Veracruz encabeza la lista de más periodistas asesinados en los últimos años desde el 2005 con 16 casos.
lasillarota.com
A punto de que la organización Artículo 19 diera a conocer su
informe sobre periodistas desaparecidos en México, se reportó que
hombres armados se llevaron de su casa a la periodista Anabel Flores que
cubría la fuente policiaca en El Sol de Orizaba en Veracruz, días después su cuerpo vejado se encontró en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla.
Sin tener elementos concretos de investigación, la Fiscalía General
del estado emitió de manera inmediata un comunicado donde supuestamente
se indagaba la relación de la periodista con el crimen organizado. Así,
sin más se descalificaba públicamente a la víctima; días después el
mismo Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, en una entrevista
radiofónica con Denisse Maerker tuvo que reconocer que no contaban con
ningún elemento serio para tal vinculación y que su oficina de
comunicación social se había basado en rumores y comentarios en redes.
Los hechos muestran nítidamente el desprecio de las autoridades por
la vida de periodistas y da toda la razón a la Recomendación 24 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el pasado 8 de
febrero, un día antes que se diera a conocer el asesinato de Anabel
Flores, ambos sucesos opacados por la aplanadora informativa de la
visita del Papa a México.
La recomendación es enfática en marcar la deficiente actuación por
parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las
agresiones en contra de informadores y afirma la preocupación por la
participación, como agresores u obstaculizando una eficaz procuración de
justicia, de servidores públicos que por acción u omisión contribuyen a
generar las agudas condiciones de violencia hacia el gremio. Así que no
solamente el crimen organizado es el responsable de la sistemática
agresión en contra de periodistas y de medios de comunicación y de la
impunidad en la que se mantienen casi todos los casos.
Aún más, la institución reafirma el crecimiento de un clima de
intolerancia ante la crítica y a la libre expresión, cito textual:
“Lamentablemente, en la actualidad han surgido inercias en los aparatos
gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la
crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u
omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión,
mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los
derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta, las
primeras de ellas se dan a través de transgresiones a los derechos de
seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad,
legalidad, propiedad y posesión, las cuales en su mayoría quedan impunes
por omisiones del Estado en la integración de las indagatorias
correspondientes”.
La CNDH es cuidadosa en la redacción, sin embargo, lo que acusa es un
estado creciente de censura, uno de los signos indudables del
autoritarismo que pone en riesgo cualquier democracia.
Asesinatos en aumento
Las cifras que presenta la Recomendación son alarmantes, de 2000 al
31 de enero de 2016 se han registrado el asesinato de 109 periodistas en
el país, en el 2015 se documentaron 12 homicidios, la pésima noticia es
que los ataques en los últimos años van en crecimiento. Este incremento
incluye cada vez más casos de mujeres periodistas objeto de amenazas y
ejecuciones, tan sólo en el 2010 se triplicaron los casos respecto de
2009, a eso hay que agregar el acoso laboral y sexual, las pésimas
condiciones laborales y demás elementos de discriminación por ser mujer.
Si ser periodista en México es una profesión de alto riesgo, ser mujer
periodista lo es por partida doble.
Veracruz encabeza la lista de más periodistas asesinados en los
últimos años desde el 2005 con 16 casos, la cínica declaración de hace
exactamente un año del gobernador Javier Duarte de que en esa entidad la
inseguridad se reduce al “robo de frutsis y pingüinos” contrasta con
los datos duros: Es la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos
del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015. Los altos índices de
delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito son el
marco para la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación,
confirma la CNDH.
Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca son los siguientes estados
con mayor número de crímenes contra periodistas, del 2000 al 2016 el 60
por ciento de los casos se presentan en sus territorios.
Este aterrador panorama tiene como principales responsables a las
agencias del Estado en todos sus niveles, así lo muestra la defensoría
de derechos humanos al dirigir su Recomendación a la Procuradora General
de la República, al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de
Marina, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad De México,
Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia,
Secretarios de Seguridad Pública los estados, Presidentes Municipales y
Jefes Delegacionales de la Ciudad de México.
Todas ellas tienen un grado de responsabilidad ante la ausencia de
políticas públicas para garantizar la libertad de expresión, la
integridad y la vida de quienes realizan una labor indispensable para el
derecho a la información de nuestra sociedad.
Todas ellas por acción o por omisión incumplen el mandato del
artículo 1° de la constitución que obliga a todas las autoridades a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, así como a prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Lo asesinatos de periodistas y la situación de impunidad hacen
responsable al Estado mexicano por graves violaciones a la libertad de
expresión y a los derechos humanos.
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