Juzgado en Campeche deja en libertad a presunto feminicida
En
el primer caso de violencia feminicida que se investiga en Campeche
bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor en diciembre
de 2014, el Poder Judicial del estado cometió reiteradas violaciones a
los Derechos Humanos (DH) y a la debida diligencia de la víctima
sobreviviente, quien ahora pide que se anule el proceso penal.
Esta mañana se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Campeche, por la denuncia penal 10/14-2015/JC que interpuso Jeysol Amaya Sánchez, de 32 años, contra su pareja luego de que intentara asesinarla el 30 de enero de 2015.
El día del ataque, que duró hasta la madrugada, la víctima logró escapar de su agresor para solicitar ayuda. El personal médico que la atendió determinó entonces que el ataque con cuchillos le habrían causado múltiples heridas y una hemorragia que la llevó a terapia intensiva.
A más de un año de los hechos, Jeysol –que como signos visibles de la violencia tiene inmovilizadas partes de su cuerpo– narró hoy ante la jueza Ana Concepción Gutiérrez Pereyra (encargada de la etapa en la que se discuten las pruebas), que desde que despertó en el nosocomio se le negó toda asesoría legal sobre su caso.
También relató que la fiscal responsable de su investigación, Ana Silvia Ascencio, no le dio información durante los primeros seis meses del proceso, y rechazó integrar nuevos peritajes, revaloraciones médicas, análisis de los dictámenes de criminalística, y otras pruebas que la sobreviviente pidió para demostrar que su agresor buscaba quitarle la vida.
Aunque el agresor fue detenido casi inmediatamente, el Ministerio Público determinó, con Jeysol ausente, investigar el caso por lesiones calificadas y no por intento de homicidio en razón de género y, como medida cautelar, pidió el encarcelamiento preventivo del atacante.
Sin embargo, la defensa del presunto agresor interpuso recursos legales de los que la víctima tampoco fue notificada para asistir a las audiencias, que derivaron en que su pareja quedara libre sin ser juzgado inocente.
Además, contrario a lo que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Campeche, la ministerial a cargo ofreció a Jeysol que aceptara dinero o conciliara con el agresor.
La sobreviviente también relató de viva voz que durante todo el proceso penal nunca recibió ayuda psicológica o médica, que tuvo que buscar asesoría legal por sus propios medios, y que fue sometida a interrogatorios y audiencias frente a su agresor, sin que nadie le garantizara la no revictimización ni medidas cautelares.
Luego de escuchar este relato en la audiencia de hoy, su defensa legal integrada por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSyG) en Campeche y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pidió que, conforme al Código Nacional de Procedimientos, la jueza en turno admitiera “nulidad de las actuaciones” durante la investigación.
Este recurso, que sugiere la reposición del caso casi desde las primeras etapas, ganaría tiempo para que las abogadas puedan robustecer las pruebas a favor de la sobreviviente, a fin de que en las próximas etapas del juicio no sólo se considere lo que aportó la defensa del agresor y la Fiscalía.
No obstante, la jueza Gutiérrez Pereyra rechazó hoy pronunciarse a favor o en contra de esta anulación, y en su lugar pidió que las litigantes presentaran un escrito formal con su solicitud, y citó a una segunda audiencia para el próximo 25 de febrero.
En caso de no aprobar la nulidad del proceso, el agresor podría quedar libre pagando 180 mil pesos por daño material. En cambio, si el Poder Judicial rectifica, Jeysol podría demostrar tentativa de homicidio con el agravante en razón de género, que daría al atacante una pena mínima de cárcel de ocho años y máxima de 35.
OPERADORES TRADICIONALES
A decir de Ana Yeli Pérez Garrido, abogada experta en Derechos Humanos del OCNF que acompaña el caso, la actuación del Poder Judicial de Campeche fue contraria a la naturaleza del nuevo sistema de justicia acusatorio, que debía erradicar las fallas del sistema de justicia tradicional.
Sin embargo, demostró que en el caso de las mujeres lo que falla es el sistema en conjunto, al no brindarles una defensa adecuada y al violarse la debida diligencia. Lo que en su conjunto constituye la violación sistemática de los DH.
Por su parte, Natalia Paola Punab de la O, del OVSyG de Campeche, otra defensora en este juicio, dijo que el caso de Jeysol fue el primero que recibió el Poder Judicial luego de que en diciembre transitara hacia el nuevo Sistema Penal Acusatorio, y es el primer caso en toda la Península en el que se solicita la nulidad de caso por violaciones al debido proceso y a la debida diligencia.
“El sistema anterior y éste es la confirmación de que los funcionarios que están a cargo de deberes no son personas competentes y cometen omisiones en cada actuar”, observó.
También dijo que la jueza que hoy evadió pronunciarse sobre la nulidad del proceso no dimensionó que ésta era la única oportunidad que había tenido Jeysol de ser escuchada y que confirmó a la víctima que el sistema en realidad opera en su contra.
“Sería la afirmación tácita del estado y una burla del nuevo sistema oral el permitir que por omisiones del MP una persona no tenga derecho a una defensa adecuada ni una sentencia justa… una persona que quiso matarte resulta que es inocente porque no lo logró”, enfatizó.
Las litigantes adelantaron que analizarán la posibilidad de presentar por escrito la petición de nulidad, pero que de cualquier forma interpondrán un amparo para visibilizar el conjunto de fallas en este proceso penal.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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