Sara Sefchovich
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene como tarea la de atender demandas sobre asuntos laborales, mediante la recepción, tramitación y resolución “con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos”, de los conflictos tanto colectivos como individuales, entre trabajadores y patrones y cuenta con la potestad necesaria para hacer cumplir sus decisiones.
En razón de estos objetivos, la Junta aceptó en 2006 la demanda del doctor Rodolfo Ondarzo Rovira, despedido por el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En junio de este año, no solamente ganó la demanda y fue reinstalado en su puesto sino que exigió que la institución le pagara salarios caídos y prestaciones de los cuatro años que duró el pleito.
Hasta aquí muy bien por el trabajador, pues se repararía el daño o la injusticia. El problema es que transcurrido el plazo que marca la ley para que se atendiera la resolución, se presentó a hacer su cobro, no había dinero para pagarle. Y entonces el afectado solicitó la intervención de la JFCA para exigir el cumplimiento del laudo. Ésta decidió embargar al deudor y aplicó el embargo nada menos que con el equipo de Radiocirugía.
Trata tumores cerebrales y lesiones intracraneales, aplica altas dosis de radiación y solamente existen dos en todo el país.
Mi pregunta es: ¿Se vale que para hacerle justicia a una persona se deje sin atención a pacientes cuya vida depende del tratamiento que sólo esta máquina puede suministrar? ¿Se vale que por aplicar la ley se afecten los derechos de los individuos?
Supongo que la respuesta de quienes lo hicieron es que sí se vale, por eso lo hicieron. Pero a mi juicio, aquí es donde la palabra justicia empieza a presentar problemas. Porque en efecto, se le hizo justicia al reclamante, como debía ser, pero a costa de otras personas. Y lo grave es que no fue el deudor el afectado, sino los enfermos. ¿En aras de qué son ellos los que tienen que pagar “el pato” del problema entre la institución y el demandante?
Es un caso en el que la resolución del conflicto plantea exigencias incompatibles entre sí. Por un lado está el derecho de un individuo a la reparación del daño y por el otro están los derechos de otros individuos, en este caso a la salud, que es uno de los derechos sociales que los sistemas democráticos proclaman como inalienables y consustanciales a las personas. Como afirma Manuel Atienza, especialista en bioética de la Universidad de Alicante, aquí se contraponen el principio de lo correcto y el principio de lo bueno. El primero se corresponde con el derecho, el segundo con la moral.
En un caso como este se debió buscar una salida (“siempre existe más de una máxima aplicable” afirma Atienza) para cumplir con el laudo pero sin causarle daño a las personas que requieren de la máquina en cuestión y que no pueden esperar porque sus vidas corren peligro. No estamos pensando que no se debió hacerle justicia al individuo, pero sí que había que proceder considerando el bien común además del bien particular.
Para ello habría sido necesario hacer lo que en derecho se llama “ponderación de principios” o proceder con el método conocido como casuística, que significa tomar la decisión centrándose en el caso concreto y no en la regla general y considerando las circunstancias específicas del mismo así como las consecuencias de las acciones. Porque como afirma Dworkin, el derecho no solamente son leyes, reglas y normas frías sino también (y sobre todo) principios, entendido esto como exigencia de justicia y de moral positiva, de hacer lo correcto pero también lo bueno. El ordenamiento jurídico no puede olvidar la perspectiva ética, ni puede pretender ser neutral, porque todo él se sustenta en una posición moral.
Ahora la JFCA se ha sumado a la injusticia al querer resolver una injusticia. Solo que si la que cometió el Instituto de Neurología afectaba a una persona en su patrimonio, la que cometió la Junta de Conciliación y Arbitraje condena a muerte a cientos de individuos. Y eso son ya palabras mayores.
sarasef@prodigy.net.mx www.sarasefchovich.com
Escritora e investigadora en la UNAM
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene como tarea la de atender demandas sobre asuntos laborales, mediante la recepción, tramitación y resolución “con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos”, de los conflictos tanto colectivos como individuales, entre trabajadores y patrones y cuenta con la potestad necesaria para hacer cumplir sus decisiones.
En razón de estos objetivos, la Junta aceptó en 2006 la demanda del doctor Rodolfo Ondarzo Rovira, despedido por el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En junio de este año, no solamente ganó la demanda y fue reinstalado en su puesto sino que exigió que la institución le pagara salarios caídos y prestaciones de los cuatro años que duró el pleito.
Hasta aquí muy bien por el trabajador, pues se repararía el daño o la injusticia. El problema es que transcurrido el plazo que marca la ley para que se atendiera la resolución, se presentó a hacer su cobro, no había dinero para pagarle. Y entonces el afectado solicitó la intervención de la JFCA para exigir el cumplimiento del laudo. Ésta decidió embargar al deudor y aplicó el embargo nada menos que con el equipo de Radiocirugía.
Trata tumores cerebrales y lesiones intracraneales, aplica altas dosis de radiación y solamente existen dos en todo el país.
Mi pregunta es: ¿Se vale que para hacerle justicia a una persona se deje sin atención a pacientes cuya vida depende del tratamiento que sólo esta máquina puede suministrar? ¿Se vale que por aplicar la ley se afecten los derechos de los individuos?
Supongo que la respuesta de quienes lo hicieron es que sí se vale, por eso lo hicieron. Pero a mi juicio, aquí es donde la palabra justicia empieza a presentar problemas. Porque en efecto, se le hizo justicia al reclamante, como debía ser, pero a costa de otras personas. Y lo grave es que no fue el deudor el afectado, sino los enfermos. ¿En aras de qué son ellos los que tienen que pagar “el pato” del problema entre la institución y el demandante?
Es un caso en el que la resolución del conflicto plantea exigencias incompatibles entre sí. Por un lado está el derecho de un individuo a la reparación del daño y por el otro están los derechos de otros individuos, en este caso a la salud, que es uno de los derechos sociales que los sistemas democráticos proclaman como inalienables y consustanciales a las personas. Como afirma Manuel Atienza, especialista en bioética de la Universidad de Alicante, aquí se contraponen el principio de lo correcto y el principio de lo bueno. El primero se corresponde con el derecho, el segundo con la moral.
En un caso como este se debió buscar una salida (“siempre existe más de una máxima aplicable” afirma Atienza) para cumplir con el laudo pero sin causarle daño a las personas que requieren de la máquina en cuestión y que no pueden esperar porque sus vidas corren peligro. No estamos pensando que no se debió hacerle justicia al individuo, pero sí que había que proceder considerando el bien común además del bien particular.
Para ello habría sido necesario hacer lo que en derecho se llama “ponderación de principios” o proceder con el método conocido como casuística, que significa tomar la decisión centrándose en el caso concreto y no en la regla general y considerando las circunstancias específicas del mismo así como las consecuencias de las acciones. Porque como afirma Dworkin, el derecho no solamente son leyes, reglas y normas frías sino también (y sobre todo) principios, entendido esto como exigencia de justicia y de moral positiva, de hacer lo correcto pero también lo bueno. El ordenamiento jurídico no puede olvidar la perspectiva ética, ni puede pretender ser neutral, porque todo él se sustenta en una posición moral.
Ahora la JFCA se ha sumado a la injusticia al querer resolver una injusticia. Solo que si la que cometió el Instituto de Neurología afectaba a una persona en su patrimonio, la que cometió la Junta de Conciliación y Arbitraje condena a muerte a cientos de individuos. Y eso son ya palabras mayores.
sarasef@prodigy.net.mx www.sarasefchovich.com
Escritora e investigadora en la UNAM
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