad Ciudadana.
Mencionaron que este informe, el primero que elaboran en conjunto la CIDH y Naciones Unidas, busca promover la vigencia y respeto de los derechos humanos, por lo cual esperan que el gobierno de México, lo reciba con “la seriedad que amerita”. De acuerdo con los datos de este documento, son preocupantes las acciones implementadas por los países de América Latina en el marco de sus políticas sobre seguridad ciudadana, y en especifico señala: “la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales”.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha señalado que, debido a que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. De acuerdo con la oficina de la ONU y con la CIDH, América Latina, tiene un alto índice en crimen y violencia y revela que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes alcanzó 25.6, mientras que en Europa fue de 8.9. Ante ello, estos organismos internacionales señalaron que es necesario contar con políticas públicas sobre seguridad ciudadana, que sean eficientes y que ayuden a los Estados a cumplir de forma adecuada sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.
También coincidieron en que la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública. Otra de las observaciones del Informe es que en la región es recurrente que se proponga, o directamente se establezca, que efectivos militares asuman la seguridad interior a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. Sin embargo, este tipo de acciones responden a la confusión entre “los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”.
México, D.F., 1 dic 10 (CIMAC).- La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los derechos humanos, afirmó aquí el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón. Durante la presentación del “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, el representante de la CIDH, dijo que el paradigma de seguridad en América Latina debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en “policías y cárceles” y considerar la prevención del delito.
Aunque rechazó pronunciarse sobre la actual situación que vive México luego de que Felipe Calderón ordenara al Ejército mexicano realzar tareas de policía civil, afirmó que “hay que prestar particular atención al papel de las fuerzas armadas” Refirió que es responsabilidad del Estado proteger y brindar seguridad a las personas, por lo que es una contradicción que las políticas de seguridad deriven en muchos casos, en violaciones a los derechos humanos. Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Gino Costa, director ejecutivo de la organización "Ciudad Nuestra" y ex ministro del interior de Perú, señalaron que este informe pretende abrir el debate acerca de la seguridad Ciudadana.
Mencionaron que este informe, el primero que elaboran en conjunto la CIDH y Naciones Unidas, busca promover la vigencia y respeto de los derechos humanos, por lo cual esperan que el gobierno de México, lo reciba con “la seriedad que amerita”. De acuerdo con los datos de este documento, son preocupantes las acciones implementadas por los países de América Latina en el marco de sus políticas sobre seguridad ciudadana, y en especifico señala: “la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales”.
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha señalado que, debido a que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. De acuerdo con la oficina de la ONU y con la CIDH, América Latina, tiene un alto índice en crimen y violencia y revela que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes alcanzó 25.6, mientras que en Europa fue de 8.9. Ante ello, estos organismos internacionales señalaron que es necesario contar con políticas públicas sobre seguridad ciudadana, que sean eficientes y que ayuden a los Estados a cumplir de forma adecuada sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio.
También coincidieron en que la distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública. Otra de las observaciones del Informe es que en la región es recurrente que se proponga, o directamente se establezca, que efectivos militares asuman la seguridad interior a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. Sin embargo, este tipo de acciones responden a la confusión entre “los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”.
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