Migración
Se incumplen medidas de protección ordenadas por la CIDH
Por: Cecilia Vargas, corresponsal
VillahermosaAnte el incumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 19 de abril y nuevas amenazas de muerte, personal del albergue para migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco, anunció que abandonará su labor.
La CIDH, se explica en un comunicado, otorgó medidas cautelares a favor de fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás personal de “La 72”, y el Estado disponía de 15 días para informar al organismo internacional del cumplimiento de las mismas para garantizar la seguridad del albergue.
Antes, en marzo pasado, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dictó medidas a favor de “La 72”, pero éstas tampoco se cumplieron cabalmente.
Al término del plazo que fijó la CIDH, las autoridades ni siquiera se pusieron en contacto con los activistas, por lo que fray Tomás González envió una carta a la Secretaria de Gobernación para instar al Estado a cumplir con las medidas.
En una nueva reunión entre autoridades y miembros del albergue el pasado 17 de mayo se ratificó el compromiso del Estado de implementar diversas medidas de protección, incluyendo “acompañamientos a fray Tomás González Castillo, para garantizar su integridad tanto en el albergue como en sus traslados”, por parte de la Policía Federal (PF).
La actitud de la PF fue contraria al acuerdo, ya que sin explicación alguna retiró sus patrullas, por lo que fray González Castillo y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las personas migrantes enviaron cartas de extrañamiento.
Se logró que el pasado martes regresara la patrulla de traslados, pero no lo hizo la de presencia permanente y reacción inmediata con la que contaba el albergue desde marzo.
Los compromisos asumidos por el Estado en la reunión del 17 de mayo quedaron asentados por escrito e incluía: luminarias, “botón de pánico”, alarma, cuarto de control del circuito cerrado de televisión, y nuevo sistema de cerraduras.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco aceptaron entregar la lista de averiguaciones previas especificando el estado que guarda cada una de ellas, tanto de agresiones contra defensores como de delitos cometidos contra migrantes.
Ninguno de esos compromisos se cumplió, y en contraste, el pasado 8 de junio el personal de “La 72” recibió una nueva amenaza de muerte de parte de una persona que se acercó al albergue diciendo que “venía por alguien”.
La misma persona advirtió a Rubén Figueroa que dejara de obstaculizar al crimen organizado y que si no, el defensor sería encontrado “embalsamado”.
A raíz de la denuncia, el implicado fue detenido junto con otros tres hombres, todos ellos liberados el pasado 10 de junio, pese a que la PGJE cuenta con información que los vincula a delitos cometidos contra migrantes.
Ante tal situación, parte del equipo del albergue decidió retirarse indefinidamente del lugar al temer por su vida e integridad física tras las nuevas amenazas.
Las organizaciones firmantes del comunicado, entre ellas Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Movimiento Migrante Mesoamericano, deploraron el incumplimiento de las medidas y la persistencia de la impunidad.
Dicha situación, advirtieron, deja aún más vulnerables a las personas migrantes, quienes ya son objeto de brutales actos de violencia que permanecen en la impunidad.
Las y los activistas reiteraron que es imprescindible que el Estado garantice la seguridad del personal y de las y los migrantes albergados en “La 72”.
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