Seguridad democrática vs. Alba

Carlos Fazio

El 17 de noviembre tuvo lugar en el Capitolio un seminario preparatorio de la nueva ofensiva desestabilizadora ultraderechista en América Latina. El perfil y la agenda de los participantes alejan cualquier sombra de duda sobre eventuales teorías conspirativas antiestadunidenses. Los anfitriones fueron los congresistas republicanos por Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, ambos ligados a la mafiosa Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), protectores de los terroristas internacionales confesos Luis Posadas Carriles y Orlando Bosch, y patrocinadores del golpista Roberto Micheletti, en Honduras.

También asistieron el ex embajador estadunidense en Caracas, Otto Reich, y el ex subsecretario de Estado Roger Noriega, viejos plomeros de las guerras sucias de Washington en la región y miembros conspicuos de la pandilla del halcón John D. Negroponte. Otros participantes fueron José Cárdenas, ex administrador adjunto de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés); el ex embajador de EU en Costa Rica, Jaime Daremblum, del Instituto Hudson; y el ex director de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, John Walters.

Entre los seminaristas invitados estuvieron Alejandro Aguirre, presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo instrumento de la CIA durante la guerra fría y que un par de días antes, en Mérida, Yucatán, había servido de plataforma guerrerista a los presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, de México y Honduras, respectivamente; Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión de Venezuela, golpista, prófugo de la justicia y residente en Miami; el coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente golpista de Ecuador y autor intelectual de la asonada policial y el intento de magnicidio del mandatario Rafael Correa el 30 de septiembre último, y Luis Núñez, del Comité Cívico de Santa Cruz, y Javier El-Hage, de la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia, vinculados a la conspiración terrorista del mercenario húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, quien en abril de 2009 participó en el complot para asesinar al presidente Evo Morales.

El título del seminario fue de suyo elocuente: Peligro en los Andes: amenazas a la democracia, derechos humanos y la seguridad interamericana. El nombre de uno de los talleres abonaba el camino hacia los enemigos potenciales: El terrorismo, el Islam radical y narcotráfico. A su vez, las amenazas contra Estados Unidos, sus aliados cipayos y la democracia liberal-conservadora quedaban identificadas desde las dos preguntas iniciales que debían responder los ponentes: ¿La Alba de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua constituirá una amenaza a los intereses estadunidenses y a la seguridad interamericana? ¿Están la democracia y los derechos humanos en peligro bajo el socialismo del siglo XXI?

De más estar decir que la mezcla de todos esos elementos no podía dar otro resultado que las dos consignas prioritarias emergentes de la reunión, que figuran en la matriz de los planes de desestabilización encubierta de Washington y sus socios en los países del Alba: la eliminación de Hugo Chávez y arremeter contra el azote del socialismo del siglo XXI, sinónimo de totalitarismo.

De la combinación de enemigos y amenazas surgen otras matrices de opinión consustanciales a la guerra de dominación de espectro completo de Estados Unidos en el área, verbigracia, construcciones mediáticas tales como narcoinsurgencia o narcoterrorismo, tan socorridas a últimas fechas por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el Pentágono y la CIA, aplicadas a México. A las que habría que agregar otras fabricaciones propagandísticas que se manejan en los seminarios organizados por la comunidad de inteligencia en centros académicos de la región, como la conexión iraní y el populismo radical o autoritario (cabe recordar la actualización 2010 de Felipe Calderón: AMLO, un peligro para México).

Como parte de la propaganda de Estados Unidos en México, el guión que se diseñó para la guerra de Calderón incluyó desde un principio (diciembre de 2006) el control de territorio y de frontera, y la difuminación de las diferencias esenciales (incluidos los fines políticos e ideológicos) entre crimen organizado, insurgencia, milicias (paramilitares, autodefensas), terroristas y pandillas (maras).

Así como antes en Colombia, previo ablandamiento de los políticos y partidos parlamentarios, la clase empresarial y de los responsables jerárquicos de los organismos de seguridad del Estado mexicano –gracias a la repetición propagandística de sus papagayos de turno en los medios, tipo Enrique Krauze y Jorge G. Castañeda–, por la vía de caracterizar a México como un Estado fallido, la guerra contra el narcoterrorismo y la narcoinsurgencia ha logrado transformar un asunto policial en otro de inteligencia militar y de seguridad nacional (de Estados Unidos).

A la vez, como sucedáneo de la militarización, paramilitarización y mercenarización emergente –que dispararon los niveles de violencia criminal, caos y mortandad en todo el territorio nacional–, Washington ha logrado instalar la llamada Oficina Binacional de Inteligencia en pleno Paseo de la Reforma, con la consiguiente subordinación y dependencia de sus contrapartes locales.

No obstante lo anterior, junto con Colombia, el fallido México de Calderón es una pieza clave de la llamada seguridad democrática y la agenda mediática de Washington en su proyecto de restauración conservadora regional. Ergo, las alianzas del reaccionario Calderón y el Partido Acción Nacional con la ultraderecha continental y la mafia cubano-estadunidense de Miami son funcionales a las operaciones de guerra sicológica y las acciones encubiertas de Washington contra los países del Alba.

Wikileaks: escándalo e información

Editorial La Jornada
En lo que ha sido calificado como la mayor filtración informativa de la historia, el sitio de internet Wikileaks difundió ayer más de 250 mil telegramas entre las embajadas estadunidenses en una treintena de países y el Departamento de Estado. En los textos, la mayor parte de los cuales corresponden a los tres años pasados, se consignan, entre otras cosas, descalificaciones de funcionarios estadunidenses contra el presidente iraní, Mahmud Ajmadineyad; presiones del gobierno autocrático de Arabia Saudita para atacar al régimen de Teherán; solicitudes de espionaje a varios funcionarios de la ONU, incluido el secretario general Ban Ki-moon; señalamientos críticos a varios jefes de Estado europeos; detalles sobre ciertos movimientos de Estados Unidos durante el golpe que destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, así como confirmaciones de la hostilidad diplomática de Washington hacia los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y de Cristina Fernández en Argentina.

Como ocurrió con la revelación de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras en Irak y Afganistán, el gobierno de Estados Unidos ha reaccionado ante estas escandalosas filtraciones en forma destemplada y equívoca: si en julio y octubre pasados la Casa Blanca calificó la labor de Wikileaks de un peligro para las vidas de estadunidenses y sus aliados, ahora sostiene que la difusión de los cables diplomáticos referidos podría impactar profundamente no sólo los intereses de la política exterior de Estados Unidos, sino los de amigos y aliados de todo el mundo. El Pentágono condenó la divulgación de documentos secretos ilegalmente obtenidos y afirmó haber tomado medidas para evitar que ello vuelva a suceder.

Estas lamentables respuestas a lo que constituye un acto de libertad informativa muestran cuán poco han cambiado en el fondo la arrogancia imperial de Estados Unidos hacia el resto del mundo; la nula importancia que las esferas del poder en Washington otorgan a la legalidad internacional y al derecho a la información –incluido, por supuesto, el de sus propios ciudadanos–, y el profundo abismo moral en el que permanecen las principales instituciones del país vecino, empezando por la presidencial.

Adicionalmente, las reacciones de la Casa Blanca y el Pentágono dejan ver una enorme distorsión en el pensamiento oficial de Estados Unidos, el cual no alcanza a comprender que la verdadera amenaza a la paz mundial, a la seguridad de los estadunidenses dentro y fuera de su territorio y a la concordia de la comunidad internacional no es el trabajo de Wikileaks, sino el profundo deterioro humano, moral, jurídico, político y diplomático en el que se encuentra hundido el autodenominado defensor de la paz, la legalidad, la democracia y la seguridad mundiales.

La actual administración estadunidense tendría que cambiar de enfoque, de discurso y de práctica, y corregir los vicios heredados de su antecesora en vez de condenar la difusión de los documentos que los prueban.

En otro sentido, las filtraciones comentadas han dejado al descubierto sesgos y distorisiones en el manejo informativo de algunos los principales medios de comunicación en Occidente, empezando por los estadunidenses, de suyo desacreditados por la cobertura parcial que realizaron durante las invasiones de Irak y Afganistán. Significativamente, el diario The New York Times informó ayer su decisión de consultar con la Casa Blanca la publicación de aquellos segmentos de la información proporcionada por Wikileaks que pudieran lastimar los intereses nacionales: dicha decisión –sin dejar de reconocer el ejercicio de honestidad del rotativo neoyorquino por haberla hecho pública– exhibe una inaceptable falta de autonomía en el desempeño informativo.

La opacidad, el secretismo y la capacidad de manipulación informativa en los centros de poder político mundial, y la pérdida de independencia de los grandes medios tradicionales respecto de los intereses políticos y económicos, hacen que el ejercicio que desempeña Wikileaks resulte de capital importancia para la sociedad, para los propios gobiernos y, por supuesto, para el oficio periodístico. Corresponde a la opinión pública internacional hacer buen uso de estos recursos, defender la transparencia y reivindicarla en su condición de valor irrenunciable de la sociedad contemporánea.