Jorge Carrasco Araizaga
Mondragón y Cienfuegos durante la presentación del gabinete de Peña.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO,
D.F. (apro).- El ahora encargado de la desahuciada secretaría de
Seguridad Pública federal (SSP) y que en unos días más será el poderoso
comisionado policial de la secretaría de Gobernación es pieza clave
para explicar la violenta provocación del 1 de diciembre durante las
manifestaciones contra la asunción de Enrique Peña Nieto como
presidente.
Manuel Mondragón y Kalb tiene información de sobra. Desde los primeros minutos de ese día, formalmente tomó el control de la Policía Federal que, con la desaparición de la SSP, pasa a Gobernación, junto con la anunciada Gendarmería Nacional.
Horas antes, había dejado la secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde todavía participó en el diseño del operativo de seguridad para el día del cambio de poderes en México.
Se coordinó con el omnipotente Estado Mayor Presidencial (EMP) y la propia Policía Federal –que desde una semana antes habían ocupado los alrededores de San Lázaro–, y puso al frente de la ejecución del plan a uno de sus hombres, Darío Chacón Montejo, en ese momento subsecretario de Operaciones Policiales del DF, responsable del mando operativo de la corporación en la capital del país.
Las manifestaciones contra la llegada de Peña Nieto eran parte de los escenarios de riesgo. En eso no había nada nuevo. Varias organizaciones habían anunciado que irían a la sede del Congreso a expresar su rechazo al nuevo presidente.
Destacaba la presencia del movimiento #YoSoy132, en cuyo origen está uno de los momentos más bochornosos de Peña Nieto como candidato presidencial cuando tuvo que esconderse en los baños de la Universidad Iberoamericana para protegerse de la inconformidad estudiantil.
Mondragón y Kalb tiene que explicar muchas cosas. Está en la obligación de hacerlo. Primero porque él no fue ajeno al operativo policial, segundo porque es el encargado de la seguridad pública de todo el país.
Aunque la ciudad de México fue el principal escenario de los desmanes en algunas partes del país, algunos de los hechos ocurrieron en zonas “esterilizadas” por la Policía Federal y el EMP.
Por la manera en que ocurrieron los hechos, es posible pensar en una operación planeada y ejecutada para desprestigiar las protestas antiPeña.
Hay material gráfico y grabado que demuestra que los elementos de la Policía Federal desplegados en San Lázaro protegieron a los grupos de choque. También hay evidencia suficiente de quiénes fueron los agresores y en qué momento actuaron en el corredor Reforma-Alameda y la posterior arremetida de la policía del DF.
Durante más de un año, como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Mondragón y Kalb fue el responsable del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4-I4).
Es la oficina más grande de su tipo de América Latina, inaugurada por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard en octubre del año pasado y que está ubicada justamente a un lado de la Cámara de Diputados.
Desde allí, se sabe lo que pasa en la ciudad de México. Cuenta con 180 pantallas en las que se proyectan las imágenes que captan más 10 mil cámaras colocadas en calles, Metro y Metrobús. Las instalaciones federales y estratégicas ubicadas en el DF fueron las primeras en ser cubiertas.
Con 13 mil imágenes por segundo, el C4-I4 tiene información de sobra que el propio Mondragón debe conocer. No es el único, el flamante jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y su secretario de Seguridad Pública, el exprocurador Jesús Rodríguez Almeida, también tienen que dar la cara para dar explicaciones.
El Distrito Federal no es Atenco. Ni 2012, 1971, el año del halconazo. Pero si el gobierno de Mancera y el de Peña Nieto se empeñan en ocultar los hechos, dilatar su esclarecimiento y encarcelar a inocentes, a la lastimada imagen internacional de México por la violencia del narcotráfico, habrá que agregarle la de la represión y la intolerancia política.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
Manuel Mondragón y Kalb tiene información de sobra. Desde los primeros minutos de ese día, formalmente tomó el control de la Policía Federal que, con la desaparición de la SSP, pasa a Gobernación, junto con la anunciada Gendarmería Nacional.
Horas antes, había dejado la secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde todavía participó en el diseño del operativo de seguridad para el día del cambio de poderes en México.
Se coordinó con el omnipotente Estado Mayor Presidencial (EMP) y la propia Policía Federal –que desde una semana antes habían ocupado los alrededores de San Lázaro–, y puso al frente de la ejecución del plan a uno de sus hombres, Darío Chacón Montejo, en ese momento subsecretario de Operaciones Policiales del DF, responsable del mando operativo de la corporación en la capital del país.
Las manifestaciones contra la llegada de Peña Nieto eran parte de los escenarios de riesgo. En eso no había nada nuevo. Varias organizaciones habían anunciado que irían a la sede del Congreso a expresar su rechazo al nuevo presidente.
Destacaba la presencia del movimiento #YoSoy132, en cuyo origen está uno de los momentos más bochornosos de Peña Nieto como candidato presidencial cuando tuvo que esconderse en los baños de la Universidad Iberoamericana para protegerse de la inconformidad estudiantil.
Mondragón y Kalb tiene que explicar muchas cosas. Está en la obligación de hacerlo. Primero porque él no fue ajeno al operativo policial, segundo porque es el encargado de la seguridad pública de todo el país.
Aunque la ciudad de México fue el principal escenario de los desmanes en algunas partes del país, algunos de los hechos ocurrieron en zonas “esterilizadas” por la Policía Federal y el EMP.
Por la manera en que ocurrieron los hechos, es posible pensar en una operación planeada y ejecutada para desprestigiar las protestas antiPeña.
Hay material gráfico y grabado que demuestra que los elementos de la Policía Federal desplegados en San Lázaro protegieron a los grupos de choque. También hay evidencia suficiente de quiénes fueron los agresores y en qué momento actuaron en el corredor Reforma-Alameda y la posterior arremetida de la policía del DF.
Durante más de un año, como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Mondragón y Kalb fue el responsable del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4-I4).
Es la oficina más grande de su tipo de América Latina, inaugurada por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard en octubre del año pasado y que está ubicada justamente a un lado de la Cámara de Diputados.
Desde allí, se sabe lo que pasa en la ciudad de México. Cuenta con 180 pantallas en las que se proyectan las imágenes que captan más 10 mil cámaras colocadas en calles, Metro y Metrobús. Las instalaciones federales y estratégicas ubicadas en el DF fueron las primeras en ser cubiertas.
Con 13 mil imágenes por segundo, el C4-I4 tiene información de sobra que el propio Mondragón debe conocer. No es el único, el flamante jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y su secretario de Seguridad Pública, el exprocurador Jesús Rodríguez Almeida, también tienen que dar la cara para dar explicaciones.
El Distrito Federal no es Atenco. Ni 2012, 1971, el año del halconazo. Pero si el gobierno de Mancera y el de Peña Nieto se empeñan en ocultar los hechos, dilatar su esclarecimiento y encarcelar a inocentes, a la lastimada imagen internacional de México por la violencia del narcotráfico, habrá que agregarle la de la represión y la intolerancia política.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
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